ALICANTE. La polémica sigue instalada en torno a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alicante. Esta vez, en lo que respecta a la redacción de su ordenanza reguladora, ya aprobada de forma inicial con los votos del equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), y de Vox, en el que se recogen fragmentos copiados de forma literal de la normativa aprobada por el Ayuntamiento de Cartagena.
Así lo pusieron de manifiesto este jueves representantes de los grupos políticos que ejercen funciones de oposición, como el grupo municipal de Compromís, que registró una solicitud formal ante la Secretaría General del Pleno con la intención de que se inicie un expediente de averiguación de hechos para que se determine la responsabilidad de ese nuevo episodio. Sobre todo, tras subrayar que se suma al registrado durante la elaboración de la propuesta preliminar del proyecto de la ZBE, en cuya documentación también se recogían referencias al proyecto de Valladolid.
En el caso concreto de la ordenanza reguladora de la ZBE de Alicante, se recogen párrafos que aluden a normativa publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), que figuran en la normativa aprobada por el Ayuntamiento de Cartagena. Y así lo ha recriminado, igualmente, el grupo municipal de Esquerra Unida Podem, cuyo portavoz, Manolo Copé, quien ha considerado que "la desidia del PP con la ZBE es absoluta". "Lo que se ha hecho copiando normativa de Valladolid y de Cartagena muestra el nulo interés del PP en estas cuestiones. Limitándose a un mero cumplimiento: es decir a cumplir y a mentir".
En esta línea, ha lamentado que se haya promovido la instalación de "97 cámaras, 45 postes, 14 medidores de aire y 10 paneles para la puesta en marcha de una ZBE que no tendrá sanciones y que por tanto nos servirán absolutamente de nada". "No podemos permitir que el forofismo 'cochista' de Barcala convierta nuestro Centro en aglomeraciones de tráfico, ruido, contaminación y caos. Queremos una ZBE y una ciudad para las personas y no para los coches", ha concluido.
Entre tanto, fuentes municipales consultadas han restado trascendencia a esa circunstancia al asegurar que la consulta de textos normativos de otras ciudades es una práctica habitual en todos los ayuntamientos cada vez que se debe abordar la elaboración de nueva normativa. Además, añaden que el error de no haber eliminado esas referencias al texto de la ordenanza de Cartagena -que ya habría quedado corregido en el texto de la normativa- no determina que la normativa de Alicante haya quedado invalidada al tratarse de una cuestión de redacción que no determina la nulidad del contenido.