FOTO: EUROPA PRESSMURCIA (EP). El Consejo de Ministros ha acordado iniciar la tramitación de un anteproyecto de ley con el que reducir los llamados 'beneficios caídos del cielo' ('windfall profits') de las nucleares y las hidráulicas, que supondrá un recorte de unos 1.000 millones de euros en la retribución que reciben las eléctricas con el fin de abaratar entre un 4% y un 5% la factura de la luz de los consumidores domésticos.
En concreto, la propuesta, que abre ahora el trámite de audiencia pública para su aprobación, pasa por un mecanismo de mitigación de parte del dividendo de carbono que perciben las tecnologías no emisoras anteriores a 2005 (hidráulica y nuclear).
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, defendió la necesidad de que los beneficios por el alza de los precios de dióxido de carbono (CO2) repercutan también en los consumidores domésticos e industriales y no solo en "las cuentas de resultados de las empresas". "Es legitimo maximizar su beneficio por las compañías, pero debemos velar como Gobierno por el interés de los españoles", dijo.
Esta medida va de la mano del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el que se prevé sacar de la tarifa eléctrica el coste de las primas renovables más antiguas (en torno a 6.500 millones anuales) y repartirlo entre todos los sectores energéticos, con el objetivo también de abaratar el recibo, que ha sido elevado también este martes por el Consejo de Ministros a proyecto de ley para su remisión a las Cortes, tras superar el periodo de consulta pública.
Con ambas medidas, el Gobierno prevé abaratar el recibo de la luz para los consumidores en torno a un 15% al final de un horizonte de cinco años, ya que la aplicación del denominado 'fondo verde' es gradual -un 20% cada uno de los cinco años-.
En el caso concreto de la corrección del dividendo que reciben las
centrales no emisoras como consecuencia de los costes del CO2 en el mercado de derechos de emisión, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico estima que la medida provocará un descenso del precio de la factura eléctrica de alrededor de un 4,8% para los consumidores domésticos y de un 1,5% para la gran industria.
Se estima que la medida afectará a unos 85 teravatios hora (TWh) anualmente, de los que un 67% se corresponden con generación nuclear, un 29% con hidráulica y menos de 5% a generación eólica.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como organismo encargado de las liquidaciones del sistema eléctrico, calculará y notificará el importe de minoración para cada instalación. La cuantía correspondiente se abonará trimestralmente a esta entidad.
Para agilizar la adopción de este mecanismo y reducir así el precio de la luz de los consumidores a la mayor brevedad posible, el Consejo de Ministros ha autorizado la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de este anteproyecto de ley. Así, el Ejecutivo prevé que pueda entrar en vigor a lo largo de este año.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico defendieron que el mecanismo para acabar con los 'windfall profits' de la nuclear y la hidráulica, aunque también afectará a algunas eólicas anteriores a 2005, es "robusto" jurídicamente, con lo que se pretende así blindar contra las más que seguras demandas por parte de las eléctricas, y es "compatible" con el mercado interior de la energía y con el mercado de CO2.
Así, estimaron que la propuesta respetaría el marco normativo europeo y sería similar al que existió ya entre 2006-2009, que contó con el respaldo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia del 17 de octubre de 2013, con la minoración de una parte del 'dividendo' del CO2 a plantas no emisoras previas al 2005 que vendan energía en el mercado.
Además, afirmaron que esta medida se plantea para "corregir una situación estructural del mercado eléctrico español derivada de su carácter marginalista, esto es, un mercado en el que todas las tecnologías de generación que se ofrecen reciben la retribución que marca el precio de la última tecnología necesaria para cubrir la demanda, la tecnología marginal".
Este recorte en la sobrerretribución de la generación hidráulica y nuclear, incluido en el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, afecta principalmente a Iberdrola, Endesa y Naturgy, y en menor medida, a EDP España y Acciona, propietarios de estos activos.
Asimismo, con estos ingresos del mecanismo se sufragará parte de la factura eléctrica de los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social, con un 10% del porcentaje de los ingresos que se detraiga a las empresas por el llamado 'dividendo del carbono' que se destinará a las Administraciones Públicas para este fin.
