Me he equivocado y no volverá a ocurrir

Pues ha vuelto a ocurrir, y se ha vuelto a equivocar. Sin embargo, la cuestión no es que se haya equivocado y que haya vuelto a ocurrir. Lo realmente importante es si las equivocaciones tienen consecuencias y, si estas consecuencias son iguales para cualquier ciudadano. Pues parece ser que no.

Todos recordaremos que el 13 de abril de 2012 un ciudadano español se encontraba disfrutando de un safari asesinando elefantes en Botsuana y, la fatalidad quiso que se rompiera la cadera. El viaje de regreso lo realizó en avión privado, y rápidamente fue trasladado a un hospital, también privado, donde de forma inmediata fue intervenido.

Ni por un momento este ciudadano podía pensar que este inocente incidente tuviera la repercusión que tuvo. Mientras disfrutaba de la cacería, la gran mayoría de españoles soportaban una despiadada crisis económica. El paro, los desahucios, la pobreza, dificultades para poder subsistir, hacían que la situación fuera dramática para muchas familias. El pueblo, que es donde el artículo 1 de la Constitución nos dice que reside la soberanía, se alzó para recriminar la actitud de este ciudadano.

Sin embargo, preso de esta situación, este ciudadano se vio obligado a pedir disculpas. Con cara acontecida, se disculpó públicamente diciendo: “Lo siento. Me he equivocado y no volverá a ocurrir”. Como podía intuirse, y así se ha demostrado posteriormente, no fue merecedor del perdón de la ciudadanía, ya que el arrepentimiento no fue sincero.

Pues bien, ¿dónde está la noticia? Hasta ahora todo es normal y razonable. No parece que haya acontecido nada merecedor de ser reseñado. Sin embargo, PSOE y PP salieron en defensa de este ciudadano, corrieron un tupido velo, y miraron para otro lado. El Gobierno lo justificó afirmando que el viaje de este ciudadano no supuso "ningún gasto extraordinario o imprevisto". Efectivamente, fue un empresario representante de los intereses de este ciudadano en Arabia Saudí quién lo invitó.

Y es aquí donde nos preguntamos quién es este ciudadano para que tenga tanta repercusión su accidente, para que lo inviten a la cacería, para ser operado, no en la sanidad pública donde van los ciudadanos de a pie, sino en la privada y, para que salgan a defenderlo los dos principales partidos políticos y el gobierno. Este ciudadano no era ni más ni menos que el Rey de España, D. Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias.

Quienes sí que se hicieron eco del descontento de la ciudadanía fueron ERC, quien reprochó que no hubiera recurrido a la sanidad pública, afirmando que “demostraba el grado de desintegración moral de la monarquía”. Y también IU, quien afeó su acción al decir que “demostraba una falta de ética y respeto a mucha gente en este país que está sufriendo mucho”. Para acallar este descontento se vio obligado a abdicar en su hijo, D. Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y de Grecia.

Pues bien, ocho años después se ha demostrado que su arrepentimiento no era sincero. El pasado 15 de febrero, el diario The Telegraph destapaba la noticia de que el Rey Emérito era el primer beneficiario de una donación irregular de 100 millones de dólares, a una cuenta en Suiza de la fundación Lucum, domiciliada en Panamá. Presuntamente, el origen de esta donación en 2008 habría que atribuírselo al Rey de Arabia Saudí, por el presunto pago de unas comisiones por su intermediación en la concesión a un consorcio de empresas españolas del AVE a la Meca. Por ese motivo, el Rey Emérito, comenzó a ser siendo investigado por la fiscalía suiza por blanqueo de capitales. Además, 65 millones de esa supuesta comisión habrían ido a parar en 2012 a la presunta amante del rey, Corinna Larsen, siendo aún jefe de Estado.

Y por si no fuera suficiente, presuntamente habría otra fundación donde el Rey Emérito sería beneficiario, Zagatka. Esta fundación a nombre de su primo, presunto testaferro, durante 11 años pagó varios millones en vuelos en aviones privados. A este respecto, The Telegraph indica que esta fundación recibió en una cuenta suiza una comisión de 50 millones de francos suizos por la intermediación de la desastrosa venta del Banco Zaragozano al Barclays.

Estos hechos parecen confirmar lo señalado por la presunta ex amante del Rey Emérito, Corinna Larsen. La aristócrata, en unas conversaciones grabadas por el excomisario, actualmente en prisión, José Manuel Villarejo, ponía de manifiesto el cobro de comisiones del Rey Emérito y las cuentas suizas. Además, habría denunciado amenazas y coacciones por parte del Rey Emérito.

La historia se repite. No habríamos sabido nada de esta situación, si no fuera porque el pasado 5 de marzo de 2019, el despacho de abogados de Corinna, envió una carta a la Casa del Rey y a las autoridades competentes donde indicaban que el Rey Felipe VI figuraba como beneficiario de la Fundación Lucum. Ante esta situación, el pasado 15 de marzo el Rey Felipe VI se vio otra vez obligado, ante las noticias difundidas por The Telegraph, a emitir un comunicado oficial donde manifestaba no tener conocimiento de ser beneficiario, renunciando a la herencia que le pudiera corresponder tanto a él como a la Princesa de Asturias de la Fundación Lucum, así como cancelar la asignación de 194.332 euros de los fondos públicos.

