MURCIA (M. P. / EFE). El Gobierno central pone la lupa en las palabras de Vox en la Región de Murcia. Dos ministerios, el de Política Territorial (Isabel Rodríguez) y el de Interior (Fernando Grande-Marlaska), están estudiando enviar a la Fiscalía por si fueran constitutivas de delito las declaraciones realizadas por el líder provincial de Vox y vicepresidente del Gobierno regional, José Ángel Antelo, y el por portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, contra la inmigración ilegal.
De ser así, se darán instrucciones a la Delegación del Gobierno en Murcia para que presente la correspondiente denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, según ha indicado este viernes el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez. Cuatro asociaciones (Amigos de Ritsona, Convivir sin Racismo, Murcia Acoge y PAREM, la Asociación para la ayuda a las personas refugiadas) que trabajan con inmigrantes en la Región ya han anunciado también este viernes que irán a la Fiscalía por presunto delito de odio.
Antelo escribió un tuit el pasado 13 de octubre a propósito de la llegada de inmigrantes argelinos. El líder de Vox en la Región afirmaba que "la infiltración de yihadista en las patera eleva el riesgo de atentados". El secretario general del PSRM-PSOE, José Vélez, ya pidió al presidente del Gobierno, Fernando López Miras, que lo cesara por estas palabras porque, aducía, suponen vincular a las personas que llegan en patera a las costas de la Región con el terrorismo.
Tres días después Alpañez se refirió a la "situación de inseguridad" que se estaba viviendo estos días en Cartagena y afirmaba: "Estamos hablando de mafias, estamos hablando de que la gente que viene de forma ilegal no es gente que viene a ganarse la vida aquí". En su opinión, "las características del inmigrante ilegal no son personas que están buscando refugiarse por razón de religión, orientación sexual. Son personas que están huyendo de sus países porque tienen problemas relacionados con la legalidad y delincuencia". El portavoz de Vox, de hecho, pidió precisamente la dimisión de Jiménez por la gestión de la oleada de pateras.
Jiménez, quien ha presentado este viernes en Cartagena el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos, ha calificado de "muy reprobables y lamentables" las palabras de ambos políticos de Vox, y ha comentado que si hubieran asistido a charlas en los institutos contra la homofobia y la xenofobia "no hubieran hecho esas declaraciones".
Asimismo, ha confirmado la visita a la ciudad de técnicos e inspectores de Ministerio de Interior para inspeccionar el antiguo Hospital Naval como posible Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).
"La política de ayuda humanitaria y de llegada de inmigrantes y de tratamiento a ellos es una política nacional en todas las comunidades autónomas y en todas las provincias", ha recalcado Jiménez, quien ha añadido que "se funciona cumpliendo la Ley de Extranjería y cumpliendo los protocolos que tiene Policía Nacional y las organizaciones no gubernamentales".
Respecto a la misiva que ha mandado la alcaldesa de Cartagena a la propia Delegación del Gobierno y a varios ministerios oponiéndose a la instalación del CETI, Jiménez ha comentado que el actual CATE tiene capacidad para atender a 450 personas.
"Si hay llegadas masivas de inmigrantes, pues es lógico que estemos en condiciones de poder darles una ayuda humanitaria”, ha afirmado Jiménez, quien ha dicho que el Hospital Naval "sigue siendo una opción abierta", pero será el ministerio el que tome la decisión final.
En cuanto al CATE, ha asegurado que "es falso" que se viera desbordado el pasado fin de semana, pues "funcionó perfectamente”. De hecho, ha resaltado que “casi hubo un agente de Policía Nacional destinado por cada inmigrante”.
También ha negado que se estén registrando más llegadas de pateras y que exista un efecto llamada. En este punto, ha detallado que las cifras respecto al año pasado son "similares. "La población tiene que estar tranquila, porque se cumple la normativa", ha concluido
También plantea una consulta sobre la inmigración ilegal