CARTAGENA. A falta de ocho días para que expire el plazo de presentación de alegaciones al Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, los técnicos de la concejalía de Urbanismo tendrán que comprobar, afrontar, discernir, comparar y resolver cerca de 700 alegaciones que han presentado ya vecinos, asociaciones vecinales, colectivos empresariales, asociaciones empresariales, etc… a lo largo de estos casi cuatro meses de exposición pública.
Aunque desde la concejalía no se han querido ofrecer los datos oficiales en estos momentos, esta redacción ha podido saber que ya se han recibido más de 600 documentos en los que los diferentes entes, tanto individuales como colectivos, proponen modificaciones al PGOU de la ciudad; observaciones, sugerencias o reclamaciones que pueden presentar los ciudadanos, empresas, organizaciones y otras entidades ante el ayuntamiento durante el período de exposición pública del plan. Este proceso tiene como fin permitir que la comunidad participe activamente en el diseño y la planificación urbanística de Cartagena.
El tipo de alegaciones comunes van referidas a solicitar cambiar el uso asignado a un área específica (por ejemplo, de suelo residencial a comercial o industrial). Por otro lado están las sugerencias para reducir o aumentar la densidad de viviendas o la altura de las construcciones; reclamaciones sobre la necesidad de mejoras en servicios como transporte, colegios, centros de salud o zonas de recreo; alegaciones para conservar áreas verdes, proteger zonas de valor ecológico o evitar construcciones en áreas sensibles; propuestas para mejorar la movilidad, accesibilidad y conexiones viales o peatonales en ciertas zonas o solicitudes para proteger, restaurar o tener en cuenta ciertos edificios o zonas de valor patrimonial en el planeamiento.
El Ayuntamiento debe considerar cada alegación y responder con su resolución (aceptándola, rechazándola o modificándola parcialmente), justificando sus decisiones. Tras analizarlas, elabora una versión definitiva del PGOU que integra, si procede, las modificaciones basadas en las aportaciones recibidas.
Además, junto a éstas, se reciben los informes sectoriales -en Cartagena son alrededor de cien- , que son evaluaciones emitidas por distintas administraciones y organismos especializados, cuyo objetivo es garantizar que el PGOU cumpla con la normativa vigente y respete los intereses y políticas de diferentes sectores. Estos informes son obligatorios en algunos casos pero no en todos los recibidos. En el proceso de aprobación de un PGOU abarcan áreas como medio ambiente, en los que se evalúa los impactos medioambientales, infraestructura, patrimonio, seguridad y desarrollo económico, entre otros. La Confederación Hidrográfica del Segura, Ordenación del Territorio, UPCT, etc… envían sus correspondientes informes para su análisis por parte de los técnicos. Cada informe sectorial debe emitirse antes de que el PGOU se apruebe de manera definitiva. En caso de que alguno de los organismos emita un informe desfavorable o con observaciones, el PGOU deberá modificarse para cumplir con las recomendaciones o exigencias de dicho organismo, o de lo contrario, no podrá aprobarse.
Por tanto, tras resolverse toda la documentación se pasa al estudio y a la admisión o no de las alegaciones, un proceso de clasificación arduo en el fondo y en la forma -puede haber duplicidad en multitud de ellas-, pero, en cualquier caso, Urbanismo no tendrá resuelto este paso hasta, en el mejor de los casos, en el verano del próximo año 2025. Desde el Ayuntamiento siempre se ha señalado que el PGOU es un proyecto de legislatura, pero las previsiones más optimistas apuntan a que a mediados del año próximo se pueda llevar a cabo la aprobación provisional del plan.
El nuevo PGOU contempla aspectos clave como la simplificación normativa en ordenanzas independientes, que den más agilidad a las posteriores modificaciones, o la prohibición de los grandes desarrollos urbanísticos, pasando por escollos duraderos e históricos o la necesidad de crecimiento industrial.
Actualización y Simplificación Normativa: El plan separará las normativas más simples en ordenanzas independientes, facilitando futuras modificaciones sin la complejidad de revisar el plan general completo.
Protección del Mar Menor: Se descartan los grandes desarrollos urbanísticos planificados en esta área sensible, reflejando el compromiso municipal con la preservación ambiental y la sostenibilidad.
Soluciones a Problemas Históricos: Se abordarán problemas persistentes como el uso del solar de Adoratrices para crear una zona verde, y la redefinición de la estación de autobuses para integrar nuevos usos que revitalicen la zona.
Crecimiento Industrial en Escombreras: Se ampliará el terreno industrial en Escombreras para apoyar sectores estratégicos como el hidrógeno verde, manteniendo un equilibrio con la protección ambiental y la calidad de vida en los municipios circundante.
Los colectivos en defensa del Mar Menor han reprochado este martes los intentos de desprotección que se están tratando de incluir, vía alegaciones, a la revisión del Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena que ha sometido a exposición pública el Ayuntamiento.
Entre ellos, han citado las alegaciones presentadas por la Cámara de Comercio de Cartagena pidiendo que no se amplíe el suelo protegido junto al Mar Menor, con el fin de poder dar salida a nuevos desarrollos urbanísticos.
Las asociaciones pro Mar Menor han advertido que se trata de una zona con “exceso de las urbanizaciones” que “podrían terminar por asfixiar al Mar Menor con un cinturón de hormigón y asfalto”, al tiempo que ha avisado que es un riesgo de entrada de nutrientes y sedimentos al ecosistema, y puede suponer un agravamiento de las consecuencias de las lluvias torrenciales.
