BRUSELAS. Cual bando de guerra, hace unas semanas, la presidenta de la Comisión Europea alertaba a los países de la Unión para que estuvieran preparados cuando llegara la vacuna contra la covid-19. Esta llamada apelaba a que los Estados miembros debían tener la capacidad logística de transporte, almacenamiento y equipo médico para implementar la vacuna de forma eficaz y asequible para sus ciudadanos. Por su parte, la Unión Europea (UE) se comprometía a iniciar el proceso inicial de compra conjunta para garantizar las dosis necesarias en todo su territorio.
Extrañaba esta alerta, que ha venido repitiéndose hasta ahora, cuando en España el sistema público de salud vacuna cada año a los mayores de 65 años y otras poblaciones de riesgo de forma gratuita. No obstante, no ocurre del mismo modo en todo el territorio europeo, donde el copago sanitario, incluso en la vacunación, es norma general al contar con un sistema de salud externalizado o privatizado, que no siempre incluye este servicio como esencial.
Ello implica que en países como Austria, Bulgaria, Estonia, Polonia, Rumanía sus sistemas públicos de salud no cubran la vacunación de la gripe, que es a la que se refiere la información publicada por el Centro Europeo de Control de enfermedades (ECDC) y consultada al efecto. En otros casos, sólo los grupos de riesgo tienen acceso a la vacuna si están cubiertos por un seguro privado o para casos muy específicos, incluyo en mayores de 65 años, como ocurre en Chipre. O en el caso de Irlanda, donde se pueden cobrar tarifas de administración al paciente, según los ingresos y la elegibilidad para atención médica gratuita, también el caso de los mayores de 65 años.
Así, en el caso de España, desde septiembre de este año hay cinco millones de dosis extra de vacunas disponibles para la campaña contra la gripe que acaba de comenzar, compradas por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
El objeto es reforzar la campaña de vacunación que llevan a cabo las Comunidades Autónomas, al ser la sanidad una competencia transferida. Cantabria, Aragón, Galicia, la Región de Murcia, Castilla y León, Navarra, La Rioja, Euskadi y la comunidad valenciana han sido las primeras en iniciar la campaña de vacunación contra la gripe. Por su parte, Asturias ha adquirido 400.000 dosis. Madrid ha comprado más de 1,6 millones de dosis de vacunas. Y Canarias cuenta con 380.000 dosis, muy por encima de las 240.000 de la pasada campaña, sumando las del ministerio.
La campaña contra la gripe está dirigirá a conseguir mayores coberturas de vacunación, alcanzando el 75% en personas mayores de 65 años y profesionales de centros sanitarios y sociosanitarios, y el 60% en embarazadas y personas con patología crónica. El resto de la población también tiene acceso a través de clínicas privadas o farmacias, con un coste asequible que puede oscilar entre los 7 y los 10 euros. El año pasado, se alcanzó una cobertura del 53,5% en mayores de 65 años, el 40,5% en personal sanitario y el 48,5% en mujeres embarazadas. Con ello, se evitaron un 26% de las hospitalizaciones, un 40% de ingresos en UCI y un 37% de muertes atribuibles a la gripe.
España cumple así con las cuatro condiciones par hacer frente a la vacunación contra la covid-19, al contar con la infraestructura y los recursos que se utilizan masivamente para la gripe estacional: capacidad logística de transporte, almacenamiento, equipo médico y vacunación asequible, y que es gratuita para los grupos vulnerables y de riesgo.
Resulta extraño, por tanto, escuchar de boca de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, palabras como asequible, capacidad logística, equipo médico. No obstante, desde hace unas semanas, la Unión Europea (UE) repite su llamada de alerta a los Estados miembros para que preparen sus sistemas de salud de cara a la vacunación contra la covid-19. “Debemos asegurarnos de que, una vez que se encuentre una vacuna, estemos completamente preparados para implementarla”, insiste von der Leyen.
Repetitivamente, la UE urge a estar preparados para administrar las vacunas covid-19, incluida la mano de obra cualificada y el equipo médico y de protección; el acceso fácil y asequible a las vacunas para las poblaciones de riesgo; el despliegue de vacunas con diferentes características y necesidades de almacenamiento y transporte, en particular en términos de cadena de frío, transporte refrigerado y capacidad de almacenamiento, y la comunicación clara sobre los beneficios, riesgos e importancia de las vacunas para generar confianza pública.
Con ello, se pretende garantizar que todos los Estados miembros tendrán acceso a las vacunas covid-19 al mismo tiempo y en función del tamaño de la población. El número total de dosis de vacuna será limitado durante las etapas iniciales de despliegue y antes de que se pueda incrementar la producción.
Además, la Comisión señala grupos prioritarios no clasificados que los países deben considerar una vez que las vacunas covid-19 estén disponibles. Estos grupos incluyen a trabajadores de instalaciones sanitarias y de cuidados a largo plazo, personas mayores de 60 años, personas cuyo estado de salud las pone particularmente en riesgo, trabajadores esenciales, personas que no pueden distanciarse socialmente y los grupos socioeconómicos más desfavorecidos.
