BRUSELAS. No podía tardar. Al pasaporte sanitario europeo, le sigue ahora un carnet de identidad europeo con el que ciudadanos y empresas podremos identificarnos por toda la Unión Europea (UE) con la misma facilidad con que enseñamos nuestro DNI en España. Comprobada la posibilidad tecnológica de interoperabilidad entre los distintos sistemas nacionales, la libertad de movimientos será una realidad completa a la hora de matricularse en una universidad, alquilar un apartamento o coger un avión en cualquier Estado miembro. Este carnet, también disponible para los residentes no nacionales europeos, será voluntario y ofrecerá servicios online con mayor agilidad a través del teléfono móvil a partir de septiembre de 2022.
Para ello, la Comisión ha propuesto un Reglamento, un marco legal para una identidad digital europea que estará a disposición de todos los ciudadanos, residentes y empresas en la Unión Europea (UE). A través de esta especie de carnet europeo, los ciudadanos podrán demostrar su identidad y compartir documentos electrónicos, para lo cual bastará pulsar un botón en el teléfono. Su identificación digital nacional, que estará reconocida en toda Europa, les permitirá acceder a servicios online. Las plataformas muy grandes estarán obligadas a aceptar el uso de carteras de identidad digital europea a petición del usuario, por ejemplo, para demostrar su edad. El uso de la cartera de identidad digital europea quedará siempre a discreción del usuario.
En palabras de la vicepresidenta ejecutiva para Una Europa Adaptada a la Era Digital, Margrethe Vestager, “la identidad digital europea nos permitirá hacer en cualquier Estado miembro, sin costes adicionales y con menos obstáculos, lo que hacemos en casa, ya sea alquilar un piso o abrir una cuenta bancaria fuera de nuestro país. Y se podrá hacer de manera segura y transparente. Podremos decidir cuánta información nuestra queremos compartir, con quién y para qué. Es una oportunidad única para profundizar todos en lo que significa vivir en Europa y ser europeo”.
Por su parte, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, declaraba que «la ciudadanía de la UE no sólo espera un alto grado de seguridad, sino también de facilidad, ya sea en sus relaciones con las administraciones nacionales —por ejemplo, al presentar la declaración de la renta— o al matricularse en una universidad europea donde se exija identificación oficial. Las ‘carteras’ de identidad digital europea ofrecen una nueva posibilidad de almacenar y utilizar datos para todo tipo de servicios, desde la facturación en aeropuertos hasta el alquiler de vehículos. Se trata de dar a los consumidores la posibilidad de elegir, de ofrecerles una opción europea”. Breton añadió que este documento digital también favorecerá a las empresas europeas, “tanto grandes como pequeñas, que podrán ofrecer toda clase de nuevos servicios, ya que la propuesta plantea una solución para servicios de identificación seguros y de confianza”.
En virtud del nuevo Reglamento, los Estados miembros ofrecerán a ciudadanos y empresas unas carteras digitales, llamadas “wallet” capaces de vincular sus identidades digitales nacionales con certificados de sus demás atributos personales (permisos de conducir, titulaciones, cuenta bancaria, etc.). Si los Estados miembros reconocen las carteras, podrán suministrarlas tanto administraciones públicas como entidades privadas. Las nuevas carteras de identidad digital europea permitirán a todos los europeos acceder a servicios online sin tener que utilizar métodos de identificación privados o compartir datos personales sin necesidad. Con esta solución tendrán pleno control sobre los datos que comparten.
La identidad digital europea estará disponible para toda persona que desee utilizarla. Todo ciudadano, residente o empresa de la Unión que lo desee podrá usarla y permitirá un uso generalizado. También tendrán un uso amplio, bien para identificar a los usuarios, bien para certificar determinados atributos personales a la hora de acceder a servicios digitales públicos y privados en toda la Unión. Por último, se garantizará el control por el usuario de sus datos, pues las carteras de identidad digital europea les permitirán elegir qué aspectos de su identidad, datos y certificados comparten con terceros, y mantenerse al corriente de lo que con ellos se haga. Este control por los usuarios garantiza que sólo se comparta aquella información que realmente deba compartirse.
Para que se haga realidad lo antes posible, la propuesta va acompañada de una Recomendación. La Comisión invita a los Estados miembros a crear un conjunto común de herramientas de aquí a septiembre de 2022 y a emprender de inmediato los preparativos necesarios. Este conjunto de herramientas debe incluir la arquitectura y las normas técnicas, así como directrices de mejores prácticas.
Paralelamente al proceso legislativo, la Comisión trabajará con los Estados miembros y el sector privado en los aspectos técnicos de la identidad digital europea. A través del programa Europa Digital, la Comisión apoyará la aplicación del marco de la identidad digital europea. Muchos Estados miembros contemplan proyectos de implementación de soluciones de administración electrónica, incluida la identidad digital europea, en sus planes nacionales al amparo de los fondos post pandemia del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
La “Brújula Digital” de la Comisión para 2030 contempla una serie de metas e hitos que la identidad digital europea ayudará a alcanzar. Así, de aquí a 2030, todos los servicios públicos clave deben estar disponibles en línea, y todos los ciudadanos tendrán acceso a historiales médicos electrónicos. Se prevé que el 80% utilice una solución de identificación electrónica.
La Comisión basa esta iniciativa en el marco jurídico transfronterizo vigente en materia de identidades digitales de confianza: la iniciativa europea de identificación electrónica y servicios de confianza (el Reglamento eIDAS). Adoptado en 2014, este Reglamento sienta las bases de la identificación electrónica, la autenticación y la certificación en sitios web de la UE. Alrededor de un 60% de los europeos ya puede utilizar este sistema.
Sin embargo, los Estados miembros no tienen obligación de desarrollar una identificación digital nacional ni de hacerla interoperable con las de otros Estados miembros, lo que da lugar a grandes discrepancias entre los países. La propuesta tratará de solventar estas deficiencias mejorando la eficacia del marco y extendiendo sus beneficios al sector privado y a la utilización móvil.