VALENCIA. El juicio por presunto amaño en el que se abordaba la supuesta compra del partido disputado en 2011 entre el Levante Unión Deportiva y el Real Zaragoza ha terminado con la absolución de los jugadores y la condena del ex presidente del club maño Agapito Iglesias y del consejero Francisco Javier Porquera a un año y tres meses de prisión por falsedad documental. Gustavo Munúa, actual entrenador del Fútbol Club Cartagena y que en ese momento era portero del Levante, figura entre los absueltos.
Pese a las más de tres horas y media que estuvo el fiscal Anticorrupción explicando la supuesta mecánica del amaño, el magistrado del Juzgado de Lo Penal Número 7 de Valencia ha optado por creer la versión de los jugadores y del club aragonés
Durante el juicio, el fiscal Anticorrupción Pablo Ponce dijo que el informe de la Agencia Tributaria era legítimo y aseveró respecto de los movimientos bancarios de los jugadores del Levante o, mejor dicho, la ausencia de dichos movimientos que hubo tras el partido. En dicho informe se explicaba cómo los jugadores del Levante no realizaron casi movimientos bancarios tras recibir el supuesto dinero.
Explicó que "la fuerza del indicio no son sólo los extravagantes movimientos, sino el patrón generalizado entre la mayoría de los jugadores" de no sacar dinero ni utilizar las tarjetas, que a su juicio ha quedado demostrado. Además, aseguró que "el interés del Zaragoza era máximo para comprar el partido no sólo para permanecer en Primera División, sino por la propia supervivencia del club", ya que diez días después entró en concurso de acreedores. Sin embargo, el magistrado ha optado por la versión de las defensas y ha absuelto a los 34 jugadores.
El encuentro enjuiciado es el que disputaron en la última jornada de la campaña 2010/2011 en el estadio Ciutat de Valencia entre un Levante que ya había conseguido la salvación matemática y un Zaragoza que necesitaba ganar para no depender de otros resultados para hacerlo. El encuentro acabó con triunfo visitante por 1-2.
El juicio arrancó el 3 de septiembre y quedó visto para sentencia el 18 de octubre con un total de 42 acusados, de los cuales 41 son personas físicas, la gran mayoría futbolistas, y el Zaragoza como entidad jurídica.
La Fiscalía y las acusaciones particulares, la Liga y el Deportivo de La Coruña, sostuvieron que el Zaragoza sacó dinero de sus cuentas para comprar a varios jugadores del Levante. Ese dinero se justificó como primas a sus jugadores para lo que habrían alterado sus nóminas.
Por esos hechos reclamaban dos años de prisión y seis de inhabilitación para las 41 personas físicas acusadas, además de una multa de 3,4 millones de euros para cada uno de ellos.
Además, para el expresidente del Zaragoza, Agapito Iglesias, y para otros dos directivos del club aragonés pedían otros dos años de prisión adicional por el presunto falseamiento de las nóminas y una multa aparte.
Para el Zaragoza la reclamación de las acusaciones era de una multa de mil euros diarios durante dos años.
Las defensas de todos los acusados reclamaron la absolución de los mismos al entender que los indicios que pueda haber no bastan para una condena.
De manera generalizada también pidieron la nulidad de las actuaciones al entender que el proceso estaba viciado de origen al estar basado en una denuncia del presidente de la Liga, Javier Tebas, que según su visión habría roto el deber de secreto profesional para presentarla pues los datos se los había dado un cliente que puede que esté entre los acusados.