Foto: EPMURCIA. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha dictado una sentencia con fecha 14 de julio de 2.020 por la que anula una sanción impuesta por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) a la mercantil E.A.S., S.L., defendida por el letrado Javier Pérez Pérez, por haber regado en el año 2017 terrenos situados en el Campo de Cartagena con aguas procedentes de la Desaladora de Valdelentisco, condenando al organismo de cuenca al pago de las costas procesales generadas.
En los fundamentos de Derecho de la sentencia se pone de manifiesto que, aunque se carece de título para el aprovechamiento de las aguas de la Desaladora de Valdelentisco, por estar actualmente en fase de adjudicación definitiva sus caudales, lo cierto es que hasta la fecha se han estado "aprovechando tales caudales en base únicamente a Convenios deSSuministro firmados por la Sociedad Estatal Acuamed (antes denominada Acuasegura) con la sancionada y otras muchas entidades del Campo de Cartagena".
Dicha sociedad fue creada con capital público cien por cien y su Consejo de Administración estaba por entonces presidido por el también presidente de la CHS, el socialista José Salvador Fuentes Zorita. Lo que la sentencia viene a poner de relieve, sin entrar en más consideraciones, es que en la instrucción del expediente sancionador se han vulnerado principios básicos del derecho sancionador por no quedar acreditado ni demostrado en debida forma el uso ilegal de caudales públicos procedentes de la Desaladora, pese a que la Comisaría de Aguas conocía perfectamente el origen de las aguas.
Se da la circunstancia de que el comisario de Aguas por aquel entonces, José Carlos González, ordenó a Acuamed la paralización de la planta desaladora, haciendo sus responsables caso omiso a tal orden. Asimismo, los firmantes de dichos Convenios se comprometían a consumir los caudales adquiridos mediante presentación de aval bancario para el caso de que no los consumieran por cualquier razón, a fin de sufragar los gastos fijos de mantenimiento de la planta, puesto que de estar parada la producción de agua sería muy costoso volver a reanudar el suministro.
Finalmente, el precio del agua desalada estuvo inicialmente subvencionado por el Ministerio de Medio Ambiente pese a conocer la situación irregular de la planta desaladora, lo que, según fuentes consultadas, podría constituir una presunta malversación de caudales públicos por parte del ministerio.
La incertidumbre que va a originar esta sentencia es grande puesto que, por un lado, la adjudicación de las concesiones de Valdelentisco está al caer y, por otro, muchas hectáreas regadas con las desaladas y que se queden sin concesión deberán ser desmanteladas, como ya se ha anunciado recientemente por parte de la Consejería de Agricultura. Tal desmantelamiento supondría el pago de cuantiosas inversiones efectuadas por los regantes que en su día firmaron los Convenios de Suministro y que van a quedarse sin caudales.
Cabe recordar que la sociedad estatal Acuamed ha estado involucrada en asuntos en los que dicha entidad ha ejecutado y gestionado obras hidráulicas en otras cuencas hidrográficas, desaladoras incluidas, habiéndose instruido diligencias en su día por parte del juez Fernando Andreu en la Audiencia Nacional.
