VALÈNCIA. Pocos días después de la Dana que asoló la provincia de Valencia y dejó 224 víctimas mortales y todavía tres desaparecidos surgía de los responsables del podcast 'Greuges pendents', formado por Quico Miralles, Andrea Kruithof y Juan Cardona, la iniciativa de lanzar a la red un formulario para impulsar una denuncia popular contra el Consell presidido por Carlos Mazón, por su gestión ante la catástrofe.
Una iniciativa de la que se hizo eco este diario y en la que, ya desde el inicio, casi un centenar de los firmantes eran abogados que se inscribieron como voluntarios para colaborar activamente en la recopilación de información, estudio del caso, redacción y seguimiento de la denuncia. En aquella idea inicial, también se contemplaba trabajar en otra línea de prevención para estudiar las infraestructuras necesarias para que no se repitiera una tragedia de estas características.
Dos meses y medio después de aquella primera piedra, nace Mai Més (Nunca Más) València. Un "colectivo ciudadano sin adscripción partidista" conformado por "personas con trayectoria en el activismo social y político valenciano que, ante la magnitud del desastre y la pasividad de las instituciones (tanto autonómicas como estatales) y los partidos de la oposición, decidimos organizarnos para exigir responsabilidades y evitar que el olvido sepulte la verdad y la justicia", según explica esta organización en un comunicado.
Este colectivo se propone llevar a cabo tres acciones principales. La primera es una "querella penal" contra "los responsables de emergencias de la Generalitat que estuvieron presentes en el Cecopi del 29 de octubre", entre los que incluyen a la consellera Salomé Pradas y a "su responsable jerárquico, el presidente Carlos Mazón". Mai Més entiende que existen "indicios claros de homicidio imprudente" por los que los cargos públicos "deben rendir cuentas". Además, contemplan "posibles responsabilidades de otras administraciones como la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no habría ejecutado las obras necesarias para prevenir gran parte de las muertes y destrozos".
Para llevar adelante la querella y el resto de acciones legales, Mai Més asegura haber reunido a "casi 500 voluntarios diversos perfiles: jurídicos, técnicos (peritos, geógrafos, ingenieros) y ciudadanía dispuesta a colaborar en la localización de víctimas y testigos de la tragedia". "Hasta el momento, se han presentado varias denuncias y querellas; la mayoría de carácter oportunista o mal fundamentadas; nosotros apostamos por un proceso sólido que permita llevar a los responsables a la cárcel si así lo determinan los tribunales", recalcan.
La segunda acción que se plantea Mai Més es una "campaña política" para que las "más de 220 muertes no queden impunes ni se difumine en el debate público". "Las manifestaciones son importantes, pero también lo es perseguir la restauración de la justicia allí donde sea necesario: Madrid, Bruselas o cualquier foro en el que se nos escuche y resulte posible visibilizar y exigir respuestas", explican.
En tercer lugar, Mai Més también pretende dirigir su acción a "la prevención de futuras catástrofes en un contexto de cambio climático". Así, en su comunicado recalcan que su objetivo es trabajar para impulsar "una articulación sistémica de los movimientos ecologistas y sociales". "Queremos constituir un lobby ciudadano que defienda la transición climática justa y combata los intereses empresariales y políticos que agravan la crisis medioambiental", subrayan.
