COAG y UPA defienden la reforma de la ley de Mar Menor "escuchando a los agricultores y sin rebajar la protección"

CARTAGENA (EUROPA PRESS/EFE). Primeras ponencias para el proceso reforma de la Ley del Mar Menor, cuya modificación se debate en la Asamblea Regional. Los primeros expertos en intervenir fueron los agricultores, que expresaron su visión de esta norma autonómica aprobada en 2020. El presidente de COAG y el secretario general de UPA defendieron el cambio de la norma y pidieron que se debe adaptar el texto autonómico a la realidad "sin rebajar la protección del ecosistema". 

Hay que recordar que a principios de mayo la Cámara dio luz verde, con los votos de PP y Vox, a una moción para elaborar entre todos los grupos parlamentarios una proposición de ley que modifique la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor. El Parlamento validó el plan de los populares para conseguir una reforma "de consenso" y evitar así la idea que planteaba su socio, Vox, cuya propuesta fue rechazada en abril con la abstención del PP y la negativa de socialistas y morados. 

El objetivo, tal y como explica el PP, es que comparezcan en la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales todos los actores involucrados en el Mar Menor: las organizaciones agrarias, los ayuntamientos, la comunidad científica, los sectores económicos afectados, las organizaciones ecologistas y los representantes del Ministerio". La finalidad es elaborar una ponencia que recoja "las medidas necesarias y ajustadas a las necesidades reales que permitan la recuperación" de la laguna.

COAG pide sacar la confrontación del debate

Y este viernes fue el turno de COAG y UPA. En palabras recogidas por Europa Press, el presidente de COAG-IR Murcia (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), José Miguel Marín, considera que la ley del Mar Menor se puede "adaptar a la realidad, permitir que los agricultores y ganaderos de la cuenca vertiente del Mar Menor puedan desarrollar su actividad en unas condiciones óptimas", pero que esto se puede hacer sin afectar a la protección del ecosistema.

"Pensamos que rebajar la ley no es sinónimo de bajar el nivel de protección del ecosistema de ninguna manera. Que no se haga demagogia en ese sentido", enfatizó y subrayó que es "fundamental sacar de la confrontación política" este asunto, pues pidió que la demagogia "no sea la compañera de viaje de los análisis que se hagan sobre la propuesta de modificación de la ley".

Durante su intervención, ha recordado que la ley se ha dirigido exclusivamente al sector agrario, pero que después de esta ley "hay una normativa de aplicación importante". Incidió que estas normas son "de obligado cumplimiento y la ley del Mar Menor no puede ignorarla ni pensar que no afecta a agricultores y ganaderos". Por eso, añadió, "razón de más para afirmar que la técnica legislativa de la ley está viciada y pensamos que tenemos que modificarla".

El presidente de COAG en la Región considera que la ley debería tener un desarrollo reglamentario "ágil y que les "permita adaptarse a la norma" que les "vaya acaeciendo en cada momento". Adujo que el malestar existente en el sector por la ley "no es porque estos profesionales tengan interés en hacer las cosas mal, sino que responde a que se ha coaccionado la actividad agraria". Así lo expuso: "Se ha demostrado que el articulado no es eficaz, lo único que hace es limitar la producción y poner en una situación muy difícil a agricultores y ganaderos, en unos casos por inseguridad jurídica y, en otros, por absoluta omisión de determinadas cuestiones que son la realidad del campo".

Asimismo, ha señalado que una de las preocupaciones y retos del sector agrario es "producir alimentos sin contaminar el acuífero". En su opinión, "es una asignatura pendiente que tenemos a día de hoy resuelta, pero si no fuera así, nos han financiado de la fundación biodiversidad un importantísimo estudio", en alusión al proyecto FERTECO que están llevando a cabo y que está dirigido por el CEBAS-CSIC.

Suprimir "rigideces de la ley"

Ante la comisión también ha comparecido el secretario general nacional de UPA, Marcos Alarcón, que ha manifestado que la sociedad "ha identificado al sector agrario como el responsable exclusivo del deterioro del Mar Menor". En palabras recogidas por Efe, la reforma de la ley, opina, "debe ser una "mejora en la que se visibilice que la recuperación y la protección del Mar Menor es una cuestión que nos atañe a todos".

