La 'hucha' de los alcaldes, todos culpables

Uno de los debates de esta pandemia, y del post Estado del Alarma, ha sido qué uso y en qué cantidad se debía dar a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos; es decir, el dinero no gastado/ejecutado por un ayuntamiento durante un presupuesto. Ese dinero permanece en las cuentas de las corporaciones locales; hasta el momento, el Gobierno sólo ha autorizado gastar un 10% para fines sociales y de emergencia surgidos con la crisis de la Covid. Hasta la entrada en vigor del Estado de Alarma, los ayuntamientos sí que podían gastar ese dinero en una especie de obras, denominadas financieramente sostenibles, siempre y cuando cumplieran con dos requisitos que estableció entonces el ministro Cristóbal Montoro, del PP, en la denominada Ley de Estabilidad Presupuestaria: que cumplieran o no superasen los límites en materia de autorización de operaciones de endeudamiento y que tuvieran superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo para gastos generales (una vez cumplidas las obligaciones de pago con proveedores contabilizadas). Además, esas obras financieramente sostenibles -al igual como ahora el decreto de la FEMP- sólo se podían destinar a proyectos muy concretos; en resumidas cuentas, a infraestructuras que no generasen excesivos gastos de personal y mantenimiento.

En estos momentos, como todos saben, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido esa nueva propuesta en decreto, pendiente de convalidación, que permite a los consistorios gastar una parte de sus remanentes, en obras o proyectos condicionados, siempre y cuando cedan el total de sus ahorros, que el Ejecutivo devolverá a 15 años. Ante esta propuesta, el PSOE se encuentra ante una encrucijada: no tiene apoyos suficientes para aprobar este decreto, y por lo tanto, desbloquear esas inversiones que las corporaciones locales tanto ansían para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia, No tiene el respaldo ni de su socio de Gobierno -Podemos- ni de sus socios parlamentarios -PNV, Compromís, etc-. 

Lo que está claro es que Pedro Sánchez no ha dado con una fórmula que reúna consenso suficiente. Ni incluso de los suyos porque hay alcaldes socialistas que ya se han negado a sumarse a esa fórmula, que en principio es voluntaria. Por contra, el PP ha encontrado en este bloqueo de la denominada hucha de los alcaldes en un arma política para sumar otro descargo de agravios hacia los ayuntamientos, quizás exagerado si ampliamos el campo de visión y se observa el porqué de que ese dinero -que suma alrededor de 16.000 millones de euros- sigue en las cuentas de los consistorios sin poder gastarse.

En primer lugar, todo parte de las drásticas medidas que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy a los consistorios para controlar el déficit público y cuyo ejecutor fue Montoro. Hay que recordar que el Congreso de los Diputados, con la mayoría del PP, no sólo aprobó esa Ley de la Estabilidad Presupuestaria que supuso una camisa de fuerza para las cuentas locales, bajo el control de los interventores. En segundo lugar, esa camisa de fuerza no sólo generó muchos remanentes de tesorería en los ayuntamientos sino que estableció otros mecanismos como la regla de gasto -que venía a ser como incumplir las previsiones de gastos o ingresos-, que si una corporación se saltaba o no cumplía a rajatabla le obligaba a someterse a un plan financiero hasta restablecer los ingresos y los gastos.

Y ambas medidas, junto a otras como, la imposibilidad de reponer las plazas de los funcionarios jubilados o el personal no renovado, dejó a los consistorios sin poder ejecutar muchas de sus inversiones o desarrollar muchos de sus proyectos y, por tanto,  a generar un superávit que durante muchos años ha dormido el sueño de los justos hasta el día de hoy que la crisis sanitarios ha obligado a su uso. Quien lleve algo de tiempo en política, sabe que Montoro cumplió -y con éxito- una de las condiciones que le impuso la Unión Europea a España a cambio de otras medidas: controlar el déficit público de las administraciones locales. Otro debate es si ese mismo fin se intentó y se consiguió en la Administración General del Estados y en las autonomías. Pero el PP, como parte ejecutora de ese plan, debería saber que parte de esos fondos de los ayuntamientos -que han sido aportados por los vecinos de cada municipio, claro está- son como una especie de garantía ante la UE para contrarrestar las desviaciones del déficit. ¿Qués es injusto que lo paguen los ayuntamientos, que sí cumplieron con el déficit y ahora no pueden gastar? Pues sí, lo es. Y mucho. Ahí esta el error del PSOE: no haber permitido una mayor facilidad de gasto/inversión en las corporaciones locales sin tener que acudir a la denominada incautación del todo, como denuncia el PP. La incautación ya existía con Montoro, que obligaba a gastar en determinados conceptos -como ahora- o, en su defecto, a amortizar la deuda a los bancos. Y en caso de no gastar, a tener el dinero inmovilizado. Si la deuda de los ayuntamientos se ha reducido, es hora de ser más flexibles.

Por tanto, el error de la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez está en plantear la propuesta como un préstamo de los ayuntamientos al Estado a devolver a 15 años; hubiera sido más fácil, fijar un porcentaje de gasto -otro 10% ó 20% de ese remanente, por ejemplo-, también condicionado a determinado tipo de obras o inversiones- y mantener la mayoría de esos fondos en las cuentas de los consistorios a la espera de otros tiempos para mejorar la financiación de las corporaciones locales. 

Hasta junio de 2018, el PSOE presentaba mociones en los ayuntamientos y diputaciones para derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y el PP se oponía a ello; ahora, el PP pide -y con razón- que los remanentes no se presten al Gobierno durante 15 años. Por tanto, no habrá solución hasta que PP y PSOE acepten -ambos lo saben, pero juegan sus cartas políticas- que parte de esos fondos forman un aval ante la UE y, por tanto, no se pueden gastar. Y que se deben facilitar más recursos a los ayuntamientos sin tener que dilapidar todo lo que hay en las cuentas corrientes de los bancos. Muchos consistorios lo pudieron hacer a través de las obras financieramiente sostenibles, pero muy pocos lo aprovecharon. Eso también lo deben saber, y recordar, aunque sea ahora cuando más falta hace y para un fin ineludible, como son las consecuencias de la crisis del coronavirus.