VALÈNCIA (EP) El Pleno del Senado ha aprobado definitivamente este miércoles el acuerdo del Gobierno sobre la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2020-2023, acompañada por el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', que ya fue validado el pasado jueves en el Congreso como paso previo a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020.
En concreto, con 133 votos a favor, 109 en contra y 14 abstenciones, la Cámara Alta ha validado el acuerdo por el que se adecuan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones para este año, y se fija el 'techo de gasto', y ha hecho lo propio con la senda para el período 2021-2023, que también obtuvo el respaldo mayoritario del Congreso el jueves, y fue acompañado por sorpresa por el límite de gasto no financiero del Presupuesto para 2021.
La senda ha obtenido los votos favorables del PSOE (113), PNV (9), Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (5), Teruel Existe (2), CC-Partido Nacionalista Canario (1), PRC (1), PAR (1) y Agrupación socialista Gomera (1), así como las abstenciones de ERC (12) y de EH Bildu (2).
De su lado, han votado en contra los 114 senadores del PP (96), Ciudadanos (6), JxCAT (3), Vox (3) y UPN (1) .
Durante su intervención en el Pleno del Senado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido el apoyo a todos los grupos parlamentarios del Senado a la nueva senda para dejar atrás los objetivos "irreales" de 2018 y no renunciar a una capacidad de gasto de 3.5000 millones en las comunidades autónomas y de 7.500 millones en la Seguridad Social.
Montero ha dicho que la validación de la senda es "un paso más" hacia los Presupuestos de 2020, en línea con los compromisos fiscales y un mayor margen fiscal para los territorios, así como más recursos para unos mejores servicios públicos. "Es la verdadera senda del progreso, del avance y del futuro", ha apostillado.
El 'no' a la senda, ha avisado, habría supuesto no aumentar las pensiones a 10 millones de pensionistas, dejar sin pensiones no contributivas y mínimas a más de 400.000 personas o que 190.000 padres viesen paralizada la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas.
A pesar de pedir una reflexión "rigurosa" para la votación y de destacar que la senda permitirá acompasar mejor los objetivos fiscales, no ha obtenido el 'sí' de JxCAT, que ha votado en contra. Tampoco ha servido reiterar su compromiso para establecer una nueva regla de gasto que permita el uso del superávit, incluyendo inversiones financieramente sostenibles, o objetivos plurianuales y su destino a despoblación, educación, medio ambiente o gasto corriente para el fomento del empleo.
La nueva senda de estabilidad presupuestaria fija unos objetivos de déficit público del 1,8% del PIB este año, del 1,5% en 2021, del 1,2% en 2022 y del 0,9% en 2023, con lo que se relajan las metas en vigor del Gobierno del PP, que establecía un 0,5% para este año y estabilidad presupuestaria desde 2021.
Por administraciones, para el Estado se fija un objetivo de déficit del 0,5% del PIB este año, del 0,5% el próximo, del 0,3% en 2022 y del 0,1% en 2023, por lo que Montero ha indicado que el mayor esfuerzo se exigirá al Estado. Para la Seguridad Social se establecen unas metas de déficit del 1,1% este año, del 1,5% en 2021, del 1,2% en 2022 y del 0,9% en 2023.
Las metas en las regiones son el 0,2% del PIB este año, el 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde 2022, mientras que para las entidades locales se fija déficit cero en todo el período. Respecto a la deuda pública, el Gobierno calcula que la ratio de deuda pública sobre PIB será del 94,6% este año, del 93,4% en 2021, del 91,7% en 2022 y terminará la legislatura en el 89,8%.
Además, se flexibiliza la regla de gasto al contemplar una tasa de referencia nominal del 2,9% del PIB este año, al 3% en 2021, al 3,2% en 2022 y el 3,3% en 2023.
Una vez el Gobierno ha obtenido el respaldo del Senado a la nueva senda, empezará a elaborar el proyecto de Presupuestos de 2020, cuya tramitación parlamentaria y aprobación definitiva espera tener lista antes de que acabe el verano. La ministra de Hacienda ha asegurado que el Gobierno mantiene su hoja de ruta de presentar el anteproyecto de ley cuando tenga los apoyos asegurados.
En los turnos a favor, en contra y de los portavoces, Gonzalo Palacín (PSOE) ha defendido la actualización a una senda "realista, creíble y acorde a las necesidades actuales", ya que lo contrario supondría un recorte de 11.000 millones. "Estamos en un tiempo de diálogo y de acuerdo. El tiempo del bloqueo y de los vetos ha terminado", ha sentenciado el portavoz socialista, Ander Gil.
A pesar de votar a favor, Fernando Clavijo (CC) ve "insuficiente" destinar solo a determinadas partidas el superávit presupuestario, lo que espera que se refleje en los PGE y respeten el equilibrio territorial, al tiempo que Vicenç Vidal (Izquierda Confederal) ha criticado el reparto del déficit y ha pedido objetivos asimétricos y una nueva financiación autonómica.
De su lado, José Vicente Marí (PP) ha denunciado que la senda es una nueva "cesión" de Sánchez a los separatistas y ha rechazado el "realismo mágico" de las previsiones de Montero, reclamando a la ministra que explique el ajuste de 8.000 millones que se tendrá que realizar para reducir el déficit del 2,5% del PIB al 1,8%. En su lugar, ha abogado por acometer reformas estructurales, bajar impuestos y reducir el endeudamiento. A esta postura se ha alineado Ruth Goñi (Cs), incidiendo en que España necesita "menos gasto y más reformas".
En el lado nacionalista, Josep Lluis Cleríes (JxCAT) ha reprochado que le Gobierno no ha tenido "mucha voluntad" de llegar a un acuerdo sobre la senda, y le ha exigido el compromiso de la devolución de los 2.500 millones del IVA pendiente de 2017 y los 750 millones a los ayuntamientos para respaldar la senda.
En todo caso, ha dicho que el 'no' a la senda no presupone el rechazo a los PGE. "Nos abrimos a la negociación y podemos hablarlo", ha dicho, añadiendo que se desvincule de la mesa de diálogo. Desde ERC en cambio han vuelto abstenerse por los 433 millones pendientes del IVA de 2017 en Cataluña.
Por otra parte, la mayoría del Senado ha rechazado este miércoles la moción del Grupo Parlamentario Popular para que la Cámara Alta continúe teniendo la capacidad de veto a la senda de déficit, iniciativa que solo ha contado con el apoyo de PP, Vox y Coalición Canaria, y un voto a favor de la diputada socialista Patricia Abascal Jiménez. El 'popular' José Vicente Marí ha criticado el intento del Gobierno de "amordazar" al Senado.
El martes de la semana pasada el Congreso avaló la proposición de ley registrada por el PSOE para cambiar la Ley de estabilidad presupuestaria con el fin de que el Senado no tenga la última palabra a la hora de aprobar la senda de déficit y de deuda, paso previo a la presentación de unos Presupuestos Generales.
El objetivo de la proposición es que, si la Cámara Alta rechaza la propuesta del Gobierno, ésta pueda volver a ser votada en el Congreso. La capacidad de veto impulsada por la Cámara Alta fue impulsada por el exministro de Hacienda de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuando el PP tenía mayoría absoluta en el Senado.
