FOTOS: EUROPA PRESSMADRID. El presupuesto previsto de gastos en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado ascenderá en 2022 a 458.970 millones de euros, de los que 27.633 serán fondos europeos. Así se recoge en el documento que ha difundido el Ministerio de Hacienda tras la aprobación del texto en el Consejo de Ministros este jueves.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha recordado que el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', del Presupuesto del Estado para 2022, se mantiene en los 196.142 millones de euros, en la línea del año anterior (196.097), incluyendo transferencias extraordinarias a las comunidades autónomas y Seguridad Social y parte de los fondos europeos.
Además, el proyecto prevee una recaudación de 232.352 millones en ingresos tributarios (antes de cesión a entes territoriales) frente a los 214.995 del avance de la liquidación de 2021 y los 194.051 recaudados en 2020. El documento prevé un mayor incremento de lo recaudado a través de Sociedades (11,8% más que en 2021), IVA (9,5% más), IIEE (8,2%) e IRPF (6,7%).
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 contemplan una dotación de 445 millones de euros para financiar el Plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga, a la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de combustible, así como a la innovación en electromovilidad, recarga e hidrógeno verde.
Según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2022 presentado este miércoles por el Gobierno, estas subvenciones estarán gestionadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La movilización de estos fondos se realizará a través de actuaciones de ayudas y subvenciones a fondo perdido o bien mediante inversiones financieras, en función de las características y necesidades.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez plantea como actuaciones la movilidad eléctrica, actuando en la implantación de las infraestructuras de recarga, en la renovación del parque de vehículos y en actuaciones de electromovilidad. Las ayudas se otorgaran dependiendo del tipo de beneficiario y será la máxima que permita la normativa sobre ayudas de Estado, primándose, en la medida de lo posible, el achatarramiento de vehículos convencionales.
Entre los objetivos, se establece acelerar la penetración de la movilidad eléctrica, a través de medidas de apoyo para la adquisición de vehículos eléctricos y un plan de puntos de recarga con el apoyo a la adquisición de entre 180.000 y 225.000 vehículos eléctricos enchufables y entre 90.000 y 110.000 nuevos puntos de recarga hasta 2023, con una señal clara de progresiva incorporación continuada a partir de 2023 para cumplir los objetivos de 2030.
El Gobierno estima que en los Presupuestos Generales del año 2023 serán 340 millones de euros los que se destinen a la movilidad sostenible, sumando un total de 2.000 millones de inversión desde el año 2020. Esta actuación contribuye al 'flagship' Recharge and Refuel, contribuyendo mediante una combinación de medidas normativas o reformas, inversiones y señales claras a corto, medio y largo plazo, al despliegue de infraestructura de recarga en el país y la Unión Europea.
Todo ello después de que el Gobierno anunciara un nuevo programa de ayudas, el Moves Grandes Flotas, en el Automobile de Barcelona para empresas que renueven flotas de más de 500 vehículos en el ámbito de más de una comunidad autónoma dotado con un presupuesto de 50 millones en 2021 ampliables en 2022 y 2023.
Estas ayudas se suman al Programa Moves Singulares II, que repartirá 100 millones para proyectos innovadores de movilidad eléctrica, y al Plan Moves III, que repartirá 400 millones de euros ampliables a 800 en ayudas directas para la movilidad sostenible.
De la misma forma, tanto el presidente del Gobierno como la Ministra de Industria, Comercio y Turismo han confirmado que se está acelerando la convocatoria del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) y que será publicada antes de fin de año con una inversión prevista total de 24.000 millones para el periodo 2021-2023.
El Perte del VEC que contará con una contribución pública de 4.300 millones y prevén movilizar inversiones privadas por importe de 19.700 millones, tiene como objetivo crear el ecosistema necesario para la fabricación de vehículos eléctricos y conectados a la red y convertir a España en el 'hub' de Europa de electromovilidad.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año cuentan con una partida presupuestaria de 3.817 millones de euros para política energética, de los que 2.766 millones de euros corresponden al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
Dentro de esta partida destaca la dotación para el bono social térmico, programa de concesión directa de ayudas destinadas a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, en lo que respecta a energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina.
La ayuda a conceder tiene como finalidad compensar gastos necesarios para garantizar el suministro de energía para usos térmicos o el apoyo a actuaciones de ahorro o mejoras de la eficiencia energética a los consumidores vulnerables, con una dotación prevista en 2022 de 157 millones de euros.
