Un juzgado investiga si hubo delito en dos órdenes de veda de la caza de la Comunidad

MURCIA (MP / EFE). Las dos últimas órdenes de veda para la caza emitidas por la Comunidad se encuentran en el punto de mira de la Justicia. El juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha dictado un auto por el que acuerda dictar diligencias previas contra la Consejería de Medio Ambiente para investigar la presunta comisión de delitos contra el medio ambiente y la ordenación de los recursos naturales. En concreto, la jueza instructora quiere investigar si se publicaron las dos órdenes sin la pertinente evaluación de impacto ambiental.

En un comunicado, la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) ha señalado que la denuncia se dirige contra el actual consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, y su predecesor en el cargo y actual titular de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, así como sobre los directores generales de Medio Natural, Fulgencio Perona, y Medio Ambiente, Francisco Marín. 

Los dos consejeros (Luengo y Celdrán) no pueden ser investigados por el juzgado ordinario, ya que, tal y como recuerda el auto, ambos responsables autonómicos tienen la condición de aforados. Por esa razón, la magistrada se dirige a la Fiscalía Superior de la Región para que se pronuncie y decida si se remite o no la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

En su escrito de denuncia, Anse y Ecologistas en Acción han señalado que la orden de vedas 2020-2021, al igual que la orden anterior, del bienio 2019-2020, había sido publicada el 13 de mayo de 2020 "sin ser sometida a una adecuada Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000, tal y como establecía el decreto 55/2015 sobre el Plan de Gestión del Noroeste".

Para confirmar tales extremos, Anse requirió a finales del pasado mes de mayo el expediente completo a la Dirección General del Medio Natural. En ese texto, los ecologistas sostienen que "se pudo comprobar que la ausencia de evaluación y la ilegalidad de la orden de Vedas habían sido puestas de manifiesto en los informes jurídicos obrantes en el expediente".

Con posterioridad a la petición del expediente y ante el riesgo jurídico existente, Marín dictó el 10 de junio el informe de Impacto Ambiental "a posteriori" sobre la orden, para convocar de urgencia el 12 de junio al Consejo Asesor de Caza y Pesca, que se celebró el 16 de junio.

El objetivo, según las organizaciones ecologistas, sería dar el "cambiazo" a la orden "irregular", aunque, según la denuncia, la ausencia de evaluación ambiental es un defecto "insubsanable", por lo que han considerado "ilegal la argucia jurídica" de la Comunidad.