Vecinos asomados en los balcones, en una imagen del confinamiento. Foto: KIKO HUESCA (EFE)MURCIA. Existen más de un millón de comunidades de propietarios en España. Y gestionarlas, de lo que normalmente se encargan los administradores de fincas, no es fácil. La prohibición en la Región de Murcia, de manera similar a muchas otras regiones de España, de celebrar reuniones de más de seis personas recomiendan no celebrar las reuniones que sirven para informar, en líneas generales, a los propietarios de viviendas de la situación de las cuentas y los distintos problemas que se pueden derivar de la convivencia en una comunidad.
La falta de un marco legal a la actual situación, pese a las muchas peticiones que se han realizado tanto a la administración regional como al Gobierno de España, dificultan la realización por otros medios al presencial de las juntas de propietarios. “No están prohibidas, ya que la limitación a seis personas en reuniones privadas responde a reuniones no regladas. Estamos recomendando no celebrar juntas porque la situación invita a ser todo lo prudentes que se pueda ser. Además, pueden ser fácilmente impugnables, porque un propietario está en cuarentena, porque no puede asistir por miedo al contagio…”, señala Francisco Pérez, de Pérez y Espejo Asociados. “Estoy llamando para pedir el aplazamiento de las juntas, porque no me apetece mezclarme con mucha gente, cada uno con sus contactos. La gente no se toma demasiado en serio las medidas y no me apetece juntarme en estos momentos”, añade por su parte Soledad Cuartero, de Administración de Fincas Cuartero.
Ante el actual escenario, con una segunda ola en la Región más virulenta que la de marzo, los administradores de fincas han pedido que a las administraciones una suspensión de las juntas ordinarias de al menos seis meses. La suspensión conlleva una prórroga de los presupuestos, cargos o el mantenimiento de cuotas. Unas medidas que no tienen porqué alterar el discurrir normal de la comunidad de propietarios. “Para el funcionamiento diario, no es ningún problema” señala Pérez. “Mientas la comunidad esté saneada y con unas cuentas con cierta liquidez, no es mayor problema”, añade Cuartero.
Pese a que la mayoría de los propietarios entienden la situación, hay excepciones en las que se insiste en celebrar una junta por diferentes cuestiones, y es entonces cuando los administradores advierten de que no se hacen responsables. “Cuando se les obliga a firmar una nota en la que se hacen responsables de cualquier brote que pueda surgir a raíz de la junta, entonces se echan para atrás. Estamos funcionando por criterios de prudencia, no por que no queramos celebrarlas”, afirma Pérez. “Si es algo urgente, como me ha surgido a mí con dos juntas recientes a raíz de una obra, entonces la celebramos manteniendo todas las medidas de seguridad, pero estamos intentando no celebrarlas”, matiza Cuartero. “Además de la inseguridad, se hace muy incómodo hablar con la mascarilla, cuesta más entender a la gente, aún hace calor para llevarla”, añade.
La situación se ha venido sucediendo desde el pasado mes de marzo, cuando la covid-19 puso patas arriba la rutina de toda la sociedad. Sin embargo, los administradores de fincas se quejan de no haber tenido ningún amparo de las administraciones, ni del Gobierno de España ni del Gobierno regional. Por el momento, no están amparadas legalmente las juntas telemáticas, algo que podría ser una solución en un momento dado. “Nos han tenido olvidados. Somos un sector que maneja a una gran cantidad de gente, porque la gran mayoría de personas viven en comunidad. Pedimos un apoyo legal, porque esto es un problema legal”, afirma Pérez. “No hemos sentido ningún amparo, ni antes ni después de esta segunda ola”, corrobora Cuartero.
