La explosión de la agricultura española: Precios, aranceles y salario mínimo

Desde que ha comenzado el año hemos asistido a importantes movilizaciones en el sector agrario español. Como ocurre en muchas ocasiones, la información sobre los problemas se conoce de forma fragmentada, al tiempo que, desde diferentes ámbitos, incluyendo a la Administración, se busca culpables con el fin de salir indemne del conflicto. E incluso se incita directamente a continuar realizando protestas, siempre que los destinatarios sean otros.

Si en algo coinciden los ciudadanos españoles y los europeos es su valoración positiva del sector agrícola. En un Eurobarómetro de 2017 se abordó este tema en profundidad, concluyendo que el 92% de los europeos y el 96% de los españoles consideraban que, en la UE, la agricultura y las áreas rurales son muy o bastante importantes. España es el tercer país europeo con valoración más alta, sólo detrás de Portugal y Bélgica. Sin embargo, cuando se preguntó a los ciudadanos si conocían la Política Agrícola Comunitaria (PAC), España e Italia eran los países con mayor desconocimiento (sólo un 56 y un 44%, respectivamente) y sólo un 6% conoce en detalle su funcionamiento. También en dicha encuesta se preguntó sobre el papel de los agricultores en la sociedad actual (Gráfico 1). Alrededor de la mitad eligió, entre las dos respuestas que podían seleccionar, que lo más importante era proporcionar alimentos seguros y de calidad, como es lógico. Sin embargo, en España se valora mucho más que en la media europea (un 32% frente al 18%) el mantenimiento del crecimiento y el empleo en las áreas rurales (es decir, evitar la despoblación) y proteger el medio ambiente (31% en España frente al 25% de media). Además, también por encima de la media europea, para el 22% de los españoles los agricultores contribuyen a mejorar la vida en el campo.

Todo ello muestra que en Europa en general y en España, en particular, preocupa que se mantenga la actividad económica en las áreas rurales y se considera que la agricultura y los agricultores aportan mucho más que la simple producción de alimentos. En general siempre ha sido éste el enfoque seguido por la UE y defendido en la PAC. La defensa de la agricultura europea tanto interna como externamente se ha basado en que es un pilar que garantiza el mantenimiento del modo de vida de Europa y ayuda a preservar el medio ambiente. Es de esperar que en los próximos años, a través del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, que está ahora en discusión y que tiene como eje el Pacto Verde, la PAC continúe jugando el mismo papel. 

Sin embargo, desde 2014 las cosas han cambiado de forma sustancial en la PAC. Es cierto que el funcionamiento de la PAC es muy complejo y que en los casi 60 años de existencia se ha encontrado en perpetua reforma. En sus inicios, dos de los objetivos fundamentales de la PAC eran lograr producir suficientes alimentos para que la UE se auto-abasteciera y garantizar una renta digna para los agricultores. Para conseguir ambos se introdujo un alambicado sistema de precios garantizados y altísima protección del exterior, generando tantos incentivos a la producción de algunos alimentos (como la leche, los cereales, la carne de vacuno y la mantequilla) que se generaron enormes excedentes y un gasto tal que superaba el 75% del presupuesto europeo para un sector que supone el 4% del PIB. A finales de los ochenta, tras la entrada de España y Portugal, se va moderando el gasto y aumentando el presupuesto destinado a Fondos Estructurales (incluyendo los destinados a la agricultura). Pero seguíamos protegiendo de manera desmesurada la producción europea y tuvimos que eliminarla progresivamente para cumplir con la normativa internacional de la Organización Mundial de Comercio. Además, los precios garantizados no habían logrado mejorar la renta de los agricultores del sur de Europa, ya que las frutas y hortalizas no tenían el mismo régimen de protección que los productos de la agricultura continental, los que se habían hecho excedentarios. Desde 2014 el principal instrumento de la PAC son los pagos directos a los agricultores, basados en su producción pasada, pero no presente, con incentivos para los más jóvenes y para los que aplican métodos compatibles con preservar el medio ambiente. También existen importantes recursos financieros para apoyar a las asociaciones de productores. 

En el Levante español se han acumulado los problemas, pues desde el conflicto entre Rusia y Ucrania, las sanciones a la primera supusieron un duro golpe para el sector hortofrutícola, objeto de las represalias rusas. Los fondos europeos (existentes en situaciones como esa) compensaron sólo parcialmente las pérdidas. También hace un par de años se declaró nulo un acuerdo con Marruecos que restringía las toneladas de naranjas que podían acceder al mercado de la UE (lo recurrió el Frente Polisario por incluir al Sáhara Occidental) y, desde entonces, no existen esas restricciones. Las naranjas sudafricanas también están llegando de forma abundante al mercado europeo. A todo ello se une la subida arancelaria autorizada a Estados Unidos que incluye un recargo del 25% sobre todos los cítricos.

Es evidente que existe un difícil equilibrio entre la política comercial y la política agrícola y que ahora los agricultores europeos se encuentran mucho más expuestos a la competencia internacional. Pero también hay (al menos) dos herramientas de política comercial que se pueden utilizar para mantener las producciones, aunque es complicada su aplicación. En primer lugar, como ya se está haciendo, exigir que las frutas importadas cumplan toda la normativa fitosanitaria europea; en segundo lugar, solicitar la aplicación de salvaguardias, una medida que permite, al menos temporalmente, restringir la entrada de productos de terceros países si se muestra que pone en peligro un sector crucial para una región europea. Esta segunda vía se ha intentado, aunque no pudo demostrarse que la entrada de cítricos importados en 2019 supusiera un cambio sustancial frente a años anteriores.

La Unión Europea puede echar una mano, pero parte de los problemas son internos. En primer lugar, al reducir las ayudas agracias comunitarias, quedaría en manos de las autoridades españolas (centrales y autonómicas) decidir si quieren complementar las ayudas existentes o tomar medidas propias. En segundo lugar, y éste ha sido el detonante de las protestas, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para un sector como el agrícola que tiene que competir en los mercados internacionales, ha sido un duro golpe, pues ha elevado sus costes en mano de obra alrededor de un 30% en tan sólo un año (también lo va a ser en otros sectores intensivos en trabajo y con características especiales, como los servicios domésticos o el cuidado a dependientes en una sociedad crecientemente envejecida). Aunque la eficiencia del sector de la distribución es manifiestamente mejorable en España, nadie que conozca cómo funciona el sector agrícola puede tomarse en serio esa excusa. No lo digo yo, que no me encuentro entre ellos, sino los propios representantes de las principales organizaciones de agricultores. La arbitrariedad, la irresponsabilidad  y la improvisación en las medidas de política económica tienen consecuencias.