VALENCIA / MURCIA. Ante la eterna parálisis, una medida exprés para salir del pozo. El cambio del sistema de financiación autonómica sigue enquistado, aparcado en un cajón desde el año 2014. Por ello, Fedea plantea una solución para paliar parte de los agravios que causa el actual reparto autonómico. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propone una minireforma urgente de la financiación autonómica del que la Región de Murcia, la segunda autonomía peor tratada con el modelo actual, saldría enormemente beneficiada. En concreto, el "parche" que propone el director de Fedea, Ángel de la Fuente, supondría un aumento de 270 millones anuales en transferencias del Estado o, lo que es lo mismo, 188 millones de euros por habitante.
La reivindicación de una financiación justa es uno de los principales caballos de batalla del Gobierno regional. El actual modelo provoca que un murciano reciba 2.323 euros mientras que Cantabria obtiene 3.141 euros por habitante y La Rioja, 2.994 euros por ciudadano. Sólo Valencia se encuentra en peores condiciones que Murcia, pues recibe 2.309 euros por habitante.
La propuesta de Fedea sería el resultado de poner en marcha un fondo complementario de nivelación para inyectar recursos de forma selectiva en algunas comunidades "con especial atención a las comunidades que están peor financiadas en la actualidad y a la protección de los colectivos más vulnerables", destaca en una nota De la Fuente, quien destaca que con ello se refuerza la equidad del sistema y la capacidad de respuesta de las autonomías a la crisis derivada del coronavirus.
El cálculo toma como referencia 2017, el último ejercicio liquidado del sistema. En esa liquidación, con la que cada murciano recibió del Estado 2.340 euros para financiar la sanidad la educación y otros servicios públicos esenciales transferidos a las comunidades autónomas, se puso otro año más de manifiesto que la Región es, tras la Comunidad Valenciana, la segunda peor tratada por un sistema que lleva camino de acumular seis años caducado y pendiente de reforma.
Así, la propuesta de De la Fuente identifica a aquellas comunidades que están por debajo de la media, calcula en primer lugar la cantidad necesaria en cada una de ellas para alcanzar esta referencia medida en euros por habitante (en el caso de los murcianos 188 euros menos por habitante" y multiplica por la población ajustada para obtener la cifra de los recursos adicionales que tendría que aportar la Administración central para reducir las diferencias actuales.
De la Fuente destaca que el coste de ese fondo sería "moderado": eliminar el 100% de la diferencia con la media costaría en torno a los 2.300 millones de euros, mientras que si se optase por eliminar un 90% de tales diferencias. los recursos necesarios ascenderían a unos 2.100 millones. Además de Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana también mejorarían su posición actual.
Con ello se eliminarían las desigualdades existentes entre comunidades en financiación por habitante ajustado "y por tanto en su capacidad de ofrecer servicios y prestaciones a sus ciudadanos en un momento de emergencia en el que estos cobran una especial relevancia y el respeto al principio de equidad se convierte en particularmente importante", subraya el experto.
Además, el director de Fedea plantea un segundo grupo de medidas que incluye algunos cambios en la mecánica del sistema actual con dos objetivos complementarios: hacer que el shock presupuestario que viene sea directamente perceptible en tiempo real por los gobiernos regionales y darles a estos más instrumentos para ajustarse a él de la mejor forma posible dadas sus preferencias y prioridades.
Entre ellos están la creación de un fondo social complementario transitorio financiado con recursos del Estado y a liquidar en paralelo al sistema de financiación. Este fondo aportaría financiación adicional no condicionada a todas las CCAA de régimen común. Sus entregas a cuenta se repartirían en proporción al último dato disponible del número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social y la liquidación se haría en base a los datos reales del mismo indicador en 2020. El fondo se crearía, según la propuesta de Fedea, por un período inicial de un año y podría prorrogarse mientras perdure la crisis pero no se integraría en el sistema de financiación.
Además, plantea que el Estado cofinanciaría –posiblemente al 50%, con un tope máximo por beneficiario– las rentas mínimas autonómicas, al menos durante la crisis. A cambio, podría exigir que estas prestaciones cumplan ciertas condiciones mínimas de cuantía y cobertura.
Sobre el actual sistema y las entregas a cuenta de los impuestos compartidos por el Estado y las CCAA que son gestionados por la AEAT, De la Fuente propone una revisión para que reflejen "la evolución de la recaudación real en cada territorio".
Las comunidades tendrían derecho a percibir la cantidad restante hasta el importe inicialmente previsto de tales entregas en forma de préstamos del Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas, con un tipo de interés igual al coste de los fondos para el Tesoro.
Por último, la nota plantea revisar las retenciones por IRPF para ajustarlas a los diferentes tipos autonómicos "de manera inmediata" y se trasladarían en tiempo real a las entregas a cuenta a las CCAA. Así, las posibles subidas o bajadas del tramo autonómico del impuesto se trasladarían inmediatamente a los contribuyentes y a los ingresos tributarios de cada comunidad, no con los dos años de decalaje del sistema actual.
El experto justifica la urgencia de esta minireforma porque en las circunstancias actuales de crisis por el coronavirus resulta "muy razonable" aplazar la reforma completa del sistema de financiación. "No están las cosas como para perder mucho tiempo y energías en cuestiones muy complejas y en principio aplazables cuando tenemos que hacer frente con urgencia a la peor crisis sanitaria en un siglo y al desastre económico y social que viene con ella", argumenta De la Fuente.
Pese a ello, sí considera necesario "dedicar algo de tiempo y energías" a pactar una minireforma de urgencia para ponerle "algunos parches rápidos" al sistema actual para reforzar la capacidad de las comunidades para afrontar la crisis y paliar algunas de las principales carencias del modelo existente.