El analista traza el camino hacia la reforma de la UE para construir un sistema financiero que respalde el crecimiento sostenible
MADRID. El Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea es un marco regulatorio centrado en la sostenibilidad propuesto para gestoras de activos, aseguradoras y fondos de pensiones. Se lanzó el año pasado y está diseñado para implementarse a lo largo de un periodo de varios años, hasta 2022 en el caso de sus elementos principales y más allá de 2023 para medidas más concretas. Una de sus propuestas clave es la creación de un marco específico sobre sostenibilidad, concentrado sobre todo en actividades relacionadas con el medioambiente.
Aunque esto debería considerarse como un primer paso sustancial en la dirección correcta, un examen más detallado del marco revela lagunas en las definiciones, metodologías y ámbito de aplicación que amenazan con limitar su efectividad de no corregirse. El objetivo de la Unión Europea de construir un sistema financiero que respalde el crecimiento sostenible tiene su origen en dos acuerdos internacionales históricos alcanzados en 2015: la Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y el Acuerdo de París sobre cambio climático (CMNUCC). Aunque persiguen objetivos distintos, ambos acuerdos representan un compromiso internacional a largo plazo con la transición de la economía mundial hacia un modelo sostenible, con un empleo eficiente de los recursos y bajas emisiones de carbono.
El Plan de Acción propuesto más adelante por la Comisión Europea es un marco regulatorio prescriptivo con tres objetivos principales:
Aunque la intención de este marco es abordar el ecosistema de la inversión en su totalidad, es especialmente relevante para las gestoras de activos y los inversores institucionales, dada su mayor influencia sobre los flujos de capital, el gobierno corporativo y las prácticas de negocio. No obstante, un examen detallado de la propuesta revela lagunas significativas en el marco. Las definiciones clave son incompletas o no consideran sutilezas de industrias o subsectores concretos, existe una falta de pericia sectorial en los grupos que toman las decisiones, y el ámbito de aplicación del marco está limitado únicamente al cambio climático.
La Comisión deberá abordar estos problemas para no mermar la efectividad del marco o crear consecuencias imprevistas para inversores y empresas. La Comisión reconoce que existen incongruencias en cómo los Estados miembros definen “actividad ambientalmente sostenible”, lo cual puede dificultar la imposición de un marco amplio dirigido a fomentar la sostenibilidad. Por consiguiente, ha proporcionado un conjunto de criterios estandarizados (taxonomía) que pueden emplearse para definir lo que son “actividades sostenibles” con independencia de las fronteras nacionales. Sin embargo, esto no logra cubrir todos los sectores de actividad.
En su análisis, la Comisión admite incluso que existen industrias de alto riesgo y sectores debatibles en los cuales todavía no se ha puesto de acuerdo sobre lo que se considera verde o sostenible. La energía nuclear, por ejemplo, todavía es objeto de debate. El uso de esta fuente energética ha polarizado a grandes partes de Europa.
En Francia, la opinión pública es por lo general favorable hacia el sector y las centrales nucleares siguen siendo una importante fuente de electricidad en el país. Su vecina Alemania, en cambio, ha venido reduciendo su número de plantas nucleares desde 2011 y tiene previsto eliminar por completo la energía nuclear en la próxima década. El hecho de que dos de los estados miembros más influyentes de la UE tengan posturas tan contrarias sobre esta industria evidencia las dificultades a la hora de definir la taxonomía. ¿Es la energía nuclear beneficiosa para el medioambiente? ¿Es verde? ¿Es sostenible? Antes de imponer un marco para toda regulación futura sobre el conjunto del mercado, la Comisión deberá ponerse de acuerdo y tener respuestas claras sobre estos temas, además de asegurar que su taxonomía cubre todos los sectores de actividad y sus matices asociados.
Para asistir en el desarrollo e implementación del marco, la Comisión creó un grupo de expertos técnicos (TEG) responsable específicamente de definir la taxonomía, los criterios climáticos y varias divulgaciones. El grupo se compone de 35 miembros de la sociedad civil, el mundo académico, los negocios y las finanzas, así como observadores de la UE y de organismos internacionales.
El TEG tiene una influencia significativa sobre grandes aspectos del marco, con lo que puede resultar preocupante que sus miembros no sean especialistas sectoriales, sino profesionales ESG. Aunque la Comisión afirma consultar a expertos sectoriales externos, su infrarrepresentación en el principal grupo de toma de decisiones sobre el marco ha dado pie a una oposición justificada. Por ejemplo, los grupos de presión que representan a la industria forestal han calificado a la taxonomía del TEG como demasiado simplista, alegando que no refleja con precisión lo que ocurre en la práctica.
Es probable que este escenario sea aplicable igualmente a otros sectores. Aunque el TEG consulta con varios grupos externos sobre ciertos temas, creemos que entre sus miembros deberían figurar más expertos sectoriales. Esto aseguraría que el TEG comprende plenamente las sutilezas de distintos sectores y mejoraría la eficacia del marco.
El objetivo de la UE de transición hacia una economía sostenible, con un empleo más eficiente de los recursos y bajas emisiones de carbono, requiere un marco que abarque todo el espectro de riesgo ESG. Por desgracia, el Plan de Acción sobre finanzas sostenibles lo hace parcialmente, al concentrarse solo en actividades e impactos relacionados con el clima. Aunque el cambio climático es un tema sin duda importante, la práctica ausencia de aspectos “sociales” y de “gobierno corporativo” hace que el Plan de Acción no pueda considerarse como un marco ESG. Incluso en el aspecto “medioambiental” se excluyen cuestiones relevantes como el agua y la biodiversidad.
Construir un marco legislativo que se concentre exclusivamente en un tema concreto puede tener repercusiones imprevistas para los inversores y las empresas. Por ejemplo, si la Comisión introduce normativas en el mercado que se concentran solamente en el cambio climático, los inversores podrían minimizar otros temas importantes (por ejemplo sociales y de buen gobierno).
Los equipos ESG dejarían de ser lo que son para convertirse en equipos climáticos, lo cual podría exponer las carteras de inversión a mayores riesgos en áreas ajenas al cambio climático. Esta concentración exclusiva también podría ser problemática para las empresas, que al ver cómo los inversores se concentran en el cambio climático responderían dedicando recursos a mejorar sus comunicaciones y divulgación de información sobre cuestiones climáticas. Esto podría ser a expensas de mejoras en otras áreas (movilidad social, desigualdad, calidad de producto, etc.), que pese a ser importantes no recibirían la atención que merecen. Esto pone de relieve la responsabilidad de los inversores de concentrarse en todos los riesgos de importancia y de dedicar recursos a evaluarlos de forma acorde.
En resumen, el Plan de Acción sobre finanzas sostenibles de la Comisión Europea propone un marco legislativo ambicioso que alinea al sector financiero con el objetivo del crear una economía sostenible. No obstante, dicho marco tiene varios problemas que deberán resolverse antes de que los cambios regulatorios entren en vigor: aún deben acordarse definiciones clave, los grupos de expertos técnicos carecen de la pericia técnica necesaria para comprender las realidades de sectores concretos, el ámbito de aplicación del marco se ha limitado para concentrarse en un solo aspecto ESG. La Comisión deberá abordar estas carencias si desea construir un marco legislativo integral ESG para inversores y empresas.
Joshua Kendall es analista ESG en Insight Investment
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