Así, se prevé que esta recaudación permitirá financiar el 50% de
la factura de más de 350.000 hogares vulnerables severos en riesgo de exclusión social, que son esos consumidores vulnerables severos cuyo suministro es financiado, al menos en un 50%, por las administraciones públicas (el 50 % restante forma parte del bono social, que financian las empresas comercializadoras).
El restante 90% se destinará a financiar los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore), con lo que lo que tendrán que aportar todos los sectores al FNSSE será menor y "minorará tanto el impacto en el sector eléctrico como en otros vectores energético", añadieron las mismas fuentes.
Además, el recorte por el 'dividendo del CO2' no será por el 100% de lo obtenido por las eléctricas, sino que corresponderá al 90% y el 10% restante se lo quedarán las empresas para "incentivar mejoras y el mantenimiento de las centrales", señalaron.
Por otra parte, la normativa prevé que queden exentas del abono de esta recaudación por los altos precios del CO2 las centrales de menos de 10 megavatios (MW) anteriores 2005.
En lo que se refiere al FNSSE, que ha contado con el rechazo del sector gasista y petrolero, grandes perjudicados con su aprobación, el Gobierno pretende con su implementación dar las señales adecuadas para la electrificación de la economía, asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico, aportar certidumbre a las inversiones y conseguir reducir la factura de la luz.
El FNSSE, que gestionará el IDAE, se nutrirá de las aportaciones de los operadores de los sectores energéticos definidos como sujetos obligados (las comercializadoras de gas natural y electricidad, los operadores de productos petrolíferos al por mayor, los operadores de gases licuados de petróleo al por mayor y los consumidores directos de los productos anteriores), de la recaudación de tributos regulados en la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y de los ingresos procedentes de subastas de CO2.
Las aportaciones se realizarán mediante pagos trimestrales proporcionales a sus ventas de energía. Se trata, además, de un mecanismo socialmente progresivo, ya que cuanto menor es la renta de las familias, mayor es el peso de la electricidad en su 'cesta energética'.
Así, el recibo eléctrico podrá reducirse al menos un 13% (antes de impuestos) en cinco años para los consumidores domésticos debido a este fondo.
Además, Teresa Ribera, ha afirmado que no teme un cierre acelerado del parque nuclear por parte de las compañías eléctricas a causa del recorte de 1.000 millones de euros que se les impondrá para atajar la sobrerretribución de estas centrales y de las hidráulicas, trastocando así el acuerdo alcanzado para una clausura ordenada hasta 2035, ya que "si las cuentas les salían antes, ahora nada ha cambiado".
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Ribera recordó que ahora hay unos precios de 50 euros la tonelada de CO2 y de más de 80 euros el megavatio hora (MWh) en la electricidad, mejores incluso que cuando se alcanzó el acuerdo -con un precio del mercado mayorista de 50 euros por MWh y 20 euros por tonelada de CO2- que garantizan "la rentabilidad" de estas explotaciones con total seguridad.
Además, advirtió que el cierre de cualquier central es algo que depende del operador del sistema eléctrico (Red Eléctrica) teniendo en cuenta "la seguridad de suministro del conjunto del sistema eléctrico".
Respecto a la posibilidad de que las eléctricas lleven a los tribunales este mecanismo, Ribera consideró que "todos los actores tienen derecho a recurrir a todos los recursos a su alcance", aunque subrayó que la electrificación supondrá "un incremento muy notable del negocio al que se dedican".
"Saben que se trata de un sobrebeneficio que se descuenta en plantas antiguas, amortizadas largamente, con unos costes operativos muy bajos y por tanto con una rentabilidad elevadísima, incluso después de la minoración del CO2", dijo.
Además, recordó que estas empresas "reiteran una y otra vez en público y privado" sus compromisos de sosteniblidad y gobernanza, por lo que saben que unos precios altos de la electricidad como los actuales son "difícilmente asumibles para las familias y el despegue industrial".
"Una minoración de sus beneficios debería generar un incremento y aceleración de su negocio eléctrico. Teniendo en cuenta estos argumentos económicos y el respaldo jurídico para este mismo esquema en 2013 no es probable que pueda producirse esto, pero cada empresa tomará las decisiones que considere adecuadas", añadió al respecto, afirmando que de todas maneras el anteproyecto de ley se encuentra en su "fase inicial" y está abierto a propuestas.
