BRUSELAS. La Unión Europea (UE) ha dado un puñetazo en la mesa después de las idas y venidas con la empresa farmacéutica AstraZeneca, que se niega a cumplir el contrato firmado el verano pasado para la producción de la vacuna contra la covid-19. Poco antes de la medianoche del viernes y cuatro horas después de haber aprobado la comercialización de la vacuna de esta empresa, que hace mes y medio comenzó a vacunar en el Reino Unido, la Comisión Europea ponía en marcha la regulación del control sobre la exportación de las vacunas contra la pandemia de las empresas con las que habían firmado un preacuerdo de compra.
Esta medida precautoria intenta impedir que las vacunas contra la covid-19, cuya investigación y producción han sido financiadas con capital europeo, sean exportadas a otros países, al parecer, por un precio más alto. La Unión habría invertido unos 3.000 millones de euros de dinero público en estas empresas desde la primavera pasada, para hallar la vacuna. El mismo viernes, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), autorizaba la vacuna de AstraZeneca para su distribución en la UE, lo que implicaba el inicio del cómputo de los plazos para cumplir con el calendario establecido con los Estados miembros dentro de la estrategia europea de vacunación.
El comunicado oficial de la Comisión Europea fue publicado a las 23.45 horas del viernes, cuatro horas después de la autorización de la EMA y una vez aprobado con carácter inmediato por la Comisión. Y dice expresamente que, “en caso de que se abuse de los tránsitos de vacunas y sustancias activas hacia terceros países para eludir los efectos del sistema de autorización, la UE considerará la posibilidad de utilizar todos los instrumentos a su disposición”, en referencia a una prohibición de la exportación.
Además, anuncia la regulación de esta medida, a través de un Reglamento, que estará finalizado el fin de semana, para su inmediata aplicación, cuando a partir del domingo AstraZeneca esté obligada a cumplir con los plazos de distribución de la vacuna. “En el proceso de finalización del documento, la Comisión también afinará el proceso de toma de decisiones en el marco del Reglamento de ejecución”, finaliza.
Este mecanismo regulatorio está limitado en el tiempo y se aplicara sólo para las empresas que han firmado un “Advance Purchased Agreement” con la Comisión Europea. La noche del viernes, la Comisión anunció que el sábado se publicaba el reglamento que permite el artículo 122 del Tratado de Lisboa, aunque sin pretender que sea una cláusula de salvaguarda general.
De hecho, en un comunicado previo, la Comisión explica que”no está activando la cláusula de salvaguardia, del articulo 122,1 del Tratado de Lisboa (TFUE), donde se expresa que, “sin perjuicio de los demás procedimientos establecidos en los Tratados, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá decidir, con un espíritu de solidaridad entre Estados miembros, medidas adecuadas a la situación económica, en particular si surgieren dificultades graves en el suministro de determinados productos…”. En este sentido, en el proceso de finalización de esta medida, “la Comisión se asegurará de que el Protocolo de Irlanda / Irlanda del Norte no se vea afectado”, añade, en relación al acuerdo de relaciones comerciales post-Brexit.
A las siete y media de la tarde del viernes, la EMA había autorizado la vacuna de AstraZeneca, con la oposición de este laboratorio, que pretendía seguir retrasando su comercialización en la Unión Europea con la excusa de problemas en la producción. Se da la circunstancia de que, con la aprobación de la vacuna, esta empresa se ve obligada a cumplir con los plazos de producción y distribución a los Estados Miembros, según el acuerdo de compra anticipada firmado por éstos y la Comisión.
Estas desavenencias entre la Comisión y AstraZeneca, además, han provocado turbulencias con el Reino Unido, que hace mes y medio que están vacunado y que cuenta con dos fábricas en su territorio. AstraZeneca, que no ha tenido ningún problema de producción y distribución respecto de sus fábricas “británicas”, alegó que en el precontrato se especificaba que sólo abastecería a la Unión con la producción realizada en territorio comunitario y no de las otras fábricas. Mientras, el primer ministro británico, Boris Johnson, se ufanaba en decir públicamente que ellos habían firmado antes el contrato con AstraZeneca y que “sus” vacunas no iban a salir hacia Europa.
La respuesta de la Unión Europea fue publicar el viernes el contrato con AstraZeneca, aunque con la parte económica y el calendario de ditribución tachados. No obstante, el periódico alemán Der Spiegel adelantó en exclusiva la cifra del precontrato, cifrada en 870 millones de euros. Esta cifra se suma a la que siguen pagando los Estados, que cargan con los costes del embalaje, distribución y almacenamiento, y con las responsabilidades por error en la producción y en el transporte. De hecho, cuando AstraZeneca advirtió de que no distribuiría la vacuna, además de otra demanda del Italia, el gobierno sueco anunció que suspendía los pagos al laboratorio.
