MURCIA (EFE). La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado este miércoles a dos años de prisión y multa de 1.440 euros a Ramón F.P., el único imputado por el vertedero ilegal de Abanilla que ha quedado en la causa al haber retirado la Fiscalía la acusación contra otros dos, y un tercero ha quedado exonerado de responsabilidad penal por enfermedad mental.
Por su parte, la empresa que fundó con sus hermanos, Proambiente, ha sido condenada al pago de una multa de 2.190 euros y a indemnizar, con 10,6 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Murcia, y con 2,4 millones a la Generalitat Valenciana, para reparar los daños causados al medio ambiente.
A petición de su defensa, el tribunal ha accedido a dejar en suspenso por 3 años la pena de prisión impuesta a Ramón F.P. a condición de que durante ese tiempo no vuelva a cometer delito alguno. Ese beneficio no está condicionado al pago de las indemnizaciones al estar declarado insolvente.
La sentencia ha sido dictada de conformidad tras reconocer el acusado los hechos, lo mismo que ha admitido el legal representante de la empresa.
En el juicio por el vertedero ilegal de Abanilla, ubicado en una zona que goza de protección medioambiental y en el que, presuntamente, se vertieron de forma incontrolada más de cien mil toneladas de residuos, figuraban como acusados los hermanos Ángel F.P., Ramón F.P. y José F.P.,junto con un familiar, Ángel Javier F.P., así como la empresa fundada por los tres primeros, Proambiente, S.L.
La causa tuvo su origen en la denuncia que Ecologistas en Acción de la Región de Murcia presentó en noviembre de 2010 en el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), en la que alertaban de los trabajos que se realizaban en unos terrenos parte de los cuales estaban declarados Lugar de Interés Comunitario (LIC).
Ecologistas en Acción, el Ayuntamiento de Abanilla y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que estaban personados en la causa, se han adherido a las modificaciones comunicadas hoy por la Fiscalía tras el acuerdo al que han llegado las partes.
La investigación posterior permitió descubrir los hechos que ahora serán sometidos al juicio oral y que, según la Fiscalía, son constitutivos de un delito contra el medio ambiente porque los residuos fueron vertidos directamente al suelo, sin tratamiento previo alguno y sin contar con la necesaria licencia.
Según la acusación estatal, se eliminó la cubierta vegetal del suelo, en algunos casos, de forma irreversible, se extrajeron áridos en la zona LIC sin licencia alguna, se vieron afectadas flora y fauna protegidas y se superó el volumen de vertido de residuos que la empresa tenía autorizado. Y añade que por la forma en que se llevó a cabo la acumulación de residuos de todo tipo se creó el riesgo de contaminación de las aguas superficiales y subterráneas y de emisión de gases a la atmósfera.