Asimismo, esta política incluye durante el próximo año una dotación para financiar préstamos al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por importe de 300 millones de euros, dirigidos a apoyar el impulso de la eficiencia energética y las energías renovables, con la finalidad principalmente de anticipar a los beneficiarios de los préstamos fondos para actuaciones que una vez ejecutadas y certificadas, podrán obtener retornos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Por lo que se refiere a la financiación presupuestaria legalmente prevista de costes del sistema eléctrico para contribuir al equilibrio financiero del sistema, se consignan dotaciones para realizar las aportaciones derivadas de los ingresos por subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y de los ingresos tributarios de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, así como transferencias para compensar el 50% de los extracostes de generación eléctrica en los territorios no peninsulares que suman 3.695 millones de euros para el próximo año.
La Seguridad Social contará en 2021 con un presupuesto de 181.081
millones de euros, incluyendo sus operaciones de carácter financiero, cifra un 5% superior a la del ejercicio precedente, según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.
Este crecimiento obedece a la revalorización de las pensiones para 2022 (un 3% para las pensiones no contributivas y la inflación media interanual del periodo diciembre de 2020-noviembre de 2021, aún por determinar para el resto), a la dotación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que sube un 3%, y al incremento de 27 a 28 euros del complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género.
El Gobierno proyecta un fuerte incremento de la recaudación por cuotas por la elevación de las bases máximas de cotización en un 1,7% y por la esperada recuperación del PIB y del empleo, en contraste con la disminución experimentada en 2021 a causa de la crisis sanitaria por las exoneraciones de cuotas en los ERTE y en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
En concreto, la Seguridad Social ingresará el año próximo 173.655 millones de euros, de los que 136.345 millones de euros procederán de las cotizaciones sociales, con un crecimiento sobre el ejercicio anterior del 9%, lo que le permitirá financiar el 75,3% del Presupuesto. El sistema recibirá además transferencias del Estado por más de 36.000 millones de euros.
De los 136.345 millones de euros que prevé recaudar la Seguridad Social por cuotas el año próximo, 127.244 millones de euros procederán de las cotizaciones de empresas y trabajadores ocupados, un 9,7% más que en el ejercicio anterior, en tanto que 8.755 millones de euros se ingresarán por cuotas de desempleados, cifra un 0,4% inferior a la del año anterior, y 366 millones tendrán su origen en las cotizaciones por cese de actividad, un 12,9% más.
"Para el ejercicio 2022 los ingresos por cotizaciones de empresas y trabajadores ocupados reflejan las previsiones de recuperación de la economía y el empleo", subraya el Gobierno en el proyecto de los PGE.
El descenso de los ingresos por cotizaciones de desempleados se debe al elevado volumen de prestaciones reconocidas en 2021 por la crisis sanitaria y al incremento del empleo previsto en 2022.
Por regímenes, el General será el que aportará mayores ingresos por cuotas, con 105.843 millones de euros, seguido del RETA (11.397 millones de euros). En el Régimen del Mar, por su parte, se prevén recaudar 384 millones de euros; en el del Carbón, 68 millones, y por accidentes y enfermedades profesionales se ingresarán 9.531 millones de euros.
El presupuesto consolidado de ingresos crece un 16,4% El presupuesto consolidado de ingresos alcanzará los 376.997 millones de euros, lo que supone un aumento del 16,4% respecto al presupuesto de este año, según el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.
La recaudación por impuestos directos (IRPF y Sociedades fundamentalmente) y cotizaciones sociales crecerá un 10%, hasta los 244.043 millones de euros. De este total, 133.781 millones de euros, un 11,5% más, se corresponderá con los impuestos; mientras que por cotizaciones sociales se recaudarán 168.142 millones de euros, un 9,6% más que este año.
Por su parte, los impuestos indirectos, entre los que se encuentra el IVA, repuntarán un 12,4%, hasta los 57.880 millones de euros; mientras que las tasas y otros ingresos tributarios caerán un 4,7%, hasta los 13.578 millones.
Asimismo, las transferencias corrientes supondrán unos ingresos de 19.128 millones de euros, lo que supone un 24% más que este año, al tiempo que el Gobierno espera recaudar por ingresos patrimoniales 6.629 millones de euros, un 21,1% menos.
De esta forma, las operaciones corrientes sumarán 341.258 millones de euros, un 9,6% más, mientras que las operaciones de capital repuntarán un 126,6%, hasta los 19.752 millones de euros.
