CARTAGENA. Hace 18 años que se firmaba protocolo inicial para la remodelación de la red ferroviaria de Cartagena, a la vez que se creaba la Sociedad Cartagena Alta Velocidad, con el objetivo de facilitar la colaboración en la ordenación ferroviaria y urbanística de la ciudad. Desde 2006 hemos asistido a una relación interminable de manifestaciones ciudadanas, encuentros, propuestas, discursos y promesas que no han avanzado en el fondo de la cuestión o si lo han hecho ha sido de manera tangencial y poco relevante.
Las actuaciones tienen como propósito avanzar en la ejecución de la integración del ferrocarril en Cartagena, con el objetivo común para las partes de mejorar la funcionalidad ferroviaria pero también en el ámbito urbano. Entre ellas está mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida de la población mejorando la permeabilidad peatonal y rodada a lo largo de la traza ferroviaria contribuyendo a la llegada de la alta velocidad a Cartagena.
Hasta octubre de 2024, la comunicación de Cartagena por tren con el resto de España y, por tanto, de Europa ha ido decreciendo, hasta el punto de convertirse casi en una ‘isla ferroviaria’ que le hace perder todo impulso económico, industrial, turístico y financiero con el resto de ciudades de su entorno.
Uno de los problemas más señalados es la falta de voluntad política para priorizar el proyecto. A pesar de la presión de unas administraciones a otras, o de colectivos sociales de Cartagena principal motor de las reivindicaciones para sacar a la ciudad del ostracismo en materia de comunicaciones, las decisiones sobre licitaciones y la ejecución de obras han sido postergadas en varias ocasiones. Por otro lado, la complejidad técnica del trazado ferroviario ha causado múltiples contratiempos.
A ello hay que añadir, que la gestión del proyecto ha enfrentado dificultades por la falta de coordinación entre el Gobierno central, la Comunidad Autónoma de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena. El Consejo de Administración de Alta Velocidad, encargado de la supervisión del proyecto parece más un tablero donde los partidos dirimen sus problemas políticos que un organismo que coordine, gestione y agilice los procedimientos, lo que ha causado un retraso en la aprobación de decisiones clave.
Por último, un problema que ha puesto sobre la mesa la propia Alcaldesa de Cartagena: la demora en la toma de decisiones está poniendo en riesgo la obtención de fondos europeos, que son cruciales para financiar una parte significativa de las obras. Si los fondos no se gestionan a tiempo, tanto la administración local como la regional se verían obligadas a asumir costes que no pueden cubrir. "La falta de agilidad en las decisiones puede provocar que Cartagena se quede fuera de los fondos europeos, lo que sería un golpe muy duro para nuestras finanzas. Ya hemos perdido 18 meses cruciales, y si no se agilizan las obras, la ciudad tendrá que asumir unos costes que no puede permitirse", ha advertido.
En marzo de 2023 se firmó un nuevo Protocolo de colaboración entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Gobierno de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Cartagena y Adif para avanzar en la integración del ferrocarril en la ciudad de Cartagena, reemplazando un protocolo anterior firmado en 2006 que ya estaba extinguido, en el que se indicaban las cantidades a aportar por cada administración. A finales de año, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena aprobó un préstamo participativo a suscribir con los accionistas de Cartagena Alta Velocidad S. A. para financiar la redacción de los proyectos y la elaboración de los estudios para las obras de la integración de la Alta Velocidad en la ciudad. Recordemos que, junto con el Consistorio, los accionistas son Adif, Región de Murcia y Adif Alta Velocidad. Entre todos deben a aportar 7.450.911,10 euros entre los años 2024, 2025 y 2026. De este dinero el Ayuntamiento de Cartagena pondrá el 25%: 1.895.984,62 euros. La Comunidad Autónoma otro 25%. Adif un 10% y el 40% restante Adif Alta Velocidad.
A pesar de haber sido aprobado el protocolo – que fue una declaración de intenciones, sin obligaciones jurídicas vinculantes para las partes, permitiendo a los firmantes buscar otros canales de colaboración-, la Alcaldesa afirma ahora que los gastos de la Alta Velocidad ferroviaria de Cartagena aprobados en el protocolo es “desproporcionada e injusta”, por lo que Noelia Arroyo, solicitará al secretario de Estado de Transporte reducir la contribución municipal en los costes y asegurar que el proyecto mantenga la financiación europea. Arroyo también pedirá acelerar todos los procedimientos de contratación de obras, esenciales para evitar la pérdida de fondos.
Estas demandas se presentarán en la reunión de la Sociedad Cartagena Alta Velocidad prevista para la próxima semana. Cartagena no está dispuesta a cargar con un 25% de los costes iniciales establecidos en el convenio, algo que Arroyo considera "injusto y discriminatorio". Además, ha subrayado que no es aceptable que la ciudad, tras años de espera, acabe pagando más por una obra que debería haberse ejecutado mucho antes. “No podemos permitir que la falta de agilidad administrativa condene a Cartagena a quedarse atrás en las inversiones, y mucho menos a tener que asumir mayores costes”, ha añadido.
Cartagena se encuentra en una encrucijada crítica en la que las demoras y la falta de agilidad administrativa amenazan no solo con dejar a la ciudad al margen de las inversiones ferroviarias, sino también con perder los cruciales fondos europeos para la llegada del AVE. Tras años de espera y promesas incumplidas, las autoridades locales, encabezadas por la alcaldesa Noelia Arroyo, han dejado claro que no están dispuestas a asumir un coste desproporcionado ni a permitir que la ciudad siga aislada.
