Foto: PHILIPPE BUISSIN/EUROPEAN PARLIA / DPA - ARCHIVOBRUSELAS (EP). La Comisión Europea ha anunciado este martes su veto a la fusión ya consumada de la 'startup' Grail y el laboratorio biotecnológico estadounidense Illumina, al concluir que la operación perjudica la innovación y merma las opciones en el mercado emergente de pruebas de detección temprana de cáncer.
"Es vital preservar la competencia entre los desarrolladores de pruebas de detección temprana del cáncer en esta etapa crítica de desarrollo. Como Illumina no presentó remedios que hubieran resuelto nuestras preocupaciones, prohibimos la fusión", ha dicho la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Competencia, Margrethe Vestager, en una rueda de prensa en Bruselas.
La liberal danesa ha explicado que Grail está desarrollando un tipo de prueba de detección temprana de cáncer basada en la sangre y que, "de tener éxito, estas pruebas revolucionarán la lucha contra el cáncer".
Illumina es el único proveedor fiable de la tecnología que permite desarrollar y procesar estas pruebas diagnósticas, por lo que la Comisión Europea teme que con la fusión el laboratorio estadounidense goce de un "incentivo para impedir que los rivales de Grail accedan a su tecnología o para colocarlos en desventaja".
Cuando las compañías notificaron su alianza, Grail, participada por Jeff Bezos y Bill Gates, ya era cliente de Illumina y desarrollaba test para la detección temprana a partir de una nueva técnica de secuenciación masiva de nueva generación (NGS) que distribuye el laboratorio estadounidense.
El Ejecutivo tenía dudas de que su unión pudiera dañar la competencia en el sector y de que el gigante norteamericano hiciera valer su peso en el mercado para frenar la innovación y lastrar la eficacia de los productos de competidores.
Por ello, ya en agosto de 2021, los servicios comunitarios ampliaron el alcance de la investigación para aclarar si violaron la "obligación de suspensión" que prevé la normativa comunitaria mientras se examina una operación, para evitar que la misma tenga un impacto negativo o irreparable mientras se evalúa.
En julio de este año, Bruselas dio un paso más y formalizó la acusación tras constatar que las empresas siguieron adelante con la operación sin atender a las preocupaciones de los servicios comunitarios.
