MURCIA (EP). Más de quince antiguos cargos públicos de Ciudadanos se han incorporado a gobiernos autonómicos y municipales del Partido Popular en los últimos meses o han sumado sus votos a los del los 'populares' para conformar mayorías en las instituciones en contra de las directrices de la Ejecutiva de Inés Arrimadas.
Estos movimientos, desencadenados en parte por la crisis en Cs derivada de la moción de censura fallida del pasado marzo contra el presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, han fortalecido o consolidado al PP y han reducido la representación de la formación naranja en Parlamentos autonómicos y Ayuntamientos.
En el Ayuntamiento de Murcia, Ciudadanos aludió a presuntas prácticas corruptas del PP para romper con su socio y, aliándose también con los socialistas, logró sustituir al alcalde José Ballesta (PP) por José Antonio Serrano (PSOE). En cambio, la moción de censura contra el presidente autonómico no prosperó porque este llegó a un acuerdo con tres de los seis diputados de Cs para que votaran en contra.
Esos tres diputados son ahora miembros del Gobierno del PP: Isabel Franco, que ya era vicepresidenta en el Ejecutivo de coalición y continúa en el cargo, y los consejeros Francisco Álvarez y Valle Miguélez.
A ellos se han sumado Antonio Sánchez Lorente, anteriormente secretario general en la Consejería de Franco y actualmente consejero, y varios altos cargos que, como María Isabel Fortea, continúan bajo el mando de López Miras pese a que Ciudadanos les ordenó que abandonaran sus puestos tras la fallida moción de censura. Además, Cs tampoco cuenta ya con Alberto Castillo, el presidente de la Asamblea Regional, que se abstuvo en aquella votación.
El primer territorio afectado por lo ocurrido en Murcia fue la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP), puso fin a la coalición de gobierno con Cs y convocó elecciones anticipadas, las cuales reforzaron al PP y dejaron a la formación naranja sin representación parlamentaria.
Algunos de los primeros en abandonar el barco de Arrimadas fueron los diputados Marta Marbán y Sergio Brabezo, que concurrieron a los comicios madrileños con el PP y han logrado conservar sus escaños. Esto mismo hizo, unos meses antes, la que fuera portavoz de Ciudadanos en el Senado y en el Parlament de Cataluña, Lorena Roldán, que antes de las elecciones de febrero se unió al PP como 'número dos' de la lista por Barcelona.
Su excompañero de Ciudadanos Toni Cantó, que era el portavoz del partido naranja en Les Corts Valencianes, no pudo incorporarse a la candidatura 'popular', pero Díaz Ayuso le ha colocado al frente de la Oficina del Español.
Además, Marta Rivera, exmiembro de la Ejecutiva de Cs que se dio de baja del partido, repite como consejera de Cultura y Turismo, y Patricia Reyes, exdiputada en el Congreso que también puso fin a su afiliación, es la nueva directora general de Igualdad de la Comunidad de Madrid.
El año pasado, con posterioridad a la elección de Arrimadas como nueva presidenta de Ciudadanos y antes de que se produjera el terremoto político de Murcia, hubo algunos cargos del partido en ciudades importantes que se unieron al PP en casos que Cs ya calificó de transfuguismo.
Ocurrió en Málaga con Juan Cassá, que, tras abandonar Ciudadanos y quedarse como concejal y diputado no adscrito en el Ayuntamiento y en la Diputación Provincial, ha contribuido a apuntalar al PP en estas instituciones a cambio de ostentar dos cargos.
Asimismo, en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la concejal Evelyn Alonso ayudó el pasado julio a que Coalición Canaria recuperara la Alcaldía al apoyar, junto a este partido y al PP, la moción de censura que apartó del cargo a la socialista Patricia Hernández. Esto le valió a Alonso la expulsión de Cs, aunque después un juzgado anuló esta decisión del partido.
Y en Galicia, el pasado febrero, la única representante de Ciudadanos en la Diputación de Ourense, Montserrat Lama --que previamente había estado en el PP--, dejó este partido y se unió al grupo de no adscritos anunciando que llegaría a acuerdos para garanatizar la estabilidad del Gobierno provincial, dirigido por el 'popular' Manuel Baltar.
En Andalucía y Castilla y León, las dos únicas comunidades donde gobierna actualmente Cs, tras perder el poder en Murcia y en Madrid, el interés de los de Arrimadas es garantizar la continuidad de ambos Ejecutivos de coalición con el PP.
Sin embargo, en Granada la relación entre ambos se ha tensado a raíz de la disputa en torno a la Alcaldía, ostentada hasta este viernes por Luis Salvador, de Ciudadanos, que ha acabado renunciando a ella al contar únicamente con el apoyo de otro concejal de su partido.
A principios de junio, los otros dos ediles de Cs --Manuel Olivares y Lucía Garrido-- y los siete del PP salieron del equipo de gobierno local porque los 'populares' aseguraban que les tocaba a ellos asumir la Alcaldía en la segunda mitad de la legislatura mientras que Salvador, respaldado por su partido, decía que no existía tal acuerdo.
La situación de debilidad en la que se encuentra Ciudadanos desde su hundimiento en las elecciones generales de noviembre de 2019 --cuando se quedó con solo diez diputados en el Congreso--, agravada por el fracaso en los comicios de Cataluña y Madrid y la crisis en Murcia, ha generado inestabilidad en muchos de sus grupos institucionales por toda España.
Así, el grupo parlamentario en las Cortes Valencianas y los grupos municipales en los Ayuntamientos de Jaén y Tarragona se han roto después de que algunos de sus miembros abandonaran el partido, mientras que en Albacete y en la Asamblea de Extremadura, la dirección nacional de Cs ha tenido que lidiar con rebeliones internas.
Ante sus problemas en comunidades autónomas y Ayuntamientos por la falta de lealtad de algunos de sus cargos, en muchos casos la dirección nacional de Ciudadanos ha apuntado directamente a 'Génova', por su operación para atraer al PP a cargos del partido naranja.
Dan por hecho que para esta tarea los 'populares' cuentan con la valiosa ayuda del exsenador y exsecretario de Organización de Cs Fran Hervías, que dejó de militar en la formación naranja el pasado marzo para ser contratado como asesor por el PP.
Además, en Ciudadanos sostienen que si el partido liderado por Pablo Casado abandonó el pasado 15 de junio el Pacto Antitransfuguismo, fue para poder seguir "utilizando a tránsfugas" de Cs o de otras formaciones, en palabras de su vicesecretario general y portavoz adjunto en el Congreso, Edmundo Bal.