Por último, los ingresos no financieros, con 361.010 millones de euros, crecerán un 12,7%, mientras que los activos financieros, con 15.987 millones, registrarán un fuerte aumento del 324,4% respecto a lo presupuestado este año.
La política de vivienda contará en 2022 con una dotación de 806 millones de euros, un 33,9% más que el año anterior, sin tener en cuenta el monto procedente del mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR) de la Unión Europea (UE), según el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados este miércoles.
El MRR aportará 2.489 millones de euros para vivienda, un 50,8% más que en los PGE de 2021, con lo que el monto total para la política de vivienda asciende a 3.295 millones de euros, un 46,3% más respecto al año anterior.
Con el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 cercano a su fin, el Ejecutivo se centra en el Plan para 2022-2025, todavía en trámite de información pública. Las prioridades de este plan son "la atención prioritaria a los más vulnerables, el acceso a la vivienda digna para los colectivos de menos recursos y la promoción del parque de vivienda asequible, con especial atención a fórmulas de colaboración pública-privada".
Los PGE 2022 contemplan una partida de 355 millones de euros a subvenciones de planes de vivienda y otros 70 millones para las ayudas de subsidiación de los compromisos adquiridos en planes estatales anteriores en los préstamos de promotores para viviendas de alquiler asequible.
Para los programas de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, el MRR destinará 1.389 millones de euros, mientras que para los programas de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes irán 500 millones. Los programas de rehabilitación sostenible y digital recibirán 600 millones de euros, también procedentes del MRR.
El Ejecutivo destinará el próximo años 115 millones de euros a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para actuaciones en materia de vivienda, según consta en el proyecto de PGE para 2022. La promoción de viviendas en alquiler asequible o social se llevará 27 millones de euros, destinados a subvenciones para ayuntamientos y otras entidades locales.
La novedad de los PGE 2022 en materia de vivienda es el Plan Bono Alquiler Joven, para personas de entre 18 y 35 años, al que se destinarán 200 millones de euros.
Para acceder a esta ayuda de 250 euros mensuales durante dos años, los solicitantes deben acreditar rentas de trabajo y unos ingresos anuales inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).
Por otro lado, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliciencia (PRTR) recoge una partida de 2.839 millones de euros para su componente 2, relativo al Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana.
De ese monto, una dotación de 1.389 millones de euros financiará programas de apoyo para las renovaciones energéticas en los barrios.
Otros 500 millones tendrán como finalidad impulsar las medidas de las Administraciones Públicas para fomentar la oferta de vivienda en alquiler a precio asequible. Estas casas deberán construirse en predios de dominio público y en zonas en las que la vivienda social es insuficiente. Además, deberán cumplir con criterios de eficiencia energética.
Este plan también beneficiará con 350 millones de euros a los municipios y zonas urbanas con menos de 5.000 habitantes que desarrollen actuaciones municipales y urbanas enfocadas a mejorar la eficiencia energética de los edificios. Por último, 600 millones de euros se dirigirán a apoyar las renovaciones energéticas de edificios públicos.
La inversión en aeropuertos y navegación aérea alcanzará los 829,98 millones de euros en 2022, un 21% menos que el año anterior, según se recoge en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.
Según se argumenta en el proyecto, uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la política de transporte aéreo es la salida adecuada y sostenible de la situación provocada por la Covid-19, colaborando en el impulso y desarrollo del sector aéreo para contribuir al crecimiento económico país y para satisfacer las necesidades y expectativas de los diferentes agentes involucrados.
Las actuaciones en materia aeroportuaria y de navegación aérea son ejecutadas por el grupo Enaire (que incluye a Aena) y tiene previsto realizar inversiones en 2021 por importe de 819 millones de euros. Además, el proyecto contempla que el gestor reciba fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por 40 millones de euros.
Por su parte, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea tiene prevista una inversión por importe de 6 millones de euros y la Dirección General de Aviación Civil por importe de 4 millones de euros.
Sus principales líneas de actuación se centran en la mejora de la seguridad con que opera el conjunto del sector de la Aviación Civil, incorporando las nuevas regulaciones y directrices aprobadas por la Unión Europea y la OACI, y la protección de los pasajeros ante los incumplimientos de las compañías aéreas y de los aeropuertos, así como facilitar y potenciar la competitividad y sostenibilidad del sector aéreo.
