Aunque me comprometí a no importunarles con mis escritos durante las vacaciones estivales, adjuro de mi compromiso y me dispongo a escribir sobre un tema, por supuestísimo de actualidad y con polémica incluida, como es el culebrón montado entorno al Rey emérito y sus efectos colaterales aprovechados por determinada casta política.
Si no fuera porque está en juego la estabilidad política, social y económica de todo un país, no me preocuparía demasiado contemplar un subidón como el que estamos padeciendo, debidamente coreado y encauzado, aprovechando una serie de acontecimientos sobre los que, en el futuro, comprobaremos su veracidad, pero sobre los que la opinión pública ya ha emitido sentencia.
Mi primera reflexión la dedico a la tan cacareada presunción de inocencia, pulverizada y hecha añicos, en toda su concepción y magnitud. Es una verdadera pena que en la sociedad de un país que se considera democrático y civilizado, no se respeten las normas y preceptos que ampara la Declaración Universal de Derechos Humanos, tan recurrida y defendida por aquellos que –cuando no les conviene- la relegan, y que es un principio fundamental al que tenemos derecho todos los ciudadanos que, en nuestro país (y lo digo con conocimiento de causa) no se cumple.
En segundo lugar, me quiero referir a la memoria histórica. Esa memoria, a veces demandada como una reivindicación pendiente que –se dice- mejoraría la salud democrática de nuestra sociedad, no solo abarca (como algunos piensan) los años de la infausta guerra incivil –incluyendo la posguerra- sino que comprende cualquier periodo de la historia que haya tenido un especial significado y trascendencia en la configuración del presente-futuro de España, como una nación integrada entre aquellas otras de nuestro entorno que disfrutan de regímenes democráticos plenamente reconocidos.
Y en este periodo, se quiera o no, está incluida la transición española, en cuyo tiempo se fraguó toda la estructura orgánica y fundamental para conseguir pasar de un régimen dictatorial a una plena democracia reconocida por todos los países democráticos y con calificación ‘cum laude’, dado que la transición se hizo en un tiempo record y sin recurrir a ningún levantamiento civil o militar, tan propio –por otra parte- de este tipo de “evoluciones”.
Como somos cortos de memoria (por eso necesitamos editar nuestra ‘memoria histórica’) hemos olvidado que España, en noviembre de 1975, era una dictadura con todos los resortes autoritarios en manos de una casta involucionista y retrógrada que copaba todas las instituciones y órganos de poder. Y esa misma estructura pasó a manos del Rey Juan Carlos, al fallecer Franco, quien heredó todas las prerrogativas procedentes del ‘ancien régime’, y quien, pudiendo haberse cruzado de manos y verlas venir, optó por renunciar a todos sus privilegios y al poder omnímodo recibido del dictador, para depositarlo en las manos del pueblo soberano (aunque, posteriormente, los partidos políticos se lo hayan apropiado para constituir una partidocracia pura y dura).
Nos hemos olvidado del papel que jugó el Rey en el difícil momento de la legalización del Partido Comunista, en España (en abril de 1977), cuando el ruido de sables en los cuarteles, todavía comandados por los jefes del ejército que había nombrado Franco, supusieron un momento álgido en el proceso de democratización emprendido.
Por no citar el ya tan manido 23 F, del año 1981, donde –a pesar de los culebrones publicados, nadie duda del rol atribuido a la Corona en el desmantelamiento de tan peligrosa asonada. Tampoco nos acordarnos de los innumerables beneficios obtenidos por las empresas de nuestro país en la captación de grandes contratos e introducción de nuestras tecnologías, y que se vieron favorecidas por las extraordinarias relaciones internacionales del Rey, por más que, ahora, sea este uno de los puntos calientes en los que se apoya la campaña emprendida, y a lo que la justicia tendrá que dar verosimilitud en el seno de una investigación seria y de un juicio ecuánime al que, por cierto, todos tenemos derecho.
Aquí se ha montado una cacería (al socaire de la afición del anterior monarca) pero, en este caso, contra su persona, aunque realmente (y nunca mejor dicho) se está dirigiendo en contra de la propia institución. No pretendo justificar, en modo alguno, la presunta comisión de algún tipo de delito que se hubiera podido cometer, por parte de Don Juan Carlos, a lo largo de su reinado. Tan solo deseo defender mi punto de vista, basado en la presunción de inocencia y en la confianza en nuestro sistema judicial.
Dejemos que la justicia haga su trabajo que, aunque lento, sabemos goza de los principales atributos basados en la profesionalidad y en la independencia, que les ha caracterizado durante todo este periodo democrático. Y cuando finalice y se emita sentencia, yo seré el primero en acatarla y, entonces sí, en criticar lo que sea criticable. Pero mientras tanto, por favor, seamos condescendientes con alguien que ha hecho mucho por un país, por el que –algunos de los que ahora se rasgan las vestiduras- en su día no cogieron el hilo y la aguja para zurcir el roto que se le estaba haciendo a España.
En el fondo de la cuestión, la disyuntiva Monarquía / República, es lo que verdaderamente subyace tras todo este culebrón, y es algo que, no deja lugar a dudas, está en la médula de esta operación de acoso y derribo del actual régimen. Pero esto es harina de otro costal y algo de lo que trataré en mi próximo artículo…
