Los rectores de la UPCT y de la UMU, Beatriz Miguel y José Luján. Foto: UPCTCARTAGENA. Estaba tan contento el Aparecido con su recién publicado Pasico sobre la reforma laboral, elogiado por tirios y troyanos como equilibrado y poco partidista, cuando al día siguiente, domingo, empezó a recibir llamadas telefónicas poco, por no decir nada, elogiosas. Provenían de altas fuentes universitarias de varias regiones españolas. Las preguntas eran del tono siguiente: ¿Cómo has dicho que la reforma es pasable, tú, que has estado de rector en dos universidades? ¿Pero cómo puedes decir esas cosas, tú, que has dirigido varios proyectos de investigación? Pero bueno, ¿tú no decías que eras partidario de apoyar la colaboración entre las universidades y las empresas en proyectos de investigación e innovación?
Perplejo, el Aparecido se interesó por el motivo de la inquietud y la respuesta que obtuvo fue sumamente clarificadora: "Has dicho que el decreto de reforma usa cinco veces la palabra "derogación"; pues bien en una de esas ocasiones lo que se derogan son los contratos de investigadores subvencionados por los correspondientes fondos públicos de investigación o con el dinero aportado por la empresa colaboradora".
"El decreto contiene una cláusula derogatoria que incluye a todos los tipos de contratos temporales, o por obra y servicio, previstos en la ley de la Ciencia y en la de Universidades"
La verdad es que al Aparecido le había llamado la atención que el decreto derogara todas las formas de contratación por obra y servicio, así como restringía extraordinariamente los contratos temporales. Consciente de que buena parte de los jóvenes investigadores españoles están acogidos a ese tipo de contratos, pensó que era un despiste de los redactores del decreto, que corregirían tan pronto se percatasen de las demoledoras consecuencias que eso tendría para el sistema español de investigación en general, y pare el universitario en particular. Pensó que el ministro de universidades, Subirats, recomendado por Colau, la alcaldesa de Barcelona, acababa de tomar posesión y no había tenido tiempo de analizar el dichoso decreto. Además, como separatista de rancio abolengo, bastante tenía el hombre con defender su propuesta de celebrar un referéndum en Cataluña para "reformar la estructura territorial del Estado". Con esa alta misión en mente, ¿cómo iba a fijar su atención en cosas menudas, casi triviales, como los contratos de los investigadores universitarios españoles? Bastaría con anunciar, debió de pensar Subirats, que iba a culminar la ley de universidades de Castells, que había tenido la rara virtud de poner en su contra a la vez a estudiantes, profesores y rectores, y cuyo mayor éxito fue, con envidiable cintura y talante negociador, retirarla de la circulación una vez recibidas las críticas. Y en cuanto a la ministra de ciencia, Morant, antigua alcaldesa de Gandía, todo el mundo está a la espera de que adopte alguna iniciativa concreta y no parecía la reforma laboral el mejor asunto para estrenarse.
Lo dicho: ante la ausencia de los responsables superiores de los ministerios más directamente afectados, esto es, el de Universidades y el de Ciencia, lamentablemente separados para hacer sitio a todas las cuotas, el Aparecido imaginó que los aguerridos sindicalistas y los atrevidos empresarios que, bajo la batuta de la ministra Díaz, habían acordado el contenido de ese decreto no habían prestado mucha atención a las posibles consecuencias de su contenido para el mundillo universitario, siempre tan endogámico. Y, en esas condiciones, el decreto sería convenientemente modificado a su paso por el Congreso en cuanto algún grupo parlamentario, por ejemplo, Ciudadanos, lo sugiriese a cambio de votar a favor. Habría sido un gran favor a la estabilidad de las investigaciones en nuestras universidades.
Sin embargo, el Aparecido, una vez más, estaba equivocado. No había habido tal imprevisión o falta de diligencia, sino todo lo contrario. El decreto contiene una cláusula derogatoria que incluye a todos los tipos de contratos temporales, o por obra y servicio, previstos en la ley de la Ciencia y en la de Universidades. De hecho, se daba un plazo de entre tres y seis meses para trasformar ese tipo de contratos en algunos de los superviviente tras la criba que el decreto supone.
"¿Hay alguna cantidad para hacer fijos a miles de investigadores en todas las universidades en el plazo de seis meses?"
O sea, señoras y señores, nada de olvido, ni de negligencia: pensado y pensado a fondo. Pesquisas posteriores urgentes permitieron al Aparecido averiguar que, entre los asesores de los sindicatos en ese acuerdo, figuraban nada menos que tres profesores de la universidad Autónoma de Madrid, junto con algunos más de otras universidades. Esas personas sabían perfectamente que buena parte de los contratos adjudicados a investigadores y financiados con fondos de proyectos de investigación son precisamente de obra y servicio. Es decir, duran lo que dure el proyecto de investigación. En algunas modalidades de beca, como algunas de las denominadas Marie Curie, se autoriza incluso que el investigador que la obtiene se autocontrate por obra y servicio. Pues bueno, en apariencia todo ese personal tendrá que ser contratado como laboral fijo en un plazo máximo de seis meses.
Y ahora viene la primera pregunta que se le viene a un rector a la mente cuando lee todo eso. Es la misma que se formuló un famoso catalán fascinado ante la iluminación nocturna de Nueva York: oiga, ¿y todo esto quién lo paga? ¿Hay alguna cantidad para hacer fijos a miles de investigadores españoles en todas las universidades españolas en el plazo de seis meses? En el decreto, no. ¿Implica eso que, si no llegan los fondos, los investigadores se quedarán sin contratos? Todavía peor, suponiendo que alguien articule alguna solución provisional para los ya contratados, ¿quiere decir que en el futuro ninguna universidad española podrá contratar por obra y servicio a nadie para completar un proyecto de investigación? ¿Cómo piensan las autoridades mantener el alto nivel de investigación que, con escasos recursos, están logrando la mayoría de las universidades españolas?
Al parecer nadie ha contado con la CRUE a la hora de plasmar esa disposición para eliminar los tipos más frecuentes de contratos de investigación a personas en nuestras universidades. El desconcierto reina en esos ambientes en estos momentos. La consejería regional competente en Universidades, a pesar de los buenos conocimientos y mejor disposición de su director regional de Universidades, Christian de la Fe, no ha sabido dar respuesta a las preguntas provenientes de la Universidad de Murcia y la UPCT, cuyo vicerrector Luis Javier Lozano, que conoce a fondo la regulación universitario está tratando esforzadamente de orientarse antes de que la situación derive en caos. El rector de Murcia, José Luján, que lo ha hecho también que, por ahora no ha aparecido nadie que le dispute el cargo en las inminentes elecciones, está estudiando a fondo el tema, que no en vano es catedrático del Derecho del Trabajo. En Andalucía, la directora general, Rosa Ríos, antigua alumna del Aparecido, no sabe tampoco cómo evolucionará el asunto. El temor a que el Ministerio invite y las comunidades autónomas paguen se extiende suavemente. Un sordo clamor, mezcla de expectativa y temor, se está elevando desde el mundillo universitario. Al Aparecido lo han llamado y él lo ha avisado sin tardanza.
JR Medina Precioso