Los créditos destinados a las subvenciones del transporte aéreo y marítimo de territorios extrapeninsulares --para los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla-- alcanzarán en 2022 el importe de 783 millones de euros. Los porcentajes de bonificación aplicables son del 75% en el caso de los trayectos entre los distintos territorios citados y la Península sea por vía marítima o aérea, como en el caso de los trayectos interinsulares por vía aérea; y del 50% en el caso de los trayectos interinsulares por vía marítima.
Además, las familias numerosas también se benefician de subvenciones en sus traslados por vía marítima y aérea, cuyo importe alcanzará, en 2022, los 15 millones de euros.
El Gobierno destinará un total de 8.844 millones de euros durante el próximo año a políticas de agricultura, pesca y alimentación, un 5,2% más, de los que 504 millones de euros proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (MRR), según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022.
En concreto, los esfuerzos para 2022 se centran en contribuir a una transformación digital, justa, equilibrada, sostenible e inclusiva del medio rural, y a la generación de oportunidades de vida, trabajo y emprendimiento que resulten atractivas e igualitarias, especialmente para fomentar la instalación de jóvenes, mujeres y talento en el territorio, y contribuir a paliar el fenómeno de la despoblación.
El presupuesto de la política de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha elaborado manteniendo la prioridad sobre las actuaciones derivadas de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19, estando la presupuestación, según el Ejecutivo, enfocada a apoyar a la ciudadanía, a las empresas y a los sectores que se han visto más afectados en orden a consolidar un modelo de crecimiento económico equilibrado, inclusivo y duradero.
Las líneas de actuación en el sector agrario y alimentario van dirigidas al desarrollo del medio rural, a programas de consolidación y mejora de regadíos, a la regulación de los mercados, a la mejora de la competitividad y calidad de la producción, a la prevención y mejora de la sanidad y prevención de los riesgos en las producciones, principalmente a través del apoyo a los seguros agrarios y pesqueros, y el control alimentario.
En el ámbito pesquero, las materias de ejecución de esta política se dirigen a la protección y conservación del mar, a la participación en la planificación de la política de investigación en materia de biodiversidad de los ecosistemas marinos, a la gestión y explotación sostenible, a la protección de los recursos pesqueros, a la comercialización y transformación de los mismos y a la investigación en la materia. 
El Gobierno destinará un total de 1.727 millones en los Presupuestos Generales del Estado para el Turismo, de los que 1.474 millones (el 85,3%) serán financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), según recoge el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 entregado este miércoles en el Congreso por la ministra de Hacienda.
La partida de Turismo se engloba en los 2.932 millones de euros, un 32,1% más, destinados a las políticas de Comercio, Turismo y Pymes para el próximo año.
De ellos 2.305 millones de euros pertenecen al presupuesto no financiero y 627 millones de euros al financiero. De ese total, 1.970 millones de euros corresponden a actuaciones financiadas a través del MRR.
El Gobierno indica que en esta política los gastos e inversiones del
Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) obtienen un fuerte impulso, "orientándose a la mejora de la competitividad, reforzando el apoyo a las pymes, la modernización y competitividad del
sector turístico, y para el fortalecimiento tecnológico de la actividad comercial".
En este contexto el programa de coordinación y promoción del turismo, compartido por la Secretaría de Estado de Turismo y Turespaña, contará en 2022 con una dotación de 253 millones de euros.
El proyecto de PGE para el próximo año considera que "el éxito de España como destino turístico se deberá evaluar en términos de su capacidad para producir calidad de vida, calidad en la estancia, calidad en el servicio, diversidad de la oferta, creación y calidad de puestos de trabajo, prosperidad y competitividad".
El Banco de España contará con un presupuesto neto de 647,26 millones de euros para el ejercicio 2022, lo que supone un aumento del 5% respecto a los 616,59 millones de euros netos del ajustado de 2021, según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados.
En términos brutos, todo el conjunto de iniciativas del Banco de España contará con unas dotaciones propuestas para 2022 que suman 669,56 millones de euros, cantidad que representa un aumento del 4,8% respecto al presupuesto final bruto de 2021.
Para llegar del presupuesto bruto (669,56 millones) al neto (647,26 millones) se restan las 'recuperaciones de gastos' previstas para el ejercicio, que se sitúan en 22,30 millones de euros.
Las recuperaciones de gastos son un apartado que agrupa todos los conceptos presupuestarios cuya naturaleza se corresponde con la recuperación de gastos que el organismo percibe por la prestación de servicios.
