MURCIA. Cuando a las dos de la tarde de este jueves 2 de julio finalizaba el plazo de presentación de ofertas para el concurso de adjudicación de la televisión autonómica (7RM), finalmente han sido cinco los grupos interesados. A los ya anunciados Grupo Secuoya (CBM) y Audivisuales Tcero (grupo Zambudio), se han incorporado Promecal Audiovisuales, Now Audiovisual y una UTE formada por Bainet (productora de Karlos Arguiñano), junto a NRD y Eurocomunicación e Intercom.
Por orden de presentación, son los siguientes:
Este grupo es propiedad de Antonio Méndez Pozo, quién fuera amigo de José María Aznar y uno de los primeros constructores condenados por corrupción política, cuenta en su haber con doce periódicos, la mayoría en Castilla y León además de Castilla-La Mancha y La Rioja. Los fue adquiriendo paulatinamente desde la cabecera Diario de Burgos y Diario Palentino, dos de los decanos de la prensa española.
Cuenta también con siete televisiones locales en Castilla y León y controla la televisión autonómica en esta comunidad; además de ser el propietario de cuatro frecuencias en Castilla y León que emiten bajo la enseña de Onda Cero (Mediapro). Asimismo controla Navarra Televisión.
El Grupo Zambudio es su principal referente que, tras adquirir la mayor parte de las acciones de GTM (primer adjudicatario de la televisión regional), se alió con Mediapro para darle mayor solvencia al proyecto. Junto a otros negocios agrícolas, inmobiliarios y de comercio, Grupo Zambudio posee dos diarios digitales y al menos una revista de información social. Ha sido uno de los principales suministradores de producción de Secuoya para la actual televisión regional hasta que por desavenencias con la dirección se rescindieron los contratos. Su principal baza, junto a la alianza con Mediapro es la experiencia acumulada de más de 25 años como responsable de Televisión Murciana, la única televisión privada que junto a Popular TV y Canal 8 'sobrevive' a las licencias de emisión en la 'era digital'.
Empresa con sede en Madrid dedicada también a la producción, realización y distribución de cine y televisión. Tras Now Audiovisual se encuentra la empresa editora del periódico Heraldo de Aragón (Henneeo) y el grupo Lavinia.
El grupo Secuoya es la actual adjudicataria del servicio público. Presidido por Raúl Berdonés, cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Está especializado en diversas áreas de comunicación: periodismo, marketing, gestión y producción. Además, presta servicios de consultoría en medios técnicos a través de B&S Ingeniería, Mantenimiento y Tecnología; con la creación de Wikono, para la gestión de coberturas de noticias en exteriores; y con la creación de la productora de contenido low cost y branded content, Enminúscula. En televisión posee el canal Ten y es el encargado de gestionar el canal autonómico de Murcia. En la propuesta aparecen medio centenar de productoras independientes de la Región.
Esta UTE llega a Murcia de la mano del empresario local Joaquín Dólera y la componen la productora Bainet, cuya cara más visible es el popular y televisivo cocinero Karlos Arguiñano; también NRD, que ha prestado servicios a televisiones autonómicas como la Valenciana y TVE y a numerosos congresos y eventos internacionales. Eurocomunicación, tercera empresa de la UTE, es de origen murciano y cuenta con delegación en Madrid. Está especializada en la creación, producción y distribución de contenido audiovisual y una agencia especializada en transformación digital y nuevas formas de comunicación y marketing. Por último, Intercom, productora murciana.
El proceso de renovación de la adjudicación de la televisión autonómica debía haberse celebrado hace varios meses. Sin embargo, supuestos problemas administrativos han retrasado el concurso. En los últimos meses, además, se han producido diversos enfrentamientos entre TCero Estudios (Televisión Murciana - Zambudio) y el Grupo Secuoya, que comenzaron hace año y medio. Y es que TCero llegó a presentar una denuncia ante el Servicio Regional de Defensa de la Competencia de Murcia contra CBM por presunta competencia desleal.
La denuncia se enmarcaba en la licitación del concurso por un presunto abuso de posición de dominio, prohibido en el artículo 2 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia.
Según argumentó TCero, "las pruebas documentales aportadas demostrarían que CBM estaba firmando sistemáticamente acuerdos de colaboración con varios trabajadores y empresas productoras de contenidos audiovisuales de la Región, a los que obligaba a aceptar cláusulas de exclusividad y confidencialidad", aprovechando la posición de dominio que tiene al ser el gestor de 7 TV. De esta manera, el Grupo Secuoya impediría que otras empresas pudieran optar al concurso en igualdad de condiciones.
Así, TCero defiende que esta táctica es ilícita, considerando la posición de dominio de CBM, y privaría a los ciudadanos de la Región de Murcia, "con cuyos impuestos se sufraga la televisión autonómica", de la posibilidad de que otro proyecto mejor resultara adjudicatario de la concesión de 7 TV.
Fuentes de CBM señalaron a Murcia Plaza que todos los contratos que los posibles licitantes alcanzan de cara al concurso de la concesión de la televisión pública, "son respetables". "Nosotros respetamos los acuerdos alcanzados por Juan Francisco Zambudio con GTM como los que ha alcanzado con Jaume Roures y Mediapro, los cuales se han hecho públicos".
Sin embargo, apuntan, su apuesta es continuar trabajando con los productores audiovisuales de la Región de Murcia, más de 50, "que son nuestros socios desde que estamos gestionando la televisión autonómica y nuestro deseo es que sigan siendo en la siguiente etapa nuestros compañeros de viaje".
Así, sostienen que es una competencia "completamente lícita, no hay nada de desleal. Tan lícitos son los acuerdos que ellos han alcanzado como los nuestros. La diferencia es que nosotros hemos apostado por los productores regionales, sobre todo pymes y pequeñas empresas".
Antonio Verabril, director de Verabril Comunicación y presidente de Apromur, la asociación de productores de la Región, de la que precisamente es vicepresidente Juan Francisco Zambudio, presidente de TCero Estudios, manifiesta su pesar porque en el sector audiovisual regional exista un conflicto que "nos afecta a todos". "Es una pena porque somos un sector pequeño y la concesión también lo es, por lo que nos convendría estar unidos y remar en la misma dirección", explica.
En la actualidad, él colabora con la televisión autonómica en la realización del programa 'Quedate Conmigo' y asegura que "nunca me han coaccionado para hacer nada" aunque no obstante Zambudio "puede defender sus derechos hasta donde considere".
Otros productores también apuntan a que Secuoya se ha dedicado a unir al sector y dar trabajo a empresas pequeñas de la Región. Así, mientras TCero Estudios estaba negociando con empresas grandes como MediaPro o GTM, Secuoya lo estaba haciendo con pequeñas productoras de la Región, sostiene Pedro del Vas, director de Comarcal Televisión de Lorca. "Llevamos cinco años trabajando con ellos a diario y nuestra valoración es positiva. A mí no me han coaccionado. Secuoya no nos ha exigido exclusividad pero sí que quieren un compromiso por nuestra parte. Es lo lógico", asegura.
En el sector tampoco gustaron las palabras de Miguel Cardenal, director de Desarrollo de Mediapro, cuando en la presentación del acuerdo con TCero para concurrir juntos al concurso de la televisión autonómica señaló que Mediapro no tiene la costumbre de hacer subcontratas con otras productoras, "sino que donde vamos trabajamos nosotros con nuestra gente y los contenidos los producimos nosotros". Es decir, que en principio las productoras regionales se quedarían sin muchos de los contenidos que ahora realizan.
Además de la denuncia presentada en Competencia, TCero ha solicitado a la Consejería de Presidencia y Hacienda, que es el órgano contratante, el cese cautelar de la supuesta conducta prohibida y la eliminación de la cláusula de exclusividad en los acuerdos de colaboración que CBM.
La presunta infracción que ha sido objeto de denuncia puede comportar sanciones de multa de hasta un 10% del volumen de negocios total correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa, o, alternativamente, hasta de diez millones de euros.