Apostillas al informe universitario sobre nuestro sistema educativo

CARTAGENA. Como saben todos los paseantes, los Pasicos se dan los sábados. Hoy, pues, no tocaría darlo, pero el Aparecido no sería el Aparecido si no se hubiese apresurado a publicar algunas apostillas al informe sobre las políticas educativas del PP en nuestra región que, elaborado por varios profesores universitarios, ha resumido Alberto Sánchez en La Opinión de Murcia. Y sintió las prisas el Aparecido por el impactante titular de ese resumen, según el cual esas políticas educativas <<generan "colegios gueto" desde los 90>>. Sobresaltado, el Aparecido recordó al entonces dirigente sindical y hoy político de Más País, Óscar Urralburu, tan inteligente como izquierdista, afirmar en 2003 que "en el gueto no se puede educar". Se trata, por tanto, de un debate no solo importante sino también duradero y, puesto que la consejera Campuzano ha considerado oportuno responder con un "sin comentarios", el Aparecido entrará al trapo (rojo, claro, que no rojo claro). El informe está muy bien elaborado y sus datos son perfectamente fiables, por lo que hay que felicitar a sus autores. Cosa distinta es cómo los interpretan y, además, por qué no se formulan ciertas preguntas.

Los datos básicos son los siguientes: mientras que el 14% de los estudiantes de nuestra región proceden de familias inmigrantes, en muchas de las cuales el español no es la lengua materna, solo el 13% de esos alumnos están matriculados en centros concertados o privados, que, sin embargo, acogen al 33% de los alumnos totales. En resumen, es bastante más probable que un alumno inmigrante se matricule en un centro estatal a que lo haga un español y la tendencia se invierte en los concentrados y privados. Vayamos a las preguntas.

"¿Qué broma es esa de que, en la España del siglo XXI, el cristianismo es excluyente?"

La primera es la siguiente: ¿por qué el 14% de los alumnos son inmigrantes? La respuesta habitual es que los inmigrantes son necesarios para que nuestra economía funcione, lo que choca frontalmente con un hecho bien conocido: la tasa de desempleo juvenil en España, y la Región no es diferente, es la más alta de la Unión Europea. Si nuestra región necesita trabajadores inmigrantes, aun habiendo tantos jóvenes murcianos en paro, se plantea la inquietante duda de si no estaremos propiciando un sistema social que desincentive trabajar, sin que nadie aclare de qué viven esos muchos jóvenes voluntariamente ociosos. ¿Estamos convirtiéndonos en un país elitista cuyos jóvenes no aceptan según qué trabajos? ¿Es cierto que no hay modo de encontrar españoles dispuestos a oficiar de camareros, limpiadores, albañiles o recogedores de frutas? Al Aparecido le gustaría conocer las causas de esta paradoja: un país repleto de parados que, sin embargo, tiene que recurrir a mano de obra extranjera. Llamativo.

Vayamos ahora a lo específicamente relacionado con la educación. Puesto que los autores del informe consideran negativo que solo una minoría de inmigrantes acceda a centros concertados, cabe preguntarles si piensan que es preferible estudiar en la enseñanza concertada que en la estatal. Ellos y ellas, que parecen defensores de la enseñanza estatal, ¿por qué se quejan de que los inmigrantes se matriculen más en ese tipo de enseñanza? ¿No debería cualquier partidario de la enseñanza estatal alegrarse de que los inmigrantes la prefieran? ¿No debería pensar que lo ideal sería que todos los inmigrantes acudiesen a centros estatales puesto que se supone que dan mejor enseñanza? ¿En qué quedamos? ¿Prefieren los autores del informe la enseñanza estatal o la concertada? Deberían aclararlo para que todos podamos entender de qué se quejan exactamente.

Otra pregunta, todavía más dura, es la siguiente: ¿por qué califican de guetos a los centros en los que abundan los alumnos inmigrantes? ¿Hay que considerar esa valoración como un sutil indicio de racismo? ¿Han descartado que acaso algunos inmigrantes prefieran estudiar junto a compañeros de su misma nacionalidad y lengua nativa?

Procede ahora entrar en los motivos a los que los autores del informe atribuyen esa peculiar distribución de los alumnos inmigrantes y los españoles entre la enseñanza estatal y la concertada. Insinúan, por un lado, que la opción por la enseñanza concertada se debe a falta de suficiente inversión en la estatal. Bueno, pues eso es sencillamente falso. La mayor parte de la inversión educativa va a centros estatales. De hecho, el gasto por alumno en la enseñanza estatal es al menos un 25% más alto que en la concertada. Además, la enseñanza estatal tiene más profesores por alumno que la concertada y sus sueldos también son mayores. Y, mediante los sucesivos pactos por la Educación, se hizo una fuerte inversión en infraestructura educativas. El gasto por alumno no puede ser, pues, la explicación de que un tercio de las familias españolas prefieran la concertada. Ese factor debería operar contra la concertada, no a su favor.

