MADRID (EP). El Gobierno ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la creación del Fondo de Impacto Social (FIS), un instrumento financiero incluido en la Adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el que se trata de estimular la economía de impacto y el emprendimiento social.
Según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el FIS se ha incluido en el Real Decreto Ley anticrisis, prorrogado este martes en el Consejo de Ministros, y que incluye, entre otras medidas, los tipos reducidos del IVA en alimentos, como el IVA al 0% en el aceite de oliva, los descuentos del bono social térmico o la prohibición de cortar el agua y energía a consumidores vulnerables.
En concreto, el objetivo del FIS es primar las inversiones que, más allá del retorno financiero, tengan un criterio social y produzcan impacto allí donde se realizan, es decir, que "generen un efecto positivo social o medioambiental que sea intencionado, cuantificable y medible".
Asimismo, ha indicado que va estar abierto a todas las entidades y organizaciones que quieran presentar proyectos, ya sean empresas, start-up, organizaciones sociales, fundaciones, u otros fondos de inversión que ya existen, con el objetivo de atraer recursos privados adicionales a este modelo de economía.
Podrán concurrir proyectos del Laboratorio de Políticas de Inclusión que ya han sido evaluados y que han dado resultados de impacto positivos. Por ejemplo, proyectos relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad o las personas sin hogar, impulso a las microfinanzas para personas en riesgo de inclusión, apoyo al emprendimiento de las mujeres, regeneración medioambiental, ayuda al desarrollo, etc.
El FIS va a canalizar 400 millones de euros a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el plazo para invertir los recursos finaliza en junio de 2026, aunque está concebido como un instrumento autosostenible de duración indefinida. Los rendimientos obtenidos de las inversiones financiadas se reinvertirán en nuevas operaciones en línea con su estrategia y objetivos para seguir apoyando la inversión de impacto en España a largo plazo.
La gestión del fondo ha sido asignada a COFIDES, empresa público-privada especializada en la gestión de fondos públicos; estará adscrito a la Secretaría General de Inclusión y contará con una sólida estructura de gobernanza compuesta por tres niveles. En primer lugar, COFIDES será el responsable de identificar, analizar y estructurar todas las operaciones del Fondo. Como segunda fase, las operaciones propuestas por COFIDES se someterán a valoración de un Panel de Expertos Independientes (PEI), aspecto que resulta novedoso en la gestión de fondos públicos españoles y que está alineado con las mejores prácticas a nivel internacional.
Finalmente, las propuestas que reciban un dictamen positivo del PEI se elevarán a un Comité Interministerial Técnico de Inversiones (CITI), presidido por la secretaria general de Inclusión, para su validación definitiva. Está previsto que empiece a funcionar en el segundo semestre de 2024.
Se tendrán en cuenta diferentes tipos de apoyo financiero. Bien se suscribirán participaciones en Fondos de Inversión ya existentes, se realizarán inversiones directas y cofinanciadas a entidades, o se podrán habilitar préstamos u otros instrumentos financieros. Además, se podrá contar con una Facilidad de Asistencia Técnica que acompañarán a las entidades beneficiarias en aspectos relevantes para el desarrollo de los proyectos.
En financiación indirecta, la inversión de FIS en un fondo o vehículo de inversión concreto estará limitada al 25% del total, salvo en casos justificados en que dicho porcentaje podrá elevarse a un máximo del 49%. En cuanto al importe, el compromiso máximo será de 50 millones de euros. Salvo excepciones, el importe mínimo no podrá ser inferior a 2 millones de euros.
En financiación directa, el importe máximo agregado a invertir en uno o varios proyectos de un mismo promotor estará limitado a 40 millones de euros, siendo el importe mínimo por operación de 300.000 euros, salvo excepciones debido a la singularidad e impacto social de la operación. En acuerdos de coinversión o /cofinanciación, el importe máximo del acuerdo será de 50 millones de euros y el mínimo de 4 millones.