Ciudadanos de primera y de segunda

MURCIA. Me había propuesto no escribir durante un tiempo, para –en parte- ayudarnos todos un poco a desintoxicarnos de la cantidad de información, repetitiva y cansina, en la que hemos caído, y a lo que los aprendices de escribidores (como yo) hemos contribuido de alguna u otra forma.

Por eso es por lo que, desde hace más de un mes, no he colgado ni un solo comentario en los habituales ‘muros’ en los que publico mis ocurrencias. Y pienso seguir haciéndolo; espaciando mis artículos de opinión y tratando de no incrementar la presión mediática con algunas de las lindezas que se me puedan ocurrir… y, con ello, contribuir y esperar a ver si escampa.

Para romper este confinamiento voluntario he elegido un tema que –les prometo- no tiene nada que ver con la covid, aunque sí que es el motivo (¡cómo no!) por el cual ha saltado esta noticia que a continuación les comento.

"Esto solo tiene un nombre: discriminación… ¡y esto lo está haciendo la propia Administración!"

El Gobierno de la nación ha aprobado una normativa por la que se les reconoce, a los empleados sanitarios y socio sanitarios, la calificación de enfermedad profesional para el caso de ser contagiados por el dichoso virus. Hasta ahora esta calificación era la de accidente laboral y la diferencia (en favor de estos profesionales) es que el grado de cobertura –a partir de ahora- será permanente, durante toda la vida, mientras que, para el caso de accidente laboral, tan solo se cubre de manera parcial, en tanto dure la pandemia.

Una buena noticia y una reivindicación insistentemente demandada por los profesionales sanitarios, quienes –una vez más- están dando muestras de su magnífica gestión y el alto grado de profesionalidad y altruismo, que han demostrado desde el principio de este proceso. Una actitud de servicio y entrega que –desgraciadamente- no ha sido debidamente correspondida, pudiendo comprobar cómo, en la primera ola, se les ha maltratado y privado de los elementos más indispensables con los que hacer frente a esta pandemia, lo que les ha llevado a sufrir el porcentaje de bajas más importante de los que se produjeron en los países del entorno de la Unión Europea.

La publicación de esta normativa no deja de ser un elemento positivo en todo este maremágnum de noticias, trufadas de componentes más bien negativos, y sobre las que –a diario- nos desayunamos a la fuerza. Pero, ¡ay!, ¿por qué será que no todo es uva (esto es mío) en la viña del señor? Una vez, más la máquina administrativa del Estado se convierte en un instrumento autómata, sin sentimientos ni perspectiva alguna que le permita calificar el contenido de la ingente normativa legal que, como si de un extractor se tratara, vomita diariamente el Boletín Oficial del Estado.

Y esto es así, tal cual, cuando comprobamos que el decreto aprobado por el Gobierno incluye como beneficiarios de esta mejora –como ya se ha dicho- a todo el personal sanitario y asimilado, “…excepto aquellos profesionales (limpieza, auxiliares, conductores y personal de ambulancias… si están empleados por una empresa subcontratada”.

¡Toma ya, castañas pilongas! De nuevo la cicatería propia de un Gobierno falto de sensibilidad lo pone frente al espejo para comprobar su cara más triste (y dura) y, si tuvieran un mínimo de decencia, nos deberían explicar su decisión, tras la cual han segmentado a una parte de la sociedad, y los han diferenciado en ciudadanos de primera y de segunda.

Parece casi imposible que determinadas decisiones, que afectan al bienestar de los ciudadanos, sean objeto de una discriminación dependiendo de la situación laboral en la que te encuentres. Sobre todo, si se trata de una prestación social de carácter general y cuyos destinatarios son ciudadanos que están en primera línea de choque, frente a una endiablada enfermedad que nos está esquilmando, tanto física como económicamente.

Si tienes la suerte de ser un empleado público y te toca el ‘bicho’, el Estado te reconoce unos derecho… pero si tienes, al parecer, la desdicha de trabajar para una empresa privada… entonces te jodes. O lo que es lo mismo, un empleado de la limpieza de un hospital (más expuesto al contagio, imposible) que pertenezca a una empresa subcontratada (lo que es algo normal en la actualidad) no tendría derecho a esta prestación, pero si dependiera laboralmente de la administración, entonces sí que estaría cubierto. ¿No les parece una pu...da?... Esto solo tiene un nombre: discriminación… ¡y esto lo está haciendo la propia Administración!

A tiempo están, nuestros gobernantes, de recapacitar y rectificar. Si precisan incrementar la partida presupuestaria correspondiente para hacer frente a esta contingencia quizá podrían mirar dentro de su propia casa y prescindir de algunos de los muchos privilegios con los que la clase política se ha dotado.

Es cuestión de que unos cuantos dispongan de algo menos para que otros muchos puedan tener más. Así no se desequilibraría la balanza económica y, hasta se haría un ejercicio de transparencia del que tan necesitado están nuestros políticos.

Mientras tanto, como he dicho antes, ciudadanos de primera y de segunda.