El Mar Menor, en una imagen de mayo de 2022. Foto: MARÍA GUARDIOLAMURCIA. La aparición en el Mar Menor de la "sopa verde" en 2016 provocó una reacción, improvisada y poco rigurosa, que buscaba más encontrar culpabilidades que soluciones. La presión política y la incapacidad de proponer una línea de actuación multidisciplinar llevaron a situar la causa de la degradación únicamente en la agricultura.
Para eludir posibles responsabilidades, se había logrado focalizar el motivo del deterioro de la laguna al que, rápidamente, se sumaron múltiples voces demonizando la práctica agrícola en el Campo de Cartagena. Además, este escenario venía muy bien a quienes llevaban años intentando reducir el regadío y eliminar el trasvase Tajo-Segura, bajo el mantra de que el agua es escasa y mal utilizada.
La DANA de 2019 provocó el colapso del Mar Menor, la inundación de poblaciones costeras y la mortandad de toneladas de peces. Una nueva ocasión para continuar señalando a los esforzados agricultores como causantes de todos los males, que encontraron escasa o nula defensa por quienes conocían o debían conocer la realidad.
La necesidad de continuar culpando a la agricultura promovió la aprobación de una normativa centrada exclusivamente en ella como factor de riesgo para la eutrofización de las aguas. Se aprobó la Ley 3/2020 de medidas para proteger el Mar Menor centrada básicamente en limitar la actividad agraria, obviando intencionadamente el resto de factores que de manera determinante influyen en el mal estado de sus aguas.
Sin embargo, en las últimas semanas los municipios costeros del Mar Menor, uniéndose a la iniciativa del Gobierno de la nación, están anunciando importantes inversiones destinadas a la renovación de las redes de alcantarillado y de los sistemas de depuración de aguas residuales. Se reconoce que los vertidos de aguas residuales, por su contenido en fósforo, son factores determinantes para la eutrofización del sistema lagunar.
Los agricultores del Campo de Cartagena, comprometidos con la mitigación del impacto ambiental que generan y la recuperación del Mar Menor, han realizado importantes inversiones en nuevas tecnologías que permiten reducir el uso del agua y los fertilizantes. Producen más con menos agua y agroquímicos, por lo que se lixivia menos nitrógeno al acuífero.
A pesar de sus esfuerzos, la situación de la agricultura del Campo de Cartagena es especialmente dramática en estos momentos ya que la aplicación de la Ley 3/2020, elaborada sin justificado fundamento científico-técnico, dificulta y puede llegar a impedir la propia actividad agraria, dañando la actividad económica y poniendo en peligro miles de empleos sin conseguir la restauración ambiental del Mar Menor.
La norma que pretende proteger el Mar Menor debería contemplar todos aquellos factores que impactan sobre él. Sin embargo, en este caso se han eludido los más importantes: aguas residuales, agua de lluvia y escorrentías. Únicamente se ha centrado en la agricultura que, además, no es limitante para la eutrofización de las aguas, por lo que difícilmente se puede alcanzar el fin propuesto.
Cambiar la Ley 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor, es necesario si realmente se quiere que sea efectiva y aplicable para conseguir su objetivo. Modificar la normativa que regula la actividad agraria para facilitar una práctica agrícola sostenible y competitiva e incorporar una regulación especifica de las actividades que son competencia de las administraciones públicas (aguas residuales, vertidos de ramblas y escorrentías) puede contribuir a recuperar la confianza de los agricultores y ciudadanos y alcanzar el buen estado ecológico del Mar Menor.
Hay que hacer lo que se crea que se tiene que hacer, sin complejos ni miedos ante opiniones contrarias. Modificar la ley puede ayudar a conseguir conciliar empleo, agricultura, turismo y medio ambiente para recuperar el Mar Menor.
Miguel Ángel Cámara Botía
