MURCIA (F. V. / AGENCIAS). Tranquilo, confiado y dispuesto a no eludir ninguna pregunta ante la jueza. Así llegaba, puntual y a su hora, Ramón Luis Valcárcel a su cita de este viernes en la Ciudad de la Justicia para declarar como investigado en la trama de corrupción del caso Desaladora de Escombreras. El dirigente, que entró a las 9.30 horas y salió antes de las 13.30 horas, compareció más de tres horas ante la magistrada. La Fiscalía del TSJ aprecia en Valcárcel delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvenciones. La acusación popular, que ejerce el abogado murciano Diego de Ramón, pedirá el próximo lunes la prisión incondicional y sin fianza para el dirigente político.
Acompañado por su abogado, Fernando Adame, el que fue presidente del Gobierno regional durante dos décadas aseguraba ante los periodistas que estaba "deseando declarar para demostrar" su inocencia, convencido de que su testimonio le "permitirá probar" que no cometió "ningún delito" en la gestión de la desaladora. Tan "tranquila tiene la conciencia" -como así expresó- que asevera que volvería a emprender "todas las actuaciones que fueran necesarias si con las mismas se trataba de conseguir agua para Murcia", en palabras recogidas por la agencia Efe.
"he toreado en plazas peores", señaló el expresidente
El político defiende que no autorizó la tramitación de la planta: "Yo simplemente dije: hágase una desaladora; y no yo, el Gobierno", manifestó Valcárcel ante la prensa. "Es un proyecto del Gobierno porque era necesario hacerlo", indicó mientras añadía que la infraestructura rinde actualmente "al 100% de su capacidad". Para el exeurodiputado, la tramitación es una cosa "distinta" con la que él, mantiene, "no tiene nada que ver". "Yo no soy experto en derecho mercantil, no soy economista ni ingeniero, por lo que no puedo estar en esas cosas", cita Europa Press.
El juzgado de Instrucción número 1 de Murcia esperaba al ex máximo mandatario de la Región, que actualmente es el presidente de honor del PP regional. Valcárcel, que presidió la Comunidad desde 1995 hasta 2014 y posteriormente fue vicepresidente del Parlamento Europeo entre 2014 y 2019, ya había sido citado el pasado 16 de marzo pero su declaración fue aplazada por las medidas acordadas por el TJS tras la pandemia del coronavirus. También están citados cuatro testigos, que comparecerán a finales de junio: entre ellos, quien fue interventor de la Comunidad Eduardo Garro, y el entonces presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita.
"He venido a dar cumplida y completa respuesta a todo lo que se me preguntara y eso es lo que he hecho", comentó Valcárcel al término de la comparecencia. "He toreado en plazas peores", apostilló. Sin embargo, la acusación popular, que ejerce el abogado murciano Diego de Ramón, considera que el expresidente "ha echado balones fuera y ha descargado la responsabilidad en la comisión de secretarios del Gobierno regional". Según sus palabras, Válcárcel declaró en el interrogatorio que Florentino Pérez, presidente del grupo ACS, que construyó la desaladora, le indicó que "sería a coste cero para las arcas públicas".
La causa de la Desaladora, también llamado caso La Sal, se remonta diez años atrás, en 2010, a raíz de una querella presentada por Diego de Ramón a la Fiscalía para instar a la investigación de las presuntas irregularidades en la construcción de la Desalinizadora de Escombreras. De Ramón sostenía que se trataba del "mayor escándalo de corrupción" de la Región de Murcia, al significar un "agujero de 600 millones de euros de deuda para la Comunidad y representar un gasto que oscila entre los 40.000 y los 70.000 euros diarios a las arcas del Gobierno regional", según precisa Europa Press.
El abogado Diego de Ramón, a la izquierda. Foto: OMEGALa Fiscalía que dirige José Luis Díaz Manazanera solicitó que se abrieran diligencias para investigar la responsabilidad de Valcárcel en la trama. El Ministerio Público consideraba que el expresidente es "el responsable último de una planta desaladora", que iba a costar 600 millones de euros a la Comunidad, y atribuía la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, fraude, prevarización y falsedad documental.
La Fiscalía, así, parte del hecho de que se haya puesto fin al caso' sin que Valcárcel haya sido señalado formalmente como sospechoso, a pesar de ser entonces presidente del Consejo de Gobierno de la Comunidad y el que aprobó parte de las decisiones sobre este proyecto; y pide abrir una pieza separada contra Valcárcel dentro de la causa principal.
De Ramón, que también hizo valoraciones ante la prensa, apuntó que Valcárcel "ya no tiene la protección política de antes y que, ahora, es "un ciudadano más que debe responder de sus actos ante la justicia", según cita Efe. El abogado volvió a tildar el proyecto como "el mayor caso de corrupción de la Región de Murcia". E indicó que va a solicitar una medida cautelar contra el expresidente que no ha querido precisar para añadir que también demandará que se realice una investigación de su patrimonio tanto en España como en el extranjero.