Algunos de los servicios a los que se refiere son los correspondientes a aplicaciones Eurosistema, tanto en la fase de desarrollo como en la de funcionamiento; los derivados del envío de remesas de billetes a otros bancos centrales del Eurosistema; y los servicios de apoyo al SEPBLAC.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año cuentan con una partida presupuestaria de 11.841 millones de euros destinada a las infraestructuras, un 2,7% más que el año pasado, que será sufragado al 59% por el presupuesto nacional y el restante 41% con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.
En concreto, del presupuesto nacional saldrán 7.040 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,9% respecto al ejercicio anterior, mientras que el resto, 4.801 millones de euros, procederán del plan europeo, según detalla el proyecto de Presupuestos General del Estado (PGE) presentado este jueves en el Congreso.
En la ejecución de esta inversión no solo participará el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sino también el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que percibirán 8.353 millones de euros y 3.477 millones, respectivamente.
El Ministerio que dirige Raquel Sánchez recibirá 1.051 millones de euros para las actuaciones en carreteras, Seittsa percibirá 101 millones y la conservación de las vías aglutinará otros 1.152 millones de euros. En total, la inversión en carreteras será de 2.304 millones, un 5,9% más que hace un año.
Las actuaciones en esta materia incluyen la reducción de los índices de peligrosidad y mortalidad, eliminación de los tramos de concentración de accidentes, el impulso del desarrollo de la intermodalidad, incrementar la accesibilidad y la cohesión territorial o planificar y ejecutar circunvalaciones en las grandes aglomeraciones urbanas.
En materia de ferrocarriles, las aportaciones a Adif alcanzarán los 1.951 millones de euros y su filial de alta velocidad otros 982 millones de euros. La partida para Renfe Viajeros será de 1.246 millones de euros por los servicios públicos que presta. En total, el ámbito ferroviario recibirá 5.442 millones de euros, un 15% más.
Dentro de esta partida, está previsto que Adif y Renfe realicen actuaciones de mejora de la red de cercanías, referidas a su modernización y la mejora de las estaciones, que tendrá como elemento prioritario la accesibilidad, la supresión de pasos a nivel, la modernización de las infraestructuras y los trenes y nuevos sistemas de pago más eficaces.
En cuanto a las infraestructuras portuarias, para 2022 se reforzará la inversión en materias clave como la conectividad terrestre a los puertos de interés general, su sostenibilidad ambiental, seguridad, digitalización, potencia innovadora, así como un refuerzo de las actuaciones en materia de puerto-ciudad. Inversiones que se traducirán en un esfuerzo presupuestario de 927 millones de euros, un 7,5% menos.
El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha llegado este miércoles al Congreso de los Diputados recoge que en el ejercicio 2022 se destinará a Justicia 2.284 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,5 por ciento respecto al año 2021.
El Ejecutivo de Sánchez señala que el objetivo para este ejercicio es "transformar y modernizar la Administración de Justicia y acercar la Justicia a los ciudadanos, mediante la racionalización de la organización judicial, de sus recursos personales y de los medios materiales para su correcto funcionamiento".
En el 'libro amarillo', en el que se explica en líneas generales cuánto va destinado a cada departamento, el Gobierno indica que la Justicia con esta inversión debe transformarse ayudada por los fondos europeos. Apunta que del importe total de 2.284 millones, 2.208 millones de euros son para el Ministerio de Justicia --supone un incremento de 232 millones de euros--, mientras que la parte destinada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es de 76 millones de euros, lo que implica un incremento de un 4,2 por ciento.
Añaden que se recogen además 210 millones para 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) "al objeto de mejorar la capacidad que tiene la Justicia española para contribuir a la cohesión social, el dinamismo económico y empresarial, así como a la propia reducción de sus costes generales de funcionamiento mediante su transformación digital".
El Ejecutivo detalla que con estos PGE "se continua el desarrollo del Plan de Justicia 2030" con el que se busca un servicio público de Justicia "accesible, eficiente y sostenible". Recuerdan que el plan tiene como eje transversal el diálogo y la gobernanza, tanto con administraciones territoriales, administraciones institucionales, como con asociaciones y agentes sociales.
Los ingresos tributarios totales alcanzarán los 232.352 millones de euros en 2022, lo que supone un incremento del 8,1% respecto a la previsión de recaudación de 2021, de acuerdo con el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.
La recaudación por impuestos directos alcanzará los 127.426 millones de euros, un 7,2% más que en 2021, mientras que los ingresos por impuestos indirectos crecerán un 9%, hasta los 102.767 millones de euros.
