FOTO: LA UNIÓBRUSELAS. Parece que el norte marca el paso de la agricultura europea. Pero ni siquiera los tractores de los granjeros flamencos que paralizaron el miércoles el tráfico en Bruselas han logrado que el Consejo de Agricultura y Pesca, celebrado esta semana, llegara a un acuerdo sobre la cadena alimentaria y la producción a pérdidas por el aumento de costes en el sector. El incremento del precio de la energía, fertilizantes y piensos hace inviable el sector primario para los pequeños y medianos agricultores en un club donde se prima cada vez más el libro comercio con países terceros que no cumplen los estándares de la Unión Europea (UE) y cuyos productos entran en nuestro mercado en clara competencia desleal. La Unió de Llauradors lo viene denunciado, por ejemplo, respecto a la naranja sudafricana.
La protesta fue protagonizada por la Unión General de Agricultores Flamencos (Algemeen Boerensyndicaat) frente al Parlamento flamenco en Bruselas, dos días después de que el Consejo de Agricultura y Pesca cerrara una sesión decepcionante para España. Los agricultores flamencos denunciaban el aumento de los precios de los piensos para sus animales mientras los precios de venta están cayendo. La misma posición que presentó el ministro de Agricultura Luis Planas, ante sus homólogos de la UE, y que no logró consenso.
Como respuesta desde Bruselas, el Consejo sólo aprobó un Plan de contingencia de crisis para la seguridad alimentaria, cuyo objeto es garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria en tiempos de crisis como la de la pandemia. Mientras que la Comisión Europea ha aprobado asignar en 2022 un total de 185,9 millones de euros a la promoción de los productos agroalimentarios de la UE, dentro y fuera de la UE. Esta política se centra en los productos y las prácticas agrícolas que apoyan los objetivos del Pacto Verde Europeo, como los productos ecológicos, las frutas y hortalizas, la agricultura sostenible y el bienestar animal de la UE. Las campañas de publicidad informarán a los consumidores sobre la agricultura ecológica y promoverán una alimentación sana y equilibrada mediante un mayor consumo de frutas y hortalizas frescas.
La Unió de Llauradors, por su parte, hizo pública su decepción en un comunicado ante la ausencia de decisiones del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, “para frenar y compensar la acusada escalada de precios de los costes de producción que ponen en jaque la economía de las explotaciones agrarias”. Pese a que la gran mayoría de los Estados miembro han reconocido el impacto que la subida de los costes de producción está teniendo en el sector agrario, debido al incremento de la energía y de las materias primas, no hubo un debate que llevaba a aprobar medidas concretas. Tanto los agricultores valencianos como los flamencos denuncian el “vertiginoso aumento de la cotización del gas natural y la consecuente ralentización de la producción de fertilizantes”, que “ha multiplicado por tres su precio en el caso de los nitrogenados, que son los más usados”.
El Consejo sólo ha abordado positivamente un Plan de Contingencia para garantizar el suministro y la seguridad alimentaria de la UE, como respuesta ante crisis de seguridad alimentaria. La solución pasa por la creación de un nuevo grupo de expertos de los Estados miembros. No obstante, advierte La Unió, “este plan no puede dar respuesta a la crisis actual”, ya que sus medidas, se implementarían en todo caso a partir de mediados de 2022 y hasta 2024. Además, lo que se plantean son actuaciones de seguimiento, intercambio de información, desarrollo de indicadores y la elaboración de recomendaciones sobre directrices o maneras de abordar los riesgos y vulnerabilidades que pongan en peligro la cadena alimentaria.
Los agricultores valencianos expresan su decepción “ante la ausencia de compromisos claros de los Ministros de la UE para afrontar una realidad nefasta para los agricultores y ganaderos, que ellos mismos reconocen que existe”. Este colectivo recuerda que los más afectados por el encarecimiento de los inputs son “los agricultores y ganaderos profesionales que viven fundamentalmente del trabajo en su explotación”. Por ello, piden al Ministro de Agricultura español, Luis Planas, que aborde otras cuestiones, “como las fiscales o la puesta en marcha del contrato eléctrico de doble potencia para regadío, que son competencia del Estado miembro”. El paquete de medidas solicitadas al Gobierno incluye la creación del gasóleo profesional agrario, la revisión de módulos de IRPF y bonificaciones fiscales, apoyos a la financiación o supresión de las ITV para vehículos agrícolas.
A ello se une la ruinosa campaña de la naranja Navelina y el peligro de que se extienda al resto de variedades. La Unió de Llauradors denuncia que la campaña de la principal variedad de naranja, la Navelina que representa casi un 40% de la producción total y prácticamente la única que se comercializa antes de fin de año, “es desastrosa en la Comunitat Valenciana y con unos precios ruinosos para los productores”. Está dejándose de recolectar en campo y, en el mejor de los casos, se vende a pérdidas con destino a la industria de zumo a un precio de entre 0,05-0,08 €/kg.
Los motivos de esta situación obedecen a un retraso en su comercialización y sobre todo a la competencia inicial con la procedente de Sudáfrica en los lineales de tiendas y supermercados. En este sentido, La Unió indica que “las empresas importadoras no compraron naranja española hasta que se les agotó la importada desde el Hemisferio Sur. Ahora, además, nuestra naranja tiene la competencia de las egipcias y turcas que han inundado los supermercados europeos con ofertas muy baratas y por eso se ha sobresaturado el mercado”.
Con objeto de evitar un exceso de oferta en el mercado que hunda más los precios y para que se compense a los citricultores por las pérdidas que han sufrido en estos dos últimos meses y las posibles que se ocasionen en el resto de variedades de naranjas, La Unió propone que el Ministerio de Agricultura gestione medidas de prevención de crisis establecidas en la Organización Común de los Mercados Agrarios.
Entre estas propuestas se encuentra una ayuda para la renuncia a recolectar determinadas cantidades de cítricos a las Organizaciones de Productores del sector de cítricos y a los productores que no sean miembros de dichas organizaciones con una compensación. Esta medida excepcional ya se estableció por norma europea para paliar los efectos del veto ruso. Para garantizar la desnaturalización de la misma, tal y como se establece en la normativa comunitaria, se debería tirar la cosecha al suelo. También se plantea el establecimiento de una ayuda de minimis, reconocida en la actual normativa europea, para los productores profesionales de cítricos para afrontar económica y financieramente la grave crisis que padece el sector.
Asimismo, la normativa europea establece la posibilidad del pago en especie por los beneficiarios de la distribución gratuita a los transformadores de frutas y hortalizas mientras el Estado miembro donde se efectúa el pago haya establecido normas que garanticen que los productos transformados se destinan realmente al consumo por los beneficiarios finales. La Unió destaca finalmente que una vez más la entidad que debería velar por el funcionamiento del sector, la interprofesional Intercitrus, vuelve a estar fuera de juego sin proponer ninguna medida concreta para reconducir esta campaña.
