La covid-19 no veranea

Alemania desaconseja el turismo con destino a España y uno de sus equipos de fútbol vence por 8-2 al Barça. Un ex monarca en paradero desconocido por presuntos excesos. Se volatiza el ocio de las noches. Los fumadores requeridos a dejar el humo del cigarrillo en casa. España, el lugar de la Unión Europea con mayor retroceso del PIB en el segundo trimestre de 2020.

Aunque parezca un remedo de las plagas de Egipto, lo es de las que están esculpiendo la realidad de este país en su verano de 2020. Moderemos, no obstante, la intensidad de este flujo de malas noticias, aunque sólo sea para preservar un grano de optimismo y proteger nuestra salud mental de excesivas autoflagelaciones. Ajustemos el visor del microscopio para centrarnos en parte de lo que sucede con la pandemia.

Todo el mundo reconoce el elevado peso que el turismo ocupa en las economías valenciana y española. Partiendo del anterior reconocimiento, cabría esperar que la “cogobernanza” hubiera dispuesto de un potente y especializado estado mayor, en permanente posición de vigía y prospección, que discutiera y compartiera medidas de diversa capacidad de disuasión, de modo que se proyectara un entorno seguro sin excesivas fisuras territoriales.

No se dispone de la percepción de que ese estado mayor, de existir, haya funcionado con precisión. El diseño de la cogobernanza para el día después se ha quedado a medias. Una vez levantado el estado de alarma y alcanzada la última fase de la desescalada, la tensión colaboradora ha perdido fuerza, el consenso se ha debilitado y las estadísticas han regresado a un progresivo in crescendo que impregna de preocupación la perspectiva de lo que nos espera.

"¿quién puede esperar comportamientos píos espontáneos en discotecas y bares de copas?"

Todo ello se ha producido mientras continuaba la publicación de normas y más normas en los correspondientes boletines oficiales. Algún día, en este país, la normativitis debería formar parte de las reflexiones públicas perentorias. Las ansiedades y presiones se evacúan echando mano de la prosa oficial y de las sufridas webs en las que ésta se apelmaza. Pasado unos días, otra norma sustituye a la primera o se añade a ésta, confundiendo la eficacia con el grosor de la estadística normativa.

En cambio, lo que parece considerarse prescindible es una reflexión previa y un análisis a posteriori de los efectos, esperados o conseguidos, de cada una de las nuevas órdenes, contraórdenes y aclaraciones puestas en circulación. Por una razón sencilla: las normas que pretenden modificar algo tan complejo y diverso como el comportamiento en sociedad de los ciudadanos y ciudadanas, requieren de medios de apoyo proporcionales: ¿quién puede esperar comportamientos píos espontáneos en discotecas y bares de copas?

Durante el confinamiento, el país mostró una respuesta loable; pero el relajamiento posterior ha dejado sin rumbo la eficaz protección del sector turístico y ahora comienza a proyectar una negra sombra, entre otras actividades, sobre el sistema educativo. Un padre o una madre puede que estén dispuestos a ir a trabajar bajo cierto margen de riesgo porque se encuentra en juego el sostenimiento de la familia; pero, a poco que en un colegio se detecte algún caso de covid 19, la probabilidad de que se produzca la retirada masiva de los alumnos resulta muy elevada. Es sólo un ejemplo de las reacciones que pueden producirse, con independencia de su justificación racional.

Evitar las respuestas extremas, o al menos moderarlas, puede que precise de estrategias en las que participe más el saber de ciertos grupos de profesionales. Los sociólogos, los psicólogos sociales, los antropólogos, los organizadores de lo público y los comunicadores aportan enfoques que pueden vehicular con mayor acierto las normas oficiales.

Aunque no sea nada novedoso, la puesta en relación de las normas con los medios, para conseguir su satisfactoria aplicación, merece también una intensa llamada de atención: a efectos retrospectivos, ¿se sabe en la administración sanitaria cuántos policías locales y de los cuerpos de seguridad están este verano en activo y vigilando el cumplimiento de lo normado?; ¿existe la obligación de contratar rastreadores del virus en las cláusulas que disponen la distribución del fondo extraordinario de 16.000 millones asignado a las comunidades autónomas?; ¿se ha pedido a los países más exitosos en el control de la pandemia la transferencia de su saber hacer?

 A lo anterior se suma, en el campo de las posibles respuestas, la restauración reformada de la cogobernanza. Con perfiles algo distintos porque, si se identifica el punto de la red ministerio-CCAA donde se encuentra el yacimiento de mayor experiencia para cada asunto concreto, no debería constituir una afrenta para el resto que la responsabilidad principal se delegase en ese nodo de la malla, con independencia de su ubicación geográfica y dependencia institucional. Algo de eso, -confianza y lealtad-, merece seguir medrando en nuestro Estado Autonómico. Más aún cuando, en materia sanitaria, las CCAA llevan unas cuantas décadas de ventaja en dirección y gestión asistencial.