"la jornada continua es un horario que beneficia a los profesores, pero perjudica a los alumnos"

Una segunda explicación sería que muchas familias españolas prefieren los centros concertados porque ofrecen servicios de comedor escolar y actividades formativas por la tarde. Ese argumento es cierto, pero roza el cinismo traerlo a colación: resulta que muchos centros estatales no ofrecen esos servicios porque han optado por la jornada continua, en vez de la jornada partida. Se trata de un horario que beneficia a los profesores, pero perjudica a los alumnos: la jornada partida es preferible desde el punto de vista pedagógico y ayuda a que ambos progenitores puedan trabajar. Sin embargo, la mayoría de las familias de ideología izquierdista se pronunciaron, en las oportunas votaciones, por la jornada continua. Bueno, pues ya la tienen. En vez de quejarse de que sus hijos no reciban atención educativa vespertina, exijan la jornada partida, con servicio de comedor incluido y mejores resultados educativos. La Consejería no podría negarse, mientras que los profesores estatales deberían asumir que los colegios están para atender a los alumnos, no para maximizar su comodidad.

Otro factor que, según los autores del informe, influye mucho es que hay familias españolas que prefieren matricular a sus hijos en centros con pocos alumnos inmigrantes, lo que se ve favorecido por el sistema de distrito único imperante. En eso llevan razón, pero se plantea entonces el siguiente dilema: ¿hay que matricular a los alumnos donde prefieren sus familias o donde prefiera el Estado? ¿Hay que combatir la libertad de las familias de elegir el centro que prefieran para sus vástagos? El hecho, innegable, de que muchas familias carecen de los recursos o la motivación para elegir centro, ¿debe conducir a que nadie pueda elegir? Si algunos están en condiciones desfavorables, ¿todos deben comportarse como si también lo estuviesen? ¿Es bueno aportar dinero privado para viajar, pero no para educar? En opinión del Aparecido ese es el meollo del debate: ¿estamos por la libertad de elección de centro y la jornada partida o estamos por la imposición de centro y la jornada continua? Un liberal apostaría por la elección de centro y la jornada partida; un iliberal, por la imposición de centro y la jornada continua.

Hay otro factor que suele olvidarse: la segregación también va por barrios. Incluso si se impusiera la obligación de matricular en el centro más cercano al domicilio, seguiría habiendo centros con mayor presencia de inmigrantes que la media. El motivo es sencillo: tampoco en la ciudad los inmigrantes se reparten de forma homogénea. El único modo de homogeneizar sería repartir a los inmigrantes de forma forzosa entre todos los centros, sean estatales o concertados. Ahora bien, ¿sería compatible ese modelo con el más mínimo respeto a la libertad de enseñanza, valor recogido en la Constitución? En realidad, sería más sencillo y preferible preparar ayudas económicas que faciliten la elección de centro a las familias con pocos recursos, pero alta motivación académica.

"toman como ejemplo el modelo catalán, pero los dirigentes separatistas no llevan a sus hijos a los centros estatales ni por error"

El informe contiene, además del citado debate central, algunas perlas secundarias. Una de ellas es calificar de "ideología excluyente" a los centros católicos. La cosa tiene miga: el cristianismo sería, según los autores del informe, una ideología excluyente. ¿Se han molestado en comparar el mapa mundial de las democracias con el del ateísmo y las demás religiones? Si lo hiciesen se percatarían de que la inmensa mayoría de las democracias han surgido en países de raíz cristiana. ¿Han examinado el mapa mundial de los países dónde se produjo la revolución científica a partir del siglo XVI? En países cristianos, que desarrollaron las simientes medievales sembradas por los sabios islámicos. ¿Saben los autores que todavía es un grave delito apostatar en muchos países islámicos? ¿Y que asesinan a personas por ser cristianos? ¿Y que en las dictaduras comunistas no hay libertad religiosa? ¿Qué broma es esa de que, en la España del siglo XXI, el cristianismo es excluyente?

También les preocupa a los autores que algunos centros practiquen la enseñanza diferenciada entre niños y niñas. Es una elección paterna y todavía se debate si es pedagógicamente positiva o negativa, habida cuenta de los distintos ritmos de maduración emocional y cognitiva asociadas al sexo. En cualquier caso, en todos los países de tradición cristiana reciben educación las niñas, que tienen vedado el acceso a las escuelas en varios países islámicos. Allí es donde hay exclusión; no aquí.

Una última broma: toman como ejemplo el sistema educativo catalán, la región donde ni los jueces logran que se enseñen en español algunas asignaturas. Al parecen, creen que puede aprenderse bien un idioma sin estudiarlo en la escuela. Claro que los dirigentes separatistas de sobra saben  que ese no es así y no llevan a sus hijos a los centros estatales ni por error: los de Pilar Rahola, máxima vocera del separatismo, estudian en Suiza, y los de Arturo Más, el de la sedición, en un centro privado. Porque lo que los autores del informe parecen ignorar es que las medidas colectivistas que defienden no perjudican a los muy adinerados, que siempre tendrán a su alcance costosos centros privados, extranjeros si se tercian, sino a las clases medias españolas, algunos de cuyos miembros prefieren de los centros concertados. Ese es el dilema: ¿fastidiamos a nuestras clases medias en aras del colectivismo o facilitamos que sigan eligiendo? 

JR Medina Precioso

jrmedinaprecioso@gmail.com