La Comunidad exige en Bruselas una Política Pesquera Común más estable en términos sociales

MURCIA (EP). El Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea se ha reunido este lunes en Bruselas y el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Antonio Luengo, ha asistido en su condición de representante de las comunidades autónomas españolas durante el primer semestre de este año, según informaron fuentes del Gobierno regional.

Luengo ha recordado que la Política Pesquera Común (PPC) es una piedra angular de la Unión Europea, creada en 1983 y reprogramada en varias ocasiones, la última en 2013, con el objetivo de ajustar el esfuerzo pesquero a la disponibilidad de los recursos y aumentar la selectividad disminuyendo los excesivos descartes.

"Nosotros reclamamos que se haga balance y se reoriente la política pesquera ofreciendo al sector un marco de estabilidad que permita un mejor ajuste a las posibilidades de pesca", ha apuntado.

A este respecto, el consejero ha considerado fundamental que el debate sobre la futura Política Pesquera Común "incorpore la importancia del sector desde el punto de vista social y económico. Necesitamos una reforma social de la PPC que ayude a resolver el serio problema de relevo generacional que sufre el sector pesquero, en el que más del 58% de los trabajadores tienen entre 40 y 64 años; como necesitamos contar con los pescadores, porque son, junto con los recursos pesqueros, el eje central de esta política. Pescadores y peces son algo inseparable, y no podemos gestionarlos de forma desequilibrada".

"Parece que para el comisario europeo de Pesca, Océanos y Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, tienen mayor interés los asuntos medioambientales que la pesca y su calado socioeconómico. La Comisión Europea no es realmente consciente de que la pesca está desapareciendo y que es necesaria una PPC reformada, que garantice una pesca moderna y competitiva, especialmente en términos sociales", ha asegurado.

Luengo ha mantenido que la sostenibilidad de las pesquerías a largo plazo "es una condición esencial para la salud de los ecosistemas, y su abordaje tiene que hacerse desde el punto de vista ecosistémico. Volvemos a insistir en que prohibir en todas las áreas marítimas protegidas la pesca es absolutamente discriminatorio, desproporcionado e injustificado, porque el impacto no es el mismo en todos los fondos, ni tampoco es igual lo que motiva su declaración, por lo que la asesoría científica ha de ser la base para lograr un enfoque regional que tenga en cuenta las características específicas de cada espacio".

Por otro lado, para hacer frente al objetivo de acabar con los combustibles fósiles en todos los sectores con fecha 2050, no se plantean las herramientas ni los incentivos económicos necesarios para el sector de la Pesca. Las fuentes de energía alternativa requieren la inversión en nuevos motores de mayor capacidad y tamaño. Sería necesaria una reforma del Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) para permitir la concesión de ayudas no condicionadas al tamaño de los buques y a su capacidad pesquera, que actualmente es el verdadero obstáculo.

"La gobernanza, como elemento esencial de la política marítima integrada, sigue siendo una asignatura pendiente, pues se necesita definir y programar una sólida Estrategia Marina que permita sinergias entre sectores marinos y marítimos que forman parte de la economía azul, y que conduzcan a una eficiente recopilación y análisis de datos y a un sistema de vigilancia de nuestras costas que garantice elevados niveles de protección ambiental".

El titular de Pesca ha concluido indicando que "la futura política pesquera debe fortalecer el liderazgo de la Unión Europea en materia de gobernanza pesquera internacional y la cooperación con terceros países del entorno, con el fin de afrontar problemas comunes y acercar posturas en materia de políticas pesqueras, algo que resulta especialmente relevante en el Mediterráneo".