La Federación de Enseñanza de Comisiones y Sterm coinciden en que hace falta contratar más profesores para reducir las ratios en las aulas y en que se ha dejado toda la responsabilidad a los centros
MURCIA. No se ha hecho esperar y al protocolo sanitario para el curso 2020-21 presentado recientemente por la Consejería de Educación le ha caído una lluvia de críticas por parte de los sindicatos educativos. Por separado, pero coincidiendo en muchas de sus objeciones y demandas, la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en la Región de Murcia y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de la Región Murciana (Sterm Intersindical) han hecho público su desacuerdo con un protocolo que, dicen, no ha estado consensuado por gran parte de la comunidad educativa, no contempla la contratación de más profesores para reducir las ratios de las aulas y deja toda la gestión y responsabilidad en los propios centros y sus equipos directivos.
"Indignación" es lo que ha manifestado sentir Comisiones ante este protocolo elaborado por una comisión mixta de las consejerías de Educación y Salud con criterios estrictamente técnicos de índole sanitaria -según indicó la consejera, Esperanza Moreno-, con recomendaciones y directrices para la prevención y actuación frente a la covid-19 en los centros educativos durante el próximo curso escolar.
Para empezar, el sindicato ha indicado -a través de un comunicado- que la Consejería ha elaborado este documento "al margen de la necesaria negociación con las organizaciones sindicales, como viene siendo norma, eludiendo la incidencia que la prevención necesaria provoca en las condiciones de trabajo para los miembros de la comunidad escolar y la necesidad de hacer frente a esas nuevas situaciones".
Considera la Federación de Enseñanza que "el documento carece de medidas de carácter educativo", que son competencias de la Consejería, y no entiende que "si el distanciamiento físico es un criterio esencial en la prevención de contagios" no se aborden temas como "la reducción de ratios por grupo y la creación de nuevos espacios en los centros o en centros anexos adaptados, en colaboración con todas las Administraciones".
"Todo ello supone la contratación de personal docente y de administración y servicios complementario para dar solución a estas nuevas condiciones. Sin embargo, la consejera de Educación no se compromete a poner sobre la mesa los recursos necesarios", señalan. Y añaden que "nos parece una enorme irresponsabilidad y una dejación de funciones abrir los centros escolares sin acometer siquiera un mínimo de actuaciones en términos de ratio, plantilla o modificación de condiciones de trabajo".
Esto supone, a juicio de CCOO, que "la Consejería, una vez más, deja todo el trabajo y toda la responsabilidad a los centros y a sus equipos directivos". Dicen al respecto, y por poner un ejemplo, que "ningún equipo directivo puede contratar un servicio de limpieza para su centro", por lo que "le será imposible aplicar el refuerzo de labores de limpieza previsto en la guía".
Otra muestra de la "difícil aplicación" del protocolo es, en opinión del sindicato que "la guía carece de dotación presupuestaria para estas medidas complementarias". De esta forma, "volvemos al problema inicial: asumir más gastos con el mismo presupuesto". Ese el debate y no otros, apuntan.
También es ese sentido se ha manifestado el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de la Región Murciana (Sterm Intersindical), que ha pedido a la Consejería de Educación que establezca un "diálogo real" con la comunidad educativa para establecer medidas con las que garantizar un inicio del curso 2020-2021 en condiciones de seguridad y sin dejar a ningún alumno atrás. Para ello, han exigido en rueda de prensa un "refuerzo presupuestario" y de medios materiales y humanos, tal y como informa Europa Press.
En concreto, Sterm Intersindical estima que un aumento de un 10% de la plantilla docente, aunque sea de forma paulatina, permitiría cumplir muchas de estas medidas, como la reducción de ratios de alumnos por aula, la disminución de horarios lectivos o que haya desdobles para poder atender de manera más específica al alumnado. Esto supondría incorporar 2.000 docentes a la plantilla actual, compuesta por 20.000 profesores.
Así lo han hecho saber los miembros del secretariado de Sterm Intersindical, José Manuel Fernández, Esperanza Martínez y Cinta Gómez, quienes han presentado un documento con 25 propuestas para la puesta en marcha del curso 2020-2021. Estas medidas incluyen propuestas desde sanitarias a organizativas, como el teletrabajo o la conciliación. "Son cosas esenciales para garantizar que ningún estudiante se quede atrás y garantizar la seguridad en las aulas", ha indicado Fernández.
En cuanto a la guía para el inicio del curso, aseguran que "vuelve a dejar toda la responsabilidad sobre los equipos directivos y el claustro, con medidas de más que difícil aplicación", ha aseverado. Además, exigen que se modifique "el actual paradigma de la Consejería" de adoptar "medidas al coste cero". Frente a ello, piden un "compromiso presupuestario para impulsar estas medidas" y, por ejemplo, piden abordar con detenimiento la readaptación de espacios y horarios.
En este sentido, Sterm se muestra en contra de que se delegue en los centros la sustitución de espacios "de primer orden" como gimnasios o bibliotecas para reconvertirlos en aulas. Al contrario, el sindicato apuesta por un plan en el que se recuperen centros educativos que se han ido cerrando en los últimos años. Incluso, se muestran dispuestos a repartir el alumnado en la red de centros públicos para que los centros masificados dejen de estarlo, pero siempre con el objetivo de reducir las ratios.
En lo que respecta a los contenidos, creen que "no podemos trasladar lo que no se ha dado y ponerlo en este curso, sino que hay que hacer un análisis más exhaustivo y dar homogeneidad a las evaluaciones". Asimismo, cree que los servicios de transporte y comedor "deben de garantizarse con las suficientes medidas preventivas".
Además, han lamentado que este curso "tan anómalo" haya concluido con el "cierre de los espacios de diálogo social" y con documentos "de espaldas a buena parte de la comunidad educativa".