Juan Luis Durich, director general de Consum. Foto: KIKE TABERNERVALENCIA. Las cooperativas españolas se han puesto manos a la obra para conseguir que el Estado modifique la Ley de Régimen Fiscal de Cooperativas que ha puesto en apuros a Consum, tras reclamarle la Agencia Tributaria 20,8 millones de euros por un cambio en la interpretación de la misma. Una interpretación que afecta a muchas otras cooperativas y que ha movilizado a la Confederación Empresarial de Economía Social (Cepes) para volver a encarrilar la situación.
La compañía valenciana se encontró con que una inspección de Hacienda realizada para el periodo 2012-2015 concluía que la cooperativa debía de perder su condición de "especialmente protegida" y sus consiguientes beneficios fiscales en el impuesto de sociedades por tener personas jurídicas como asociados y no solo personas físicas en calidad de socios trabajadores, una figura que siempre ha existido en la cooperativa.
Ante esta situación, Consum entiende que, aunque la asociación de personas físicas es una cuestión necesaria para tener el carácter de especialmente protegida, no es excluyente de otras figuras. Una visión a la que se suma el resto del sector que emplea esta fórmula societaria. Y es que la resolución de la Agencia Tributaria afectaría a gran parte de las cooperativas de trabajo españolas. En este sentido, entienden que la ley da pie a interpretaciones "incoherentes", por lo que están trabajando con el Ministerio de Trabajo para devolverle a ésta su filosofía.
"Hemos pedido que se revise", explica a este periódico Emili Villaescusa, presidente de la Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana y miembro de Cepes. Villaescusa recuerda que la Ley de Régimen Fiscal de Cooperativas es de 1990 y cree que se ha quedado desfasada. "Hay muchos problemas de interpretación y se ha quedado obsoleta", recalca. Recuerda que además cada autonomía también tiene su propia ley de cooperativas. Se trata de un problema que esperan poder solucionar con la nueva ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, vinculada a Podemos, además de con el Ministerio de Hacienda.
Se trata de puntualizar asuntos como el que le ha sucedido a la cooperativa valenciana y evitar posibles interpretaciones de la norma de una forma contraria al espíritu de la ley, en especial al mandado constitucional de fomento de las cooperativas, contenido en el artículo 129 de la Constitución Española.
En el mismo sentido se manifiestan desde la Conselleria de Economía, donde la directora general de Cooperativismo, Teresa Rodriguez, también considera que es necesario cambiar la normativa. "Nosotros nos ofrecemos para negociar con el ministerio porque la resolución sobre Consum apunta a un desconocimiento de cómo funciona el régimen cooperativo", señala. "Estamos alineados con el planteamiento de las cooperativas, y desde la Conselleria estamos trabajando en la adaptación de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana, donde también tenemos que modificar cuestiones técnicas", subraya. Además, considera que se trata de una oportunidad para coordinarse todas las autonomías y hacer una legislación alineada.
