Una cuestión de derechos y responsabilidades

El jueves y viernes pasado, la Fundación Civismo, junto al Instituto Juan de Mariana, la Fundación para el Avance de la Libertad y el Institut Ostrom, organizaron en Madrid, en la representación del Parlamento y Comisión europeos, unas jornadas sobre Regulación Inteligente. Como señalé durante mi breve ponencia en las mismas, el hecho de que hablemos de regulación inteligente (Smart regulation), como hace unos años lo hacíamos sobre Better regulation, constituye, en primer lugar, la resignación a adoptar un plan B. El plan A, una regulación mínima, creada tras el examen acerca de su pertinencia, parece ya una ensoñación. El regulador, en especial el europeo, ya no se plantea si ha de regular o no. Simplemente, lo hace. Ante este panorama, no queda sino conformarnos con el plan B y abogar por una regulación de mayor calidad, en el sentido de que contribuya a la prosperidad económica, en afinidad con el respeto a la libertad individual.

Junto a elementos como una menor burocracia o una mayor seguridad jurídica, una de las características de la definición canónica (o más estándar) de la regulación inteligente es la armonización de derechos de usuarios, empresas y administraciones públicas a lo largo y ancho de un mercado común. Todo ello bajo la premisa de que la existencia de unas reglas del juego homogéneas trae consigo costes de cumplimiento menores, y facilita el intercambio y el comercio (la actividad económica, en definitiva). Sin embargo, hay motivos para desconfiar de la armonización regulatoria.

Esta, en un plano puramente normativo, al margen de la cota de bienestar que consiga, es denunciable, puesto que contraviene el principio fundamental de libertad de elección. Además, en un sentido positivo, tampoco garantiza una mayor prosperidad económica. De hecho, la experiencia señala justo lo contrario. Así, a mayor descentralización, federalismo o, si se quiere, anarquía regulatoria, mayor libertad y, también, mayor bienestar. Ello se debe a que la armonización acostumbra a producirse al alza (regulatoria y fiscalmente), mientras que la heterogeneidad suele darse a la baja, gracias a la competencia.

Dicho esto, hay muchos que, con acierto, señalan que este federalismo regulatorio puede conllevar también una serie de ineficiencias. De una forma simple, se trata del modelo de Tiebout, o el problema del polizón (free-rider). Sin embargo, esto solo sucede cuando el árbitro o poder decisorio trata de igual manera al que se comporta de eficientemente y al díscolo. El ejemplo más claro en España lo encontramos en la financiación autonómica. Si únicamente se descentraliza o delega la competencia de gasto público (vía partida presupuestaria), entonces las comunidades autónomas eficientes acabarán “rescatando” a las ineficientes, que carecen de incentivos para hacer sus deberes. Sin embargo, otro gallo cantaría si, al igual que la de gasto, la competencia recaudatoria también estuviese transferida a las regiones. En este escenario, los gobiernos autonómicos asumirían los costes electorales y políticos de sus programas de gasto público. Parece, por tanto, que la solución a la ineficiencia pasa por una mejor descentralización.

Quizá entonces, la regulación inteligente que Bruselas trata de impulsar no habría de incluir la armonización, o al menos, no necesariamente, pues habrá que estudiar cada caso. De lo contrario, en lugar de inteligente, podemos encontrarnos ante instancias de regulación estúpida. Una estupidez en el diseño, que, además de ineficiente, hoy están pagando cara los murcianos, pues dicha estructura alimenta el poder negociador de la Administración Central (del color político que toque) frente a las comunidades autónomas, a las que se impide así ejercer un saludable contrapeso. Lo ponen de manifiesto los impagos o retenciones presupuestarias impuestas a Murcia desde La Moncloa, o la negativa a autorizar el préstamo de 320 millones que ha solicitado esta región al Banco Europeo de Inversiones para costear ayudas al Mar Menor y a las infraestructuras dañadas por la DANA. Como en tantos otros aspectos, una posible solución vendría de la mano de regular y delegar mejor. Se trata de una cuestión de delegación de derechos, pero también de responsabilidades. Algún día comprenderemos que lo uno sin lo otro es una combinación de lo más explosiva.

@JuanASotoG

Director de la Fundación Civismo