En concreto, la previsión de ingresos previstos por el IRPF para 2022 es de 100.132 millones de euros, un 6,7% por encima de lo recaudado este año, dado que el Gobierno estima que las rentas brutas de los hogares crezcan el próximo año un 3,5%.
Por su parte, la recaudación del Impuesto sobre Sociedades para 2022 se estima en 24.477 millones de euros, un 11,8% más que los ingresos previstos para este año, por la mejora estimada de los beneficios empresariales, las menores devoluciones y la limitación al 95% de la exención por dividendos y plusvalías, que aunque entró en vigor este año, tiene su mayor impacto en los pagos fraccionados del año que viene.
Por el contrario, el establecimiento de un tipo mínimo del 15% para las grandes empresas, que el Gobierno calcula que permitirá recaudar unos 400 millones de euros más, apenas aportará 50 millones en 2022, dado que la mayor parte del impacto se notará en la liquidación del impuesto que hagan las empresas en 2023.
Por su parte, los ingresos previstos para 2022 en el IVA se cifran en 75.651 millones de euros, lo que supone un incremento del 9,5% respecto al avance de liquidación de este año.
El Gobierno espera que esta mejora de la recaudación del IVA esté en consonancia con un alza del 9% del gasto final, tasa un par de puntos inferior a la de 2021 y en línea con la desaceleración que se plantea en el escenario macroeconómico para el gasto en consumo de los hogares en términos nominales.
Por último, en 2022 los ingresos por Impuestos Especiales ascenderán a 21.843 millones, lo que supondrá un aumento del 8,2% respecto al cierre esperado para 2021.
El crecimiento previsto, explica el Gobierno, implica una desaceleración respecto a 2021, en la misma tendencia de moderación del gasto que se ha comentado para el IVA.
En el Impuesto sobre Hidrocarburos, el de mayor peso en el conjunto, se espera un incremento del 7%, hasta los 12.418 millones; mientras que en el Impuesto sobre Labores del Tabaco se prevé una subida en los ingresos del 5,5%, bajo el supuesto de que los precios de los cigarrillos subirán después de varios años estancados, hasta los 6.880 millones.
Finalmente, la recaudación prevista para el Impuesto sobre la Electricidad contempla la recaudación normalizada del impuesto, sin la reducción aprobada este año por el alza de la luz, hasta los 1.437 millones de euros, un 39,7% más que este año; mientras que el Impuesto sobre el Alcohol recaudará 717 millones, un 8% más.
El Gobierno destinará 2.932 millones de euros este año a políticas de Comercio, Turismo y Pyme, lo que supone un incremento del 32,1% respecto a lo presupuestado para este año, según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, que permitirán impulsar la mejora de la competitividad, reforzar el apoyo a las pyme, la modernización y competitividad del sector turístico, y para el fortalecimiento tecnológico de la actividad comercial.
Del total consignado en 2022 para la política de Comercio, Turismo y Pymes, 2.305 millones de euros pertenecen al presupuesto no financiero y 627 millones de euros al financiero.
De ese total, 1.970 millones de euros corresponden a actuaciones financiadas a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.
El Gobierno ha incrementado en un 21,49% el presupuesto del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para 2022, con un partida que superará los 11 millones de euros, según consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado este miércoles en el Congreso.
Así figura en el desglose de las partidas reservadas para al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, del que depende el instituto demoscópico, y que ha consultado Europa Press.
En concreto, el organismo que preside el sociólogo socialista José Félix Tezanos contará el próximo ejercicio con un total de 11,08 millones de euros, frente a los 9,12 de los que ha dispuesto este año, casi dos millones más que suponen un aumento del 21,49%. En los Presupuestos de 2021 el Gobierno también había incrementado el presupuesto para el CIS, que pasó de 8,05 a 9,12 millones.
La incremento del dinero destinado a este organismo se refleja fundamentalmente en el aumento de sus gastos en bienes y servicios, para el que se reservan 6,2 millones, 1,7 millones más que en el presente ejercicio. Por su parte, el dinero destinado a gastos de personal pasa de 3,78 a 4,03 millones.
Para el próximo año, el CIS tiene previsto consolidar su
funcionamiento a través de encuestas telefónicas (CATI), que empezó a utilizar en 2020 con motivo de la pandemia, cuando el confinamiento impidió a sus encuestadores hacer sus tradicionales entrevistas domiciliarias, y que ha continuado este año.
