MURCIA. La decisión de la Unión Europea de prohibir la venta de vehículos de gasolina y diésel a partir de 2035 es una medida importante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, esta medida también tiene un impacto negativo en las economías domésticas de los ciudadanos europeos.
La UE continúa legislando muy alejada de las necesidades reales de los ciudadanos. Se proponen iniciativas medioambientales siguiendo los criterios del lobby empresarial de turno y de los grupos ecologistas más extremos. Se pretende continuar imponiendo la hoja de ruta de las agendas 2030 y 2050, ajenos a los profundos cambios que la sociedad está experimentando.
La extrema vulnerabilidad europea para hacer frente a las situaciones de crisis no ha servido para rectificar y adaptarse a la nueva situación mundial. Al contrario, parece que estimula una frenética huida hacia delante que distancia cada vez más a los políticos de las necesidades y demandas de la sociedad.
Se implantan nuevas normativas que ignoran la necesidad de contar con medios de locomoción, energía y suministros a precios asequibles. Como consecuencia más inmediata, la brecha entre ricos y pobres se agranda.
Si lo que se pretende es avanzar en la descarbonización, hay que tener en cuenta, entre otros aspectos, el grado de contaminación durante la vida útil del coche eléctrico y del convencional. El proceso de producción de los eléctricos emite más gases a la atmósfera y requiere más cantidad de minerales que los de gasolina. Y aunque en parte, las emisiones se compensan durante su funcionamiento, ya que el eléctrico emite menos, esto no es suficiente como para catalogar a uno más ecológico que otro.
Además, la prohibición de los motores de combustión puede implicar la depreciación del valor de los actuales vehículos, que los nuevos sean más caros y que la industria europea deje de invertir en investigación para conseguir motores de combustión menos contaminantes con la consiguiente pérdida de miles de puestos de trabajo.
Europa transita hacia una transición ecológica injusta basada en la imposición de agendas verdes que discriminan a los ciudadanos en función de su capacidad adquisitiva y nivel retributivo
El coche eléctrico plantea todavía muchas incertidumbres: autonomía insuficiente, ineficiencia y reciclaje de las baterías, encarecimiento de las materias primas, dependencia del exterior para obtención de componentes o problemas en el suministro de energía. ¿La red será capaz de suministrar energía suficiente cuando millones de vehículos estén enchufados a la vez? ¿El coste de las nuevas infraestructuras eléctricas encarecerá el precio del consumo de las familias?
Un coche eléctrico que anualmente recorra 13.000 km, puede llegar a consumir unos 2.700 kWh/año casi (200 Wh/km), lo que supone el 82,5% del consumo eléctrico medio de una familia española (3.272 kWh/año). Suiza, California, Reino Unido, China o Francia ya se están planteando limitaciones a la carga de los vehículos eléctricos ante la insuficiente capacidad de suministro de sus redes eléctricas.
La prohibición de la venta de vehículos convencionales va a suponer un nuevo golpe a las economías más modestas y muchas familias no van a poder afrontar el coste del reemplazo de sus vehículos de combustión interna. Por otra parte, como la fabricación de las baterías está en manos de unos pocos países no europeos se corre el riesgo de desabastecimiento como ya nos ha ocurrido con el gas, el grano o el petróleo.
Europa transita hacia una transición ecológica injusta basada en la imposición de agendas verdes que discriminan a los ciudadanos en función de su capacidad adquisitiva y nivel retributivo. Imponer el vehículo eléctrico sin solucionar previamente las graves carencias que existen, es un lujo para unos pocos que indudablemente pagaremos todos.
Miguel Ángel Cámara Botía
