CARTAGENA. El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena ha condenado al acusado de agredir a un médico del hospital Santa Lucía a 4 meses de prisión y a indemnizar con 480 euros a la víctima por un delito de atentado.
La resolución declara probado que “sobre las 03.00 horas del día 1 de mayo de 2024 se encontraba en el Hospital Santa Lucía de la localidad de Cartagena junto a unos familiares con motivo del ingreso de uno de ellos. Cuando el médico de urgencias salió para hablar con ellos, con la intención de menoscabar su integridad física, el acusado le dio un puñetazo en el rostro, sufriendo por ello lesiones”.
La condena se produjo después de que el acusado reconociera los hechos en un juicio rápido, por lo que, como establece la ley para el caso de sentencias de conformidad, la pena lleva la rebaja de un tercio.
Los familiares fueron informados directamente por el médico facultativo del deceso, momento en el que se produjo un fuerte y violento altercado de los familiares contra el personal sanitario, teniendo que intervenir en un primer momento personal de seguridad del centro.
También la Policía Nacional envió de forma inmediata varias patrullas de Seguridad Ciudadana, logrando restituir la normalidad en el centro sanitario e iniciándose las primeras gestiones de identificación de los autores de la agresión.
Las posteriores declaraciones de los testigos, así como el visionado de las cámaras de seguridad del hospital Santa Lucía, permitieron a los agentes de la Policía Nacional determinar la identidad de los autores directos de la agresión.
Finalmente, se procedió a la detención de dos varones de nacionalidad española, pasando a disposición judicial el adulto y dando cuenta de los hechos a la Fiscalía de Menores.
Esta agresión motivó una concentración, al día siguiente a las puertas del mismo hospital, de personal sanitario del área de Salud de Cartagena para pedir el fin de esta agresiones, así como más seguridad y penas más duras para los autores.
Fuentes policiales han recordado de la existencia de la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario, incluido en cada Jefatura Superior de Policía Nacional, quien mantiene contactos periódicos con organizaciones representativas del ámbito sanitario para atender las dificultades que observen en cada sector, prestando asesoramiento para prevenir agresiones e indicar medidas de autoprotección al personal sanitario.
Paralelamente, de acuerdo a lo previsto en el Código Penal, se acuerda la suspensión de la pena de prisión impuesta, condicionado a que no delinca por plazo de dos años y a que satisfaga la indemnización impuesta.