El Gobierno sigue con su agenda ideológica, como si el país no tuviera otras prioridades. Vuelve a agitar al espantajo de Franco para tapar el paro y las colas del hambre. La futura Ley de Memoria Democrática nace para mantener viva la confrontación entre los españoles
MURCIA. Preferiríamos no hacerlo, pero no nos dejan vivir en paz, así que aceptamos el envite e iremos a la guerra cultural. Hay que plantarles cara porque está en juego nuestra libertad de expresión. Les enseñaremos los dientes. Combatiremos. Así lo ha querido el señor Iván Redondo. En los años que me quedan de vida no quiero ser un ciudadano de segunda por mis ideas, un proscrito por no comulgar con la verdad oficial que impone la izquierda iletrada y sectaria.
El Gobierno calamidad ha recuperado su agenda ideológica, en lugar de centrarse en combatir la crisis sanitaria y económica del país. La semana pasada aprobó el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática. Con ella busca echar más sal en la herida de la guerra civil con el pretexto de hacer justicia a las víctimas del franquismo, a las que utiliza en provecho propio.
Con su historia negra, el socialismo español no puede erigirse en juez de nadie, y mucho menos condenar a la mitad del país que no comparte sus ideas
El Gobierno manipula el pasado porque nada tiene que ofrecer para el futuro. Ni una medida efectiva ha propuesto para sacar a España del atolladero. Ellos van a lo suyo, a agitar de nuevo el espantajo de Franco como maniobra de distracción para ocultar el colapso económico, el desastre educativo y las colas del hambre.
La Ley de Memoria Democrática, continuación de la aprobada por Zapatero en 2007, quiere hacer pasar por norma lo que es que ideología y propaganda. Su propósito es imponer una sola verdad sobre los hechos más dolorosos y controvertidos de la historia de España en el siglo XX. Aquel que no comulgue con esta versión oficial se le aplicará la muerte civil y, si esto no fuera suficiente, el Código penal.
No tuvieron bastante con la exhumación de Franco, retransmitida como si el hombre hubiera llegado de nuevo a la luna, que ahora quieren imponer su verdad histórica en los institutos, echar a los benedictinos del Valle de los Caídos y nombrar a un perro fiscal para perseguir y multar a todo el que defienda algún aspecto positivo del franquismo, que me imagino que lo tuvo, ya que el dictador fue derrocado en la cama. Quieren prohibir la Fundación Francisco Franco pero no el PCE, responsable de tantos crímenes en la guerra civil, ni ERC, un partido de dilatado golpismo contra las instituciones democráticas de la II República y la monarquía de Felipe VI.
Pero decíamos que íbamos a ir a la guerra cultural, con permiso de Antonio Gramsci. Y empezaremos, en este artículo, haciendo la memoria histórica del Psoe.
Con sus 140 años de vida, este partido tiene, obviamente, sus luces y sombras. Como ellos se ocupan de magnificar las luces, me ceñiré a recordar sus sombras para demostrar que el Psoe carece de autoridad para ajustar cuentas con el pasado.
El Psoe fue fundado por el tipógrafo Pablo Iglesias, que llegó a amenazar de muerte al entonces jefe de Gobierno, Antonio Maura, en 1910. Años después, los socialistas apoyaron la dictadura del general Primo de Rivera, admirador de Mussolini y padre del fundador de Falange Española. Una parte del Psoe se prestó a la maniobra de Primo de Rivera para perseguir a los anarquistas de la CNT. Francisco Largo Caballero llegó a formar parte del Consejo de Estado del dictador. Si han sido siempre un partido democrático, ¿por qué apoyaron la dictadura de Primo en la que a muchos sindicalistas le aplicaron la criminal Ley de Fugas de Martínez Anido?
En la II República el Psoe, con la excepción de los reformistas de Julián Besteiro, protagonizó una insurrección contra el Gobierno de Lerroux, elegido en las urnas, porque dio entrada a tres ministros de la CEDA. Tenían mal perder, como ahora. El Psoe, con Indalecio Prieto al frente, participó en la revolución de Asturias, en la que empleó la violencia para tomar el poder en 1934, objetivo en el que fracasó.
Después de las elecciones de febrero de 1936, ganadas por el Frente Popular con múltiples irregularidades, Largo Caballero incitó a la guerra civil. La solución era, a su juicio, la dictadura del proletariado.
El 13 de julio un guardaespaldas de Prieto asesinaba a José Calvo Sotelo, uno de los líderes de la oposición. El Gobierno prometió investigar el crimen pero no hizo nada.
Durante la guerra civil, el socialista Juan Negrín vació de oro el Banco de España en pago a la ayuda prestada por Stalin. Es uno de los muchos episodios de corrupción que jalonan la historia del socialismo español.
El Psoe desapareció durante los cuarenta años de dictadura. Mientras comunistas y anarquistas eran torturados y asesinados, ellos se tomaron unas largas vacaciones. Muerto Franco, el Psoe renovado de Felipe y Guerra fue la opción favorita de la CIA y Willy Brandt para neutralizar al PCE como fuerza hegemónica de la izquierda.
Los gobiernos de González, que tuvieron indudables méritos, fueron acusados de practicar el terrorismo de Estado con los GAL y de consentir y alentar la corrupción a escala generalizada (casos Filesa, fondos reservados, BOE, Ibercorp, etc.). La gestión de la Junta de Andalucía en manos de socialistas puede ser comparada a la cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones. Tal vez nos quedamos cortos. Ninguno de los principales condenados por el caso de los ERE ha pisado aún la cárcel.
Por último, Zapatero y el maniquí, además de buscar la confrontación entre españoles por oportunismo electoral, han llevado al país a dos descalabros económicos de proporciones inéditas, con la liquidación de gran parte del tejido productivo nacional y la muerte a plazos de la clase media.
Vista su historia negra, abonada de corrupción, autoritarismo y violencia, el socialismo español no puede erigirse en juez de nadie, y mucho menos condenar a la mitad de la población que no comparte sus ideas. El Psoe actual es heredero de lo peor de su historia, del radicalismo de Largo Caballero, el llamado Lenin español.
En esta larga y cruenta guerra cultural es urgente recordar las páginas innobles del socialismo español antes de que sea demasiado tarde, y un fiscal nombrado por doña Lola Delgado pida nuestro ingreso en Picassent por discrepar de un régimen que camina hacia el totalitarismo.