Foto: EPMADRID (EP). La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado al Gobierno liberalizar el sector del transporte en autobús en aquellos trayectos de más de 100 kilómetros, con el objetivo de bajar los precios para los usuarios y aumentar la calidad del servicio.
El organismo regulador ha propuesto esta medida coincidiendo con el anuncio realizado por el Gobierno de que renovará todo el sistema de transporte de viajeros por carretera, si bien el Ejecutivo se ha decantado ya por otro modelo de negocio que evita la apertura a la competencia de la red.
El modelo propuesto por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana apunta al mantenimiento del sistema de concesiones, en el que una única compañía explota en exclusividad las rutas de autobús, el modelo tradicional que se aplica en España.
Por el contrario, la recomendación de la CNMC es liberalizar el sector y que más de una empresa en régimen de competencia explote una misma línea, como ya se hace en la mayor parte de los países europeos como Alemania, Francia e Italia.
Competencia esgrime que los precios han caído un 23% en estos dos primeros países y hasta un 36% en Italia, que el número de líneas ha crecido un 460%, un 340% y un 30%, respectivamente, y el número de pasajeros ha subido 875%, 82% y 36%, respectivamente, desde que se liberalizó el sector en estos países.
No obstante, la recomendación de la CNMC se dirige principalmente a las rutas de más de 100 kilómetros, que tienen mayor flexibilidad para adaptar la oferta a la demanda, asegurando una conexión eficiente en el resto de rutas por parte del sector público.
Los dos principales patronales del sector tienen opiniones diferentes respecto a la posible liberalización. Mientras que la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) apuesta por el modelo concesional, la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) defiende el cambio a la liberalización.
En cualquier caso, independientemente del modelo que se aplique, la CNMC insta a mejorar el diseño de los pliegos de los contratos, con el fin de favorecer la concurrencia empresarial, seleccionar al mejor licitador con arreglo a la mejor combinación de calidad y precio, y reforzar la cooperación interterritorial en el diseño de pliegos.
