La UCO apuntala que Zaplana usó testaferros para ocultar el dinero de las 'mordidas'

VALENCIA. Una de las conclusiones principales que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha tratado de apuntalar durante las últimas investigaciones del caso Erial es la del uso por parte del cartagenero Eduardo Zaplana de personas interpuestas, conocidas como testaferros, para ocultar el dinero de las presuntas 'mordidas' llevadas a cabo desde la Generalitat valenciana. Estas están cuantificadas en 10,5 millones de euros y se habrían realizado a través de la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). 

Los agentes han indagado específicamente en una operación que ratificaría su tesis. Se trata de la llevada a cabo en la lujosa urbanización La Finca, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), a través de Costera del Glorio. Una sociedad instrumental –creen que participada al 50% de manera velada por Zaplana– que sirvió supuestamente a la trama para la adquisición de bienes mediante dinero de origen ilícito. Administrada por Joaquín Barceló, colaborador del exdirigente 'popular', recibía fondos de Medlevante. Esta última estaba nutrida, a su vez, con dinero de Imison Internacional, la empresa matriz de todo el entramado que fue constituida en 2001 por los Cotino en Luxemburgo y pasó a estar gestionada por Beatriz García Paesa, la sobrina del espía Francisco Paesa.

Costera del Glorio adquirió un inmueble en La Finca de Urbanizadora Somosaguas, propiedad del empresario fallecido Luis García Cereceda. Lo hizo mediante un contrato privado por 2,1 millones. Entre 2005 y 2007 –cuando Zaplana era portavoz del PP en el Congreso– abonó más de 800.000 euros a Urbanizadora Somosaguas con fondos que, acreditaron los investigadores, provenían de tres fuentes (una cuenta personal de Joaquín Barceló, otra de la mercantil Medlevante y una línea de crédito suscrita por Costera). Escasos meses después, Urbanizadora Somosaguas volvió a adquirir los derechos de la propiedad vendida a la empresa de Barceló pero por un importe notablemente superior: 4,31 millones, lo que supuso una plusvalía superior a tres millones. De ese dinero se habría beneficiado, según los investigadores, el exministro.   

La agenda  

Los agentes ya pusieron el foco desde el inicio en esta llamativa operación, pero sus indagaciones les hicieron llegar a unas importantes anotaciones en la agenda del que fuera presidente de la Generalitat. En ellas se mencionaban reuniones que coincidían en el tiempo con los movimientos de dinero para la adquisición del inmueble. Como ejemplo, una de diciembre de 2004 en la que se reflejaba: "Luis García Cereceda + Luis Herrero + Pachano (oficina Luis Gª Cereceda)". El primero ocupaba la presidencia de Procisa, que hasta 2009 era administrador y socio único de Urbanizadora Somosaguas. El segundo, conocido periodista, era amigo personal de Zaplana y consejero de Procisa. El tercero es el apodo con el que se conocía a Joaquín Barceló. 

Precisamente otro día figuraba una nueva anotación en la agenda: "Firma Pachano (chalet)". Una cita que la UCO relaciona con documentos hallados en el registro del domicilio de Barceló, entre ellos una relación de gastos de una tarjeta de crédito titulada por Costera del Glorio en los que se incluían billetes de avión de finales de 2004 con el apunte manuscrito de "Compra solar Madrid". 

Con anterioridad a estas reuniones de diciembre de 2004, la Guardia Civil también encontró en la agenda de Zaplana otras de ese mismo año y del anterior con García Cereceda y Luis Herrero. Algo que se repite en 2005, 2006 y 2007, ya con la operación de La Finca produciéndose. En algunas de esas –normalmente– comidas, se menciona del mismo modo al conocido como arquitecto de los famosos –y de la urbanización La Finca– Joaquín Torres. 

Los testimonios

Todo ello supuso que los agentes recabaran los testimonios tanto de Luis Herrero como de Joaquín Torres, que posteriormente declararon ante la juez el pasado diciembre, tal como publicó Plaza. Y especialmente las afirmaciones del segundo, quien indicó que se reunió con los testaferros de Zaplana para la operación, han resultado ser valiosas para los investigadores. 

La UCO considera que estas manifestaciones son una evidencia más de la participación de Joaquín Barceló como persona interpuesta, velando presuntamente la titularidad real de los bienes en favor de Zaplana y ocultando el origen, naturaleza, ubicación y propiedad real de los fondos que se presumen ilícitos. De este papel, recuerdan, dio cuenta también otro supuesto testaferro del exministro en el extranjero, el abogado uruguayo Fernando Belhot, quien aseguró que no tenía dudas de que Barceló realizaba este trabajo.