Los ayuntamientos son los únicos organismos públicos que han mantenido sus cuentas saneadas incluso en los años más difíciles de la pasada crisis económica. Con escasas excepciones –aunque llamativas- la administración local no solo no ha agravado el déficit de España todos estos años, sino que su capacidad de ahorro ha permitido adecentar unas cuentas públicas que, en otro caso, hubieran resultado aún más desastrosas.
Mientras el Estado y las comunidades autónomas han gastado 800.000 millones euros más de lo que han ingresado desde 2008, los ayuntamientos de España han consolidado un superávit de 14.000 millones, un fondo de ahorro público sano que ahora el Gobierno les va a requisar.
La izquierda siempre se ha opuesto a que las administraciones sean respetuosas con el dinero de los ciudadanos y ajusten sus gastos a los ingresos que perciben. Para la ideología socialista, gastar más de lo que se ingresa es una senda virtuosa que todo dirigente político debería recorrer con decisión y total tranquilidad. Por eso los podemitas clamaban al cielo cuando llegaron a ayuntamientos importantes tras las elecciones municipales de 2015 y se dieron cuenta de que no podían actuar como si las arcas públicas fueran un océano inagotable, a disposición de la creatividad pródiga del nuevo equipo municipal.
Ni podían gastar más de lo que ingresaban ni pedir dinero prestado para aumentar sus presupuestos, dos verdaderos dramas para unos socialistas vocacionales que llegaban a los cargos públicos dispuestos a hacer su revolución pendiente en una sola legislatura.
Le echaban la culpa a Rajoy, pero lo cierto es que el control de los déficit municipales obedeció a un acuerdo europeo para el que hubo que reformar el artículo 135 de nuestra constitución.
Ahora estamos en otro escenario (que diría el cursi) y el Gobierno de Sánchez, que ha hecho saltar por los aires tantos consensos, no iba a respetar este precepto que obliga a nuestros alcaldes a actuar con probidad. Gracias a él, ese ahorro acumulado por los ayuntamientos se pondrá nuevamente en circulación para gastarlo en las ocurrencias de los 70.000 concejales que existen actualmente en España, cada uno de su papá y su mamá.
La gente, por lo general, se alegra de que los políticos gasten mucho porque se le ha convencido de que eso es muy bueno y que lo malo, lo terrible, es la austeridad. Por eso haría falta un alcalde valiente que rompa esa norma y, mediante un decreto de urgencia, devuelva el superávit del ayuntamiento al bolsillo de los contribuyentes de su municipio, de donde nunca debió salir. ¿Imaginan que cunde el ejemplo y que esa misma gente que aplaude el excesivo gasto público se da cuenta de que la izquierda lleva años abusando de su ingenuidad?
