Foto: PSOELORCA, 24 feb (EFE).- El delegado del Gobierno en Murcia, José Vélez, ha negado que Murcia sea la última autonomía en recepción de fondos europeos de resiliencia, tal y como ha denunciado el Ejecutivo regional, y ha asegurado que a la Comunidad han llegado 1.127 millones de euros de la convocatoria Next Generation del plan de recuperación y transformación económica tras la pandemia.
Lo ha dicho en Lorca, donde ha visitado la oficina municipal de captación de fondos europeos y gestión de subvenciones, que el consistorio abrió en 2021 y que le ha permitido la obtención de más de 25 millones de euros, de los que diez ya ha sido concedidos a la localidad, ha afirmado su alcalde, Diego José Mateos.
Vélez ha puesto el caso de Lorca como ejemplo “espléndido” de buena gestión de los fondos frente al trabajo del Gobierno regional en ese sentido, al que ha acusado de utilizar argumentos “falsos y que no obedecen a la realidad” sobre la transferencia de los fondos europeos al territorio autonómico por parte del Ejecutivo español.
El delegado del Gobierno ha mostrado un gráfico para explicar que en el listado de comunidades por volumen de fondos recibidos hay siete autonomías por detrás de Murcia y ha dicho que el Ejecutivo de Fernando López Miras “juega a engañar a los ciudadanos” con la intención de obtener votos “que es lo único que le interesa”.
Ha vuelto a retar a “un cara a cara” al presidente murciano para debatir los datos y “desmontar como un castillo de naipes todas las mentiras” y ha criticado que el presidente no acepte ese desafío.
Vélez ha dicho que la Región de Murcia ya ha recibido 620 millones de euros a través de transferencia de la conferencia sectorial a través de convenios y concesiones directas y 258 millones de concesión directa del Estado.
Ha remarcado que la inversión por habitante en la Región de Murcia son 317 euros, un 11.5 por ciento más que la media nacional, que es de 284 euros.
También ha advertido de la posibilidad de que la Comunidad de Murcia tenga que devolver parte de los fondos europeos obtenidos por no ejecutar los proyectos para los que fueron concedidos dentro del plazo previsto.
