CARTAGENA. El Ayuntamiento de Cartagena cifra en 6,5 millones de euros el agujero que supone para las arcas municipales la inconstitucionalidad y nulidad, declarada por el Tribunal Constitucional, de los artículos relativos al cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor (plusvalía) de los terrenos de naturaleza urbana, un tributo que recaudan los ayuntamientos y cuya regulación se incluye en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Por ello, va a solicitar al Estado una compensación para corregir el déficit en las cuentas presupuestarias en su capítulo de ingresos. Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, explicaba que será a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, "que se nos compense a los Ayuntamientos".
Añadía Arroyo que esta nueva situación les genera "un agujero en la cuenta de ingresos. Vamos a solicitar un fondo de compensación mientras se resuelve y se da garantía jurídica a todos los errores que ha dicho el Constitucional que existen".
Añadía que lo que les sorprende es que se haya tardado tres años y dejado que llegue este momento "para que los Ayuntamientos nos encontremos un problema difícil de resolver por nuestra cuenta propia".
Recordó que, en cuanto al impuesto de plusvalías, sabían que tenía unos cálculos erróneos "y habíamos solicitado que se corrigiera - impuesto de herencias-, al considerarlo injusto y, por tanto, que fuera desapareciendo".
Por ello, en las nuevas ordenanzas fiscales "estará bonificado a un 90%. El impuesto genérico de plusvalía (que es el Gobierno de España quien tiene que dar respuesta) supone a día de hoy para las arcas municipales 6,5 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 3% de los ingresos que recibe el Ayuntamiento para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos de Cartagena. Esta parte nos deja colgados y necesitamos esa compensación mientras el Estado dé garantías con una nueva ley".