MURCIA. Las entidades Amigos de Ritsona, Convivir sin racismo, PAREM y Murcia Acoge han registrado una denuncia contra José Ángel Ántelo, presidente provincial de Vox y vicepresidente de la Región de Murcia, y Ruben Martínez Alpañez, diputado de Vox, ante la sección de Delitos de Odio de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma. Consideran que estas personas han cometido hechos constitutivos de un delito contra la dignidad de colectivos vulnerables y/o delito de incitación al odio.
Antelo escribió un tuit el pasado 13 de octubre a propósito de la llegada de inmigrantes argelinos a las costas de la Región. El líder de Vox afirmaba que "la infiltración de yihadista en las patera eleva el riesgo de atentados". El secretario general del PSRM-PSOE, José Vélez, ya pidió al presidente del Gobierno, Fernando López Miras, que lo cesara por estas palabras porque, aducía, suponen vincular a las personas que llegan en patera a las costas de la Región con el terrorismo.
El tuit completo decía así: "Las entradas ilegales en la Región de Murcia continúan. Hoy, cerca de 200 inmigrantes argelinos han llegado a las costas de Cabo de Palos y Monte Cenizas. En estos momentos de especial tensión internacional no podemos obviar que la infiltración de yihadistas en las pateras eleva el riesgo de atentados. ¡Nos jugamos nuestra seguridad! Una nación sin protección en sus fronteras se encamina hacia el colapso. Y todo gracias a la complicidad del Gobierno con las mafias".
Tres días después Alpañez se refirió a la "situación de inseguridad" que se estaba viviendo estos días en Cartagena y afirmaba: "Estamos hablando de mafias, estamos hablando de que la gente que viene de forma ilegal no es gente que viene a ganarse la vida aquí". En su opinión, "las características del inmigrante ilegal no son personas que están buscando refugiarse por razón de religión, orientación sexual. Son personas que están huyendo de sus países porque tienen problemas relacionados con la legalidad y delincuencia". El portavoz de Vox, de hecho, pidió la dimisión del delegado del Gobierno por la gestión de la oleada de pateras.
Las asociaciones que han interpuesto la denuncia señalan que estos delitos "son una de las formas más graves de discriminación contra migrantes, minorías étnicas, personas refugiadas y solicitantes de protección internacional, pues incitan a la discriminación, la hostilidad y atenta contra la dignidad de un colectivo altamente marginalizado y vulnerable".
Asimismo, manifiestan que "las conductas denunciadas entrañan claramente descrédito, humillación y menosprecio de un colectivo vulnerable caracterizado por su origen nacional -extranjero y particularmente, proveniente del norte de África-, así como por su etnia y por su situación administrativa como migrantes en situación de irregularidad".
En el escrito presentado ante la Fiscalía han documentado con detalle, el alcance y la notoriedad pública de las afirmaciones difundidas por parte de los denunciados, que por su contendido y, sobre todo, por el contexto socio-político en el que se vertieron, "son aptas e idóneas para provocar una respuesta de odio y de hostilidad hacia un colectivo ya muy vulnerable y marginalizado socialmente", toda vez que "incluyen calificativos y expresiones de odio transmitidas de forma genérica contra un colectivo específico consistente en las personas migrantes en situación administrativa irregular llegadas a Murcia".
Además, exponen que "los mensajes transcritos no estimulan el debate público, sino que más bien lo emponzoñan, desencadenando un entorno hostil innecesario que atenta contra la dignidad de un colectivo altamente marginalizado y vulnerable, promoviendo estigmas y estereotipos negativos y representando, en suma, una manifestación clara de una intolerancia incompatible con el sistema de valores de la democracia".
"No nos hallamos ante unos comentarios aislados o que se producen en el marco de una riña y en el fragor de una discusión, sino que han sido unos actos y expresiones deliberadas -en un tweet que sigue disponible y no se ha borrado; y en unas declaraciones a medios que el autor ha compartido y visibilizado y reafirmado posteriormente- realizadas contra un grupo de personas identificadas por su condición de migrantes irregulares", añaden.
Por todo ello, solicitan a la Fiscalía que promueva "la apertura de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de las responsabilidades penales que de ellos se puedan derivar, así como ejerza la acción penal ante el órgano judicial competente".
Además de estas cuatro plataformas, dos ministerios, el de Política Territorial (Isabel Rodríguez) y el de Interior (Fernando Grande-Marlaska), estudian enviar a la Fiscalía por si fueran constitutivas de delito las declaraciones realizadas de Antelo y Alpañez, contra la inmigración ilegal, según desveló el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez.