CARTAGENA. Unos 150 coches han protestado en manifestación por las calles de Cartagena contra la nueva ley educativa convocados por la Plataforma Mas Plurales con el apoyo del PP y Vox, que suscriben las críticas en lo que toca a la educación privada concertada y especial y a la elección de centro.
En el recorrido entre la plaza Baden Powell y la de España, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y de Alumnos de la Región de Murcia, Alberto González-Costea, ha dicho a Efe que otro de los aspectos de la ley a los que se les está prestando menos atención es que "permite el fracaso escolar, aprobar sin límite de suspensos". "Estoy seguro de que muchísimos padres de la educación pública no quieren que pase por ahí la de un futuro, de una generación, de un país, y de que fomentará que nadie se esfuerce y entre los alumnos, una desidia y una dejadez que no creo que sean positivas para nadie", ha dicho.
La ley dice que los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas. Repetir será excepcional y el alumno solo podrá hacerlo dos veces como máximo a lo largo de primaria y secundaria. Ha opinado que hoy los padres eligen voluntariamente para sus hijos centros de educación especial que esta ley "va a hacer que en unos años desaparezcan, lo que es muy grave" y les preocupa. La Lomloe establece que en diez años los centros ordinarios deberán tener recursos para la atención del alumnado con discapacidad y que las administraciones públicas prestarán apoyo a los de educación especial para el que la requiere muy especializada.
No obstante, la principal crítica de los manifestantes se centra en que "ataca principalmente a los concertados y a los religiosos y no beneficia a ninguna familia ni a quienes vayan a tener hijos" una ley contra la que expresan su "total rechazo" que está "hecha a destiempo, en plena pandemia y sin ningún consenso con la sociedad ni la comunidad educativa para un ataque gravísimo a la educación". "Con esta ley, es el Estado el que decide el centro al que deben ir nuestros hijos, lo que vulnera el derecho constitucional a la libre elección de cada familia. Ya dijo en enero la ministra de Educación, Isabel Celáa, que no podemos pensar de ninguna modo que los hijos no son de los padres, lo que demuestra que el Estado quiere apropiarse de ellos", según sus palabras.
La ley Celáa elimina la demanda social para la oferta concertada y establece que las administraciones regularán la admisión de alumnos en públicos y privados concertados para garantizar el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales. En esa regulación se dispondrán medidas para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos o de otra naturaleza y en todo caso se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
El PP demanda una "ley más consensuada"
El Partido Popular ha demandado este domingo una ley educativa "consensuada con la sociedad civil, la comunidad educativa y los partidos políticos" y que "premie la libertad de las familias, no que la castigue" como hace la recién aprobada 'Ley Celaá', según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.
De este modo, el PP de Cartagena se ha sumado este domingo a la manifestación convocada por 'Más Plurales' en rechazo a la LOMLOE que ha congregado a familias, profesores y a la sociedad cartagenera. La vicealcaldesa de Cartagena del PP, Noelia Arroyo, ha alertado que la ley aprobada por PSOE-Podemos "manda un mensaje muy peligroso" a los jóvenes al permitir "avanzar con el suspenso" y de esta forma se "avanza hacia el fracaso".
Esto contrasta, como ha indicado la vicealcaldesa, con lo que se defiende desde el PP, "una educación de calidad, en igualdad de oportunidades y basada en la cultura de excelencia en la que se prime el esfuerzo de nuestros jóvenes". Además, Arroyo ha recalcado que la LOMLOE es una ley que "nace sin consenso y es perjudicial e injusta porque priva a las familias de elegir al centro el centro que quieren educar a sus hijos".