Esta situación nos recuerda lo acontecido en 2014 en el caso Nóos, cuando el Rey Felipe VI también se vio obligado a apartar a la Infanta Cristina de Zarzuela. Tras uno de los juicios más mediáticos y controvertidos de nuestra historia, se emitió una sentencia muy favorable a los intereses de la Monarquía. Por un lado, Iñaki Urdangarín fue condenado a un tercio de la petición de la fiscalía, tras no aceptar gran parte de las acusaciones. Y, la Infanta fue exculpada como cómplice de su marido al “no haber resultado acreditada su participación” puesto que “desconocía la existencia de los delitos y no participó en su ejecución”. Parece ser que el argumento utilizado por su defensa, “lo hizo por amor”, dio resultado. La Monarquía vio cumplidos sus deseos, que por nada del mundo la Infanta fuera condenada y, muchísimo menos que pisara la cárcel.

Ahora bien ¿Cómo es posible que la Infanta Cristina no tuviera conocimiento y no participara, si pagó gastos personales con la tarjeta de una sociedad de propiedad conjunta, Aizoon, a la que se desviaban los fondos de Nóos? Con esa tarjeta se pagaron clases de baile, celebraciones de cumpleaños de sus hijos, safaris, gastos del palacio donde residen, la compra, el servicio doméstico… Un caso sin precedentes donde el Juez, José Castro, tuvo que soportar las presiones de la fiscalía que, en vez de hacer su papel habitual, se convirtió en defensora de la Infanta. El juez Castro, tras ser emitido el fallo, afirmó que el tribunal había sentenciado que “la Infanta Cristina era una mujer florero”, extremo con el que, recalca, no está en absoluto de acuerdo. También llamó poderosamente las reacciones de los partidos políticos. Mientras Podemos, ERC e Izquierda Unida consideraban las penas insuficientes y criticaban la exoneración de la Infanta Cristina, PP, PSOE y Ciudadanos se mostraban de acuerdo con la misma. ¿Si hubiese sido un ciudadano cualquiera el trato recibido hubiese sido el mismo? Yo creo que no.

Pues parece ser que este escenario vuelve a repetirse. Si en marzo de 2019 el Rey Felipe VI era conocedor de las irregularidades de ambas fundaciones, ¿por qué no informó inmediatamente y hemos sido conocedores de estos gravísimos hechos casi un año después?, ¿por qué tuvo que ser un medio de comunicación británico el que nos informara?, ¿por qué ha sido la fiscalía anticorrupción suiza la que comenzara a investigar estos hechos?, ¿por qué ha sido casi un año después cuando ha condenado al ostracismo institucional a su padre? En línea con la opacidad y defensa a ultranza de la Monarquía de la mayoría de nuestros partidos políticos, medios de comunicación, instituciones judiciales y tributarias, se volvió a correr un tupido velo.

Todos somos conocedores de las diversas ocasiones en que la Mesa del Congreso ha rechazado crear una Comisión que investigue estos hechos. Gracias a los votos de PSOE, VOX y PP, las iniciativas presentadas por Unidas Podemos, ERC y el Grupo Plural, no han prosperado. Mientras los primeros argumentaban que no era necesario porque la justicia española se encontraba investigándolo y que no llevaría a ningún sitio debido a la inviolabilidad de la figura del Rey, los segundos consideraban que “no se puede apelar permanentemente a la inviolabilidad del Rey para que tenga un privilegio diferente a cualquier otro ciudadano del país”.

Un aspecto que ha vuelto a jugar en contra de la monarquía ha sido que este hecho se ha conocido en uno de los peores momentos que ha tocado vivir a la ciudadanía española. La crisis sanitaria del coronavirus. No es necesario decir lo salvaje y demoledora que está resultando esta crisis sobre lo más preciado de una persona, su vida. Estamos viviendo la escasez de equipamiento médico, el descomunal sacrificio de nuestro personal sanitario público, y recalco lo de público, que ha estado y está desde el principio ahí arriesgando su vida, la decisión de quien debe ser atendido o no, la falta de camas… Algo dantesco. Y, como reconocimiento a su labor y sacrificio, de forma espontánea una iniciativa popular ha hecho que salgamos a los balcones de nuestras casas para aplaudirles y agradecer su esfuerzo.

Como respuesta al comportamiento incívico y delictivo de nuestra Monarquía, de nuevo la ciudadanía no ha permanecido ajena a esta situación y ha respondido de forma contundente. El día del discurso del Rey, de nuevo paternalista, condescendiente e improductivo, la ciudadanía también salió a sus balcones para solicitar al Rey Emérito que esos 100 millones de euros sean entregados para la adquisición de material médico para la crisis. Más vale que el discurso se hubiera destinado a explicarnos, mirándonos a la cara de todos los españoles, lo sucedido. Ni el Felipe VI, ni el Rey Emérito se han dignado a darnos explicaciones. Ni se ha hecho, ni se va a hacer. Escudándose en esta crisis, esperarán a que todo pase. Este la justificación que han argumentado los grupos políticos y algunos medios de comunicación para defender a capa y espada la Monarquía y obviar este asunto.

No todos los ciudadanos somos iguales ante la Ley, lo cual es lo más antidemocrático que puede existir. En la actualidad no se concibe que pueda existir discriminación por razón de tu nacimiento, pudiendo recibir ciertos ciudadanos un trato privilegiado con respecto al resto. Pues así es, y se encuentra recogido en el artículo 56.3. de la Constitución, que atribuye a un ciudadano español, el Rey, ser inviolable y que su actuación no está sujeta a responsabilidad ¿Un ciudadano español puede ser inviolable, aunque haya cometido hechos delictivos?

Y ya que se ha hecho mención a la Constitución Española, para terminar, quisiera reseñar algunos preceptos establecidos por nuestra Carta Magna que entrarían en contradicción con el privilegio atribuido a este ciudadano y ponen de manifiesto lo caduca que es la Monarquía.

Artículo 1. “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.”

Artículo 14. “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”

Artículo 61. “El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.”