Para él, la modificación de la ley tiene que ser una ley que "no rebaja la ambición de protección, pero tiene que suprimir rigideces que dificultan la aplicación de la ley". El secretario general de UPA criticó que la ley actual se concretara sin escuchar al sector agrario y apuesta "una modificación de la Ley que no conlleve rebajar la ambición de recuperación y protección del Mar Menor".

En su opinión, la Ley de recuperación y protección del Mar Menor "tiene el mismo pecado original que la Política Agraria Común (PAC) 2023-27". Así, considera que "se ha elaborado sin escuchar al sector, sin tener en cuenta su experiencia y su conocimiento, generando un problema de desconexión entre legislador y administrado".

Alarcón reseñó "importantes deficiencias técnicas" detectadas en la ley al usar "una técnica legislativa poco frecuente". A su parecer, "el articulado amarra mucho”, provocando "rigideces" que impiden su actualización. En su opinión, la ley está "desfasada" porque "existe nueva normativa europea y nacional que es imposible actualizar debido a la rigidez de la técnica legislativa empleada".

Además, ha apuntado que el título de la ley "no es coherente con el contenido, ni con el articulado" pues "es una ley de ordenación de la actividad agraria en la cuenca vertiente del Mar Menor más que una ley de recuperación y protección".

El líder agrario de UPA lamentó que el sector agrario y ganadero haya sido el “chivo expiatorio" de la Ley para justificar el deterioro de la laguna, haciendo que el resto de sectores se hayan "inhibido de sus responsabilidades", y ha recordado que "el boom agrario en el Campo de Cartagena ha coincidido con el boom residencial y turístico en el litoral del Mar Menor, que alguna huella ambiental habrá dejado".

Por ello, ha pedido a los grupos parlamentarios que ayuden a "amortiguar la sensación que hay en la ciudadanía de que toda la culpa es del agricultor", reprochando a sus señorías que no aprobaran la moratoria urbanística "para que la ciudadanía entendiera que también otras actividades están contribuyendo al deterioro del Mar Menor".

Alarcón también resaltó el "enorme esfuerzo de adaptación" que está haciendo el sector agrario, pero ha advertido que solo asumirá la parte de responsabilidad que le corresponde, mientras el resto de sectores que han contribuido a la degradación de la laguna "se van de rositas".

A su vez, ha apostado por una modificación de la ley que "sea visibilizada como una mejora en la que la recuperación y la protección del Mar Menor". "Tiene que ser una modificación para no rebajar la ambición de protección y que cuente con un esfuerzo de pedagogía de cara a la ciudadanía", ha especificado.

En este punto, ha pedido que también se escuche a los colectivos vecinales, ecologistas y todo aquellos relacionados con el Mar Menor, haciendo hincapié en contar con la comunidad científica, los técnicos más cualificados y con la experiencia de campo de eficacia demostrada.

Por ello, ha instado a alcanzar "un amplísimo consenso social y un amplísimo consenso parlamentario". A los políticos les ha pedido, expresamente, que si finalmente se modifica la Ley "no nos engañen". "Escúchennos y no nos hagan falsas promesas", ha agregado.

Otro aspecto que ha comentado Alarcón es el incremento de costes que tienen que soportar los agricultores por tener que contratar con la Administración servicios contemplados en la Ley.

Esto supone "un mayor riesgo de desaparición de la agricultura familiar, que no puede asumir las cuantías económicas de tanta carga administrativa", llevándolas al abandono de la explotación y a arrendar las tierras "a precios devaluados a las grandes compañías, que sí pueden hacer frente a esos gastos", ha relatado.

Finalmente, ha indicado que el documento conjunto que COAG, Asaja, UPA, Fecoam y Proexport van a presentar a los grupos parlamentarios sobre la reforma del ley es "una actualización del que se presentó en 2022", e incluye propuestas "sólidas y con solvencia técnica" basadas en el conocimiento científico y en la experiencia.