MURCIA. "La ciudad de México, sin agua. El 40% de los recursos se pierde en fugas del sistema de distribución y un 70% de la población sólo tiene acceso al agua unas horas al día".
Este titular de la prensa especializada, unido al análisis de las causas que lo provocan: escasez de agua subterránea, falta de mantenimiento, insuficientes inversiones, mala gestión de cobro (un 22% de las facturas no llega a los ciudadanos), me dan pie a la siguiente pregunta:
¿Deben los ciudadanos a los que se presta el servicio pagar íntegramente los costes asociados a la gestión del ciclo integral del agua?
Si su respuesta, amable lector, es que no, le recomiendo que vaya al artículo 9 de la Directiva Marco del Agua, la Biblia europea en la gestión de este asunto.
Si, por el contrario, su respuesta es que sí, espero que la lectura de estas líneas le ayude a ser exigente con quienes le prestan este servicio.
Y, ¿qué tienen que ver estas respuestas con el título de este artículo? Pues mucho y bueno.
"No se puede legar a las generaciones futuras la responsabilidad de asumir el coste íntegro de aquélla por una visión a corto plazo del significado de las tarifas"
Desde que se formulara y adoptase el concepto de sostenibilidad como paradigma del desarrollo humano, cualquier actividad productiva es analizada a la luz de ese término, para decidir sobre su bondad. Se ha convenido que la sostenibilidad, para que sea tal, debe serlo desde los puntos de vista económico, ambiental y social. Y es así como hay que examinar la gestión del ciclo integral del agua (captación, potabilización, distribución a los hogares, recogida de aguas residuales, depuración y reutilización); servicio público, básico como pocos, de interés general y (esto se suele olvidar) de contenido económico.
Empezando el examen, la prestación del servicio debe ser sostenible económicamente. Esto significa que los costes en que se incurra tienen que ser cubiertos por los ingresos que se obtengan, ni más ni menos. Las tarifas son la herramienta que hace posible el cumplimiento de este principio básico que tiende, con demasiada frecuencia, a ser olvidado, encontrándonos lugares en los que el servicio es subvencionado, directa o indirectamente, por los presupuestos municipales, es decir, por todos los ciudadanos. No quiero obviar, por evidente, la pregunta que está en el aire: "¿No es mucho lo que se paga por el servicio?". Pues depende, y según y cómo. Valdría aquí la respuesta que dio aquél canónigo a los que acusaban al clero de glotonería: "Es verdad que los curas comen mucho, pero no lo es que coman tanto". Si tenemos en cuenta que los gastos dependen, fundamentalmente, del coste del recurso en origen, de la eficiencia en la prestación del servicio y de las inversiones realizadas para mantenerlo, podemos colegir fácilmente que, según sea la combinación de estos factores, el precio a pagar por el agua variará de un lugar a otro.
Por eso es injusto hacer comparaciones sólo con el precio final como referente, ya que los ciudadanos del Levante o Canarias partimos de situaciones de escasez que encarecen la disponibilidad de agua respecto a los de la Cornisa Cantábrica, por ejemplo. Asimismo, la eficacia con la que se distribuye el agua no es la misma en todos los lugares, ni las inversiones tampoco.
En resumen, para que el servicio sea sostenible económicamente, los ingresos tarifarios deben ser suficientes para cubrir todos los costes asociados, incluidas las inversiones.
Continuando con nuestra particular prueba, la sostenibilidad ambiental debe venir de la mano de la eficiencia y de las inversiones. La tarifa tiene que demostrar que los costes que incluye son los menores posibles para prestar el mejor servicio. Es verdad que “menor” y “mejor” son conceptos relativos, pero también lo es que, en este contexto, esas expresiones son guías a seguir y objetivos a alcanzar. La gestión del ciclo integral del agua es eficiente cuando se ponen todos los medios para disminuir las pérdidas y aumentar el rendimiento (la diferencia entre el agua que se inyecta en la red y la que se factura a los ciudadanos), para aminorar los consumos individuales, para usar la menor cantidad de energía, para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, para detectar los fraudes y comportamientos antisociales, para preservar los biotopos locales afectados por la actividad, para alertar a los usuarios de consumos anormales, para enseñar comportamientos correctos en el uso del agua desde la escuela, para implantar procedimientos de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, para reparar las averías en el mínimo plazo, para formar al personal en las mejores prácticas profesionales, para facturar correctamente los consumos a los abonados, para investigar nuevos procesos que mejoren la calidad, para garantizar, en fin, el servicio ininterrumpido durante todos los días del año. Pero, con ser todo esto la piedra angular de una gestión sostenible, hay que incidir en que las inversiones son básicas e imprescindibles para asegurar el futuro. Todos los activos que conforman el servicio tienen una vida útil que se agotará y hay que prever su reposición. No se puede legar a las generaciones futuras la responsabilidad de asumir el coste íntegro de aquélla por una visión a corto plazo del significado de las tarifas.
Por último, las tarifas son el instrumento que permite llevar a cabo políticas de sostenibilidad social. Mediante ellas se pueden penalizar los altos consumos de un recurso escaso (a través de su estructura en bloques) y se puede ejercer una función redistributiva y solidaria estableciendo bonificaciones y exenciones para los colectivos más desfavorecidos o con menor poder adquisitivo (parados, familias numerosas, pensionistas). De hecho, una de las preguntas recurrentes que hacen los auditores de la Unión Europea, en relación con los fondos concedidos por ella para la construcción de infraestructuras hidráulicas, es la de si existen en las tarifas mecanismos que graven los consumos elevados.
Termino ya. Quiero hacer notar que, en todo lo escrito, no aparecen las palabras "público" o "privado". ¿Será, quizás, que lo dicho tiene alcance general, sea cual sea el carácter del operador? La sostenibilidad no tiene apellidos. Es un requisito demandado por la sociedad y llamo la atención sobre el hecho de que, aproximadamente, el 50% de la población española recibe su agua en el grifo con la participación de un operador privado. Y es el mismo operador quien gestiona la ciudad que paga la tarifa más cara (Barcelona) y la ciudad que paga la más barata (Palencia). Así que, cuando oímos o leemos algunas opiniones clamando por el desempeño público del servicio, sin más, me surge una pregunta: ¿no estaremos introduciendo prejuicios ideológicos?
A este respecto, no me resisto a contar una anécdota sucedida cuando desempeñé la gerencia de la concesionaria de la gestión del ciclo del agua en Cartagena, durante una de las jornadas de puertas abiertas, con la presencia de representantes vecinales, políticos, consumidores y usuarios. Al acabar la jornada, en la que habían recorrido todas las instalaciones del servicio y comprobado in situ cómo se gestionaba el ciclo integral del agua en su ciudad, les explicamos cómo se elaboraban las tarifas que se presentarían al Ayuntamiento (gestor público del servicio, por ley) para su aprobación, y que ellos iban a pagar en su factura. Uno de los dirigentes vecinales me dijo: "Mire usted, yo me voy a oponer siempre a cualquier subida de los precios de los servicios, pero le reconozco que venía con una metralleta cargada y me voy con una escopeta de perdigones".
Huelga decir que esa noche dormí con la satisfacción de estar haciendo un buen trabajo para sus nietos.