De otra parte, en el precontrato que la Comisión ha publicado no se especifica que las fábricas radicadas en el Reino Unido estuvieran exentas de abastecer a la Unión Europea, contrariamente a lo que afirmaban AstraZeneca y el gobierno del Reino Unido. Su primer ministro se jactaba de su contribución a la lucha contar la pandemia, porque la investigación se ha realizado en colaboración con la Universidad de Oxford.
Sin embargo, el contrato estipula expresamente que su producción también debe ser distribuida a los Estados miembros. Por su parte, la Comisión recuerda que, desde el verano, AstraZeneca ha recibido dinero de financiación específica para la investigación de la vacuna contra la covid-19, tanto de los proyectos europeos existentes, como Horizonte2020, como de los específicos, dentro del programa financiero de EU-Response creado contra la pandemia.
Las disputas entre el laboratorio y la Comisión se han desarrollado durante todo el mes de enero. Desde el 12 de enero, fecha en la que la EMA tenia previsto autorizar la vacuna de AstraZeneca, esta decisión se ha ido posponiendo a petición de la empresa, explicaba el eurodiputado socialista Nicolás González Casares. La excusa era que no estaban preparados para la producción, cuando sus fábricas (dos en Reino Unidos y otras en Bélgica y Los Países Bajos) estaban abasteciendo al Reino Unido desde primeros de diciembre y a otros países de fuera de la Unión, al parecer por un precio mayor.
Tras el anuncio la semana anterior por parte de la empresa de que no estaban preparados para producir las cantidades acordadas, y prefinanciadas por la Unión y los Estados miembros, la Comisión decidió reunirse el lunes con los responsables de la empresa. Éstos negaron información sobre su capacidad de producción, su producción actual y los países a los que estaban abasteciendo.
Posteriormente, fueron emplazados por la comisaria de Salud, Stella Kyrikiades, a una nueva reunión el miércoles, a la que la dirección de la empresa se negaba a acudir. Al final, dieron como explicación que las fábricas en territorio europeo, en especial la belga, tenían problemas técnicos de producción, sin especificar más. Ante esta falta de transparencia, un comisión belga, formada también por delegados de las agencias de medicamentos de varios países miembros, como España e Italia, visitó por la tarde la fábrica.
Al día siguiente, la Comisión anunciaba un mecanismo de control temporal de las exportaciones sobre las empresas que han producido la vacuna con la financiación de los ciudadanos europeos, para evitar el desabastecimiento, ante las sospechas de que se estaban vendiendo a otro países por un precio mayor. La voz de alarma la había dado, antes que AstraZeneca, el laboratorio Pzifer-BioNTech, que hace dos semanas dejó de distribuir la vacuna y anunció retrasos de tres o cuatro semanas, provocando la paralización del proceso de vacunación en toda Europa.
Un anuncio de demanda del gobierno italiano y una reunión con la Comisión terminaron con el desabastecimiento. El encuentro logró un acuerdo con el laboratorio Sanofi, que había avisado en diciembre de que se retiraba porque no iba a cumplir con su acuerdo la no poder finalizar su investigación, para que apoyara en la producción a Pfizer. Por su parte, AstraZeneca no cedió en su posición.
La controversia ha terminado, pues, con una declaración de la Comisión sobre el sistema de autorización de exportación de vacunas, previendo que otros laboratorios adujeran similares excusas. “Para hacer frente a la actual falta de transparencia de las exportaciones de vacunas fuera de la UE, la Comisión está adoptando una medida que exige que dichas exportaciones estén sujetas a una autorización de los Estados miembros”, explicaba en su comunicado oficial.
Mientas tanto, se espera a que el lunes AstraZeneca haga frente a sus compromisos. Este laboratorio aunó esfuerzos con la Universidad de Oxford para desarrollar y distribuir una vacuna basada en adenovirus recombinante. El contrato se basó en un compromiso anticipado de mercado con la Unión Europea, en el que el Reino Unido no quiso entrar ya que firmó uno por su cuenta. Este precontrato con AstraZeneca fue aprobado el 14 de agosto y se financiaría con cargo al Instrumento de Asistencia Urgente, un instrumento financiero para la lucha contra la pandemia. La Comisión Europea realizó un pago inicial de 336 millones de euros, para asegurar sus primeras 300 millones de dosis de AstraZeneca, y posteriormente firmó 100 millones adicionales.
