CARTAGENA. A Antonio Fernández Caro le llegó hace un tiempo una reclamación curiosa. Un señor mayor se acercó a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) alegando que había sido víctima de una estafa. Alguien le vendió unos 'polvos' que mezclados con agua ayudaban a la gente a dejar de fumar. Solo había que sumergir los pies en el líquido mágico, que se volvía de repente marrón, para empezar a comprobar la eficacia. Como no podía ser de otra forma, el incauto consumidor picó el anzuelo y se quedó con el producto y con la adicción al tabaco de regalo.
Asegura Fernández Caro que estamos en un 'país de pillos' y lo puede comprobar casi a diario en su oficina en Cartagena. Pero son las personas mayores el centro de las dianas de estos nuevos estafadores, que se aprovechan de la inocencia, la ignorancia, el desconocimiento de este sector de nuestra sociedad para sacarles el dinero. "Son carne de cañón", afirma el funcionario, quien añade que llegan a sus oficinas impotentes e indefensos ante estos delitos de estafa tan habituales. "Hay muchísimas empresas que les venden productos que no necesitan".
Es por este motivo por el que ha editado una guía dirigida sobre todo a personas mayores en la que se cuenta con información útil sobre derechos y garantías que les asisten a contratar servicios de consumo diario. Trata, por tanto de resolver dudas, las más comunes, de los usuarios que están relacionadas con los servicios de telefonía, reparaciones en el hogar, compra online, viajes, etc...
Pide esta guía prestar especial atención a aquellos productos milagro que nos venden sin ninguna garantía sanitaria o a las excursiones comerciales en las que embarcan a los mayores y que bajo el atractivo de una comida les venden productos que no necesitan y que les suponen un alto coste durante años.
Advierte también de cómo actuar con la nueva ley hipotecaria, de la letra pequeña de los seguros, de la posibilidad de acogerse a los bonos sociales eléctricos o qué pasa si te incluyen en un fichero de morosos.
Por otro lado, explicaba Fernández Caro que existe un servicio municipal denominado arbitraje de consumo que el pasado año ahorró a los consumidores que reclamaron a las empresas adheridas a la misma cerca de 233.000 euros.
Echando un vistazo a los datos y estadísticas que maneja la Oficina Municipal de Consumo, queda reflejado que a la cabeza de las reclamaciones se mantienen las empresas de Telefonía, con un 80 por ciento de las quejas.
El 20 por ciento restante, se refiere sobre todo a bancos, seguros y servicios técnicos. Precisamente los bancos y las empresas de seguros son los sectores que 'no quieren saber nada del sistema de mediación y arbitraje', apuntaba Antonio Fernández Caro.
En este sentido, Manuel Padín, concejal de Consumo, aseguró que en el Consejo de Comercio que se va a reunir próximamente, se pondrán sobre la mesa el tema del Arbitraje de Consumo y se verán fórmula para fomentar la adhesión de los comerciantes